Pacto por Michoacán

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Pascal Beltrán del Río 13/01/2014 01:13
Pacto por Michoacán

Si las reformas aprobadas el año pasado pretendían poner a México al día frente a los cambios en el mundo y hacerlo atractivo para los inversionistas internacionales, la violencia que se vive en Michoacán puede echar abajo esa intención en poco tiempo.

¿Usted se arriesgaría a colocar su capital en un país donde un grupo de civiles armados con rifles de alto poder avanza sobre diferentes poblados como un ejército de conquista y sin que la autoridad constituida se atreva a hacerle frente?

Trate de explicar a un consorcio extranjero que esa violencia está contenida y que la seguridad de su inversión está garantizada. Probablemente pensará que le está tomando el pelo y buscará un lugar más seguro para instalarse y contratar trabajadores.

Con todo, México aún goza de buena imagen en el mundo por atreverse a hacer cambios en su marco constitucional que estaban largamente postergados.

Pero pronto los mismos analistas que celebraron la decisión del gobierno y los legisladores mexicanos de hacer frente a distintos tabúes estarán cuestionando por qué no existe la misma valentía para ir en contra de un gran cliché: aplicar la ley es contraproducente.

Hace años que las autoridades titubean aquí para aplacar a los violentos. Por el temor de ser calificados como represores, los gobiernos han permitido que una cantidad creciente de grupos se salgan de los cauces legales para aplicar su propia justicia.

Se han tolerado movilizaciones que afectan a ciudadanos que sólo quieren cumplir con sus labores y responsabilidades familiares. Incluso se ha permitido que personas inconformes básicamente con todo agredan a las fuerzas de seguridad sin que éstas puedan siquiera defenderse.

En Michoacán, esta falta de agallas para gobernar ha llegado a un límite peligroso.

Es difícil comprar la historia de que las autodefensas siguen siendo simplemente un conjunto de ciudadanos que se hartaron de las extorsiones, secuestros y asesinatos —todos ellos reales— de Los Caballeros Templarios. Sus armas, vehículos, logística y aparatos de comunicación los delatan como un grupo al servicio de intereses específicos.

Pero aunque fueran lo primero, nada justifica que anden armados, haciéndose justicia por propia mano.

Es innecesario que el resto de los ciudadanos de Michoacán y de todo el país tengan que adivinar las intenciones de las autodefensas. La autoridad tendría que aplicarles la ley, igual que a los Templarios.

Quizá estemos frente a la imposibilidad de que los gobiernos estatal y federal —ambos surgidos del PRI— contengan la violencia en Michoacán. O que, por cálculo político, hayan decidido que sería muy costoso hacerlo, sobre todo cuando el estado está a poco más de un año de la fecha de las elecciones.

Sea cual sea el caso —me resisto a creer que las autoridades estén impulsando a las autodefensas y armándolas, porque hay ejemplos en América Latina de que eso lleva al desastre—, el gobierno federal debería reconocer que no puede solo con el problema y convocar a todas las fuerzas políticas para que, juntas, ayuden a resolverlo.

¿No fue eso lo que se hizo en vísperas de la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto: admitir que no había una mayoría legislativa suficiente para sacar adelante las reformas y convocar a un gran acuerdo, el Pacto por México?

Hoy hace falta un Pacto por Michoacán. Ninguna de las fuerzas políticas puede aspirar a gobernar la entidad sin toparse con la profunda descomposición de la seguridad pública cuyos efectos estamos viendo.

Y tampoco puede alguno de los partidos deslindarse de la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Michoacán.

El pacto al que aludo tendría que partir de un diagnóstico de la situación: cómo comenzó el debilitamiento institucional que ha hecho posible que el Estado sea desplazado en varios municipios.

Y a partir de ese diagnóstico —para cuya elaboración tendría que convocarse a todas las autoridades y líderes de opinión en el estado— diseñar un proceso de solución.

Además de la participación de las tres principales fuerzas políticas, veo algunas condiciones sine qua non: es difícil pensar en no suspender determinadas garantías en zonas específicas del estado; y aunque por sí misma la salida del gobernador Fausto Vallejo no resuelve nada, es obvio que mantenerlo en el cargo no ayuda a alcanzar acuerdos.

Ojalá que la reunión que hoy encabezará el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para hablar de la problemática del estado comience como un llamado a encontrar las causas de la descomposición en Michoacán, así como a cerrar filas para contenerla y revertirla.

Si el acuerdo político permitió sacar adelante reformas cuyo objetivo es poner al país nuevamente en marcha, habría que apostar a él una vez más para remover lo que ya es un gran obstáculo a la concreción de las reformas.

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