Autoayuda en Michoacán

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Pascal Beltrán del Río 08/01/2014 01:03
Autoayuda en Michoacán

Comienza a ser inquietante la complacencia de las autoridades con las llamadas autodefensas michoacanas.

La versión romántica de ese movimiento —cuya irrupción en los municipios calentanos de Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec cumplirá un año el mes entrante— es que se trata de un grupo de civiles, quienes, hartos de la inacción de los cuerpos de seguridad pública ante la violencia criminal del cártel de Los Caballeros Templarios, decidieron hacerle frente.

Conozco bien y desde hace tiempo esa parte de Michoacán, y si bien es cierto que allí existen clubes cinegéticos —no era raro, hace unos años, comer tacos de carne de venado en Aguililla—, pensar que las autodefensas se formaron a partir de un grupo de cazadores con muy buen tino es una vacilada.

O, cuando menos, una historia que no explica cómo cambiaron el Winchester por el Kalashnikov.

En torno del líder de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, se tejen mil versiones.

Que estuvo preso en Uruapan y Morelia, a fines de los años 80 y principios de los 90 —de acuerdo con notas publicadas por la prensa local—, acusado de delitos contra la salud; que formó parte de un autogobierno en el penal de la capital michoacana, junto con peligrosos delincuentes; que al dejar la cárcel emigró a California y ahí se enganchó con el PRD a través de los clubes de migrantes…

Un dato fácil de confirmar es que en 2006 Mireles fue candidato propietario en el número 25 de la lista nacional de candidatos al Senado (http://goo.gl/cjQiwn) por parte de la coalición Por el Bien de Todos, que postuló a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República y de la que formaba parte el PRD.

De lo que tampoco hay duda, porque cada vez que toman un municipio las imágenes abundan, es que las autodefensas se pasean con armas de alto poder por calles y carreteras de Tierra Caliente.

Eso no está permitido para un civil y, sin embargo, ellos lo hacen. Tampoco es legal —de hecho, lo prohíbe la Constitución en su artículo 17—, hacerse justicia por propia mano y ejercer violencia para reclamar un derecho y, sin embargo, ellos se jactan de realizar justamente eso. Y, por supuesto, es un delito grave el homicidio doloso, y, a reserva de que se conozca la causa de las muertes que ocurrieron durante la toma de Parácuaro, a las autodefensas se les autoriza a disparar.

Pero ¿por qué se permite todo ello? La impunidad con la que actúan las autodefensas ha comenzado a dar fuerza a la especie de que la autoridad está tolerando —o, peor aún, incitando— el avance del cártel Jalisco Nueva Generación en las zonas contraladas por Los Caballeros Templarios. ¿Ha comenzado la distinción entre delincuentes buenos y delincuentes malos?

Lo cierto es que la historia rosa de la aparición de las autodefensas es cada vez más difícil de sostener. Pero aun si fuera cierta, ¿a qué se debe la permisividad respecto de ese grupo?

El incidente del aterrizaje forzoso de la avioneta Cessna 210M Centurion II, en la que viajaba Mireles, en el paraje de El Cháuz del municipio de La Huacana, no ha hecho sino fortalecer la suspicacia.

¿Por qué volaba el líder de las autodefensas de Guadalajara a La Huacana, como se ha dado a conocer? ¿Si estuvo, qué hacía en la capital jalisciense y con quién habló? ¿Por qué se le trasladó a la Ciudad de México en un helicóptero de la Policía Federal? ¿Por qué se vigila el hospital donde se recupera, pero se afirma que no está sujeto a investigación?

¿Por qué la Procuraduría de Michoacán afirma que va hablar con las autodefensas para lograr la liberación de los policías municipales de Parácuaro, quienes fueron desarmados y privados de la libertad? ¿Acaso esos no son delitos?

¿Alguien puede creerle al gobernador Fausto Vallejo cuando dice que ahora sí, ahora sí, ahora sí, se va a aplicar la ley sin excepciones?

¿Por qué la SCT niega información a este diario sobre el plan de vuelo y otros datos de la aeronave matrícula XB-MSA, decorada con un curioso dibujo de cocodrilo en la cola, bajo el pretexto de que la PGR está investigando el accidente?

Por su propia cuenta, el reportero José de Jesús Guadarrama pudo averiguar que la avioneta está registrada a nombre de María Juana López y tiene su base en Manzanillo, Colima. Esto, de acuerdo con los registros de la Dirección de Aeronáutica Civil.

Hay información muy confusa en torno de la actuación de las autodefensas. Con su silencio o explicaciones a medias, las autoridades estatales y federales están abonando al desconcierto.

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