Autonomicémoslo todo

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Pascal Beltrán del Río 11/12/2013 02:31
Autonomicémoslo todo

La transición de un régimen autoritario a uno democrático en México ha caminado por la vía de la desconfianza.

La limitación de los poderes metaconstitucionales de que gozaba el Ejecutivo ha conducido al fortalecimiento del Congreso, pero sin cambiar la naturaleza del sistema presidencialista.

El resultado ha sido acrecentar la disfuncionalidad del régimen y no —como supuestamente se pretendía— generar una mayor democratización ni el control ciudadano del ejercicio del poder.

 En los hechos ha habido desconfianza de que el Presidente de la República se ciña a lo que establece la ley, y que pueda ser sancionado en caso de que la incumpla, lo cual se traduce en falta de seguridad en que el equilibrio de Poderes baste para evitar que el Ejecutivo prevalezca sobre el Legislativo y  el Judicial.

Una forma de irle arrancando al Ejecutivo sus funciones ha sido la multiplicación de los órganos autónomos.  

 Lo que comenzó como una concesión de la Presidencia en los últimos años del autoritarismo —la renuncia a ejercer ciertas facultades, escritas o no escritas, sin tener que ceder el poder—, se ha convertido en moneda de cambio que el Ejecutivo debe pagar para poder tener atribuciones básicas.

Se entiende que para salir del autoritarismo había que acabar con la práctica de que el Presidente metiera mano en los procesos electorales y en la política monetaria del país.

Durante décadas, el Ejecutivo controló los comicios mediante la Secretaría de Gobernación. Y aunque hasta los años 70 había sido una costumbre que el Presidente no interviniera en las decisiones del Banco de México, los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo lo hicieron y con ello causaron un enorme daño a las finanzas públicas y a la economía de la mayoría de los mexicanos.

Por eso, en 1993 se elevó a rango constitucional la autonomía del banco central y en 1996 se ciudadanizó la organización de los procesos electorales.

Sin embargo, a partir de esas dos experiencias de autonomía —que sin duda le dieron estabilidad económica y política a México—, se ha pasado a creer que los órganos autónomos son la solución para todo.

Hoy en día tenemos una decena de órganos autónomos reconocidos por la Constitución. Las palabras autónoma y autonomía aparecen 40 veces en los 136 artículos del texto constitucional.

Insisto, ha sido la desconfianza la que ha propiciado ese florecimiento. La Presidencia, creen los partidos y sus representantes en el Congreso, no es digna de crédito. Si no se le arrancan diversas funciones, las ejercerá de manera abusiva y convenenciera, y no hay juzgador que pueda meterla en cintura.

El problema de esa solución es confiar en los partidos y sus representantes en el Congreso. Tener fe en que ellos mismos no abusarán de su facultad de regir el funcionamiento de los órganos autónomos con que acotan al Ejecutivo.

Y esperar que el hacer desaparecer la verticalidad y la coordinación en el diseño y aplicación de políticas públicas se compensará con la transparencia y eficacia de los órganos autónomos.

¿Pues qué no son ellos mismos lo que han dado al traste con la autonomía y el prestigio del Instituto Federal Electoral?

En años recientes hemos visto aparecer en la Constitución, con distintas formas de autonomía, a la CNDH (artículo 102), el INEGI (artículo 26), la Auditoría Superior de la Federación (artículo 79), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (artículo 3º), el IFAI (artículo 6º), la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (artículo 28). Ellos se han sumado a las universidades, el Banco de México, el IFE y los tribunales agrarios, cuya autonomía viene del siglo pasado.

Pero eso no es todo: acaba de aprobarse, como parte de la reforma político-electoral, la autonomía del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. A mí juicio, es una verdadera ocurrencia porque no existen señalamientos sustentados de que el Coneval actuaba como tapadera de este gobierno ni del anterior en la medición de la pobreza.

¿Qué es lo que se pretende? ¿Hacer a un lado a quienes han demostrado un prestigio técnico en la materia para sustituirlos con personajes que surjan del reparto de cuotas partidistas, como ha sucedido de forma descarada en el IFE?

Bajo el principio de la desconfianza absoluta en la validez de las leyes, prácticamente cualquier función del Ejecutivo es autonomizable. Podríamos crear, por ejemplo órganos autónomos para pavimentar calles, expedir pasaportes, recaudar impuestos y poner vacunas. No vaya a ser…

El problema es que, tiempo después, el Congreso meta reversa tras concluir que no era tanta autonomía la requerida. Nomás tantita.

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