Aliado, no vasallo

Desde el 9 de junio pasado, cuando se hicieron públicas las revelaciones de Edward Snowden sobre la NSA y su infraestructura –“que le permite interceptar prácticamente todo”–, he escuchado decenas de veces decir que sólo los ingenuos se sorprenden de que Estados Unidos haga espionaje en diversas partes del mundo, incluyendo a sus aliados.

Probablemente eso sí sea una obviedad, pero lo amplio y sistemático de las intercepciones son la novedad en este caso.

Estados Unidos ha ido más allá de lo que pudiera constituir una acción de defensa en contra de posibles ataques terroristas contra sus intereses.

De acuerdo con la información que Snowden presuntamente compartió con medios internacionales, la NSA ha espiado lo mismo a gobiernos que a ciudadanos comunes. Y ha interceptado millones de comunicaciones telefónicas y de internet no sólo con propósitos de seguridad nacional sino también económicas, como lo reveló el domingo Der Spiegel.

Una cosa es saber que los servicios de inteligencia estadunidenses –con presupuesto de 75 mil millones de dólares al año– pueden obtener información útil en cualquier parte del mundo, y otra muy distinta es aceptar dócilmente que lo espíen a uno.

Por desgracia, México ha pasado de la colaboración sumisa con los órganos de inteligencia de EU, como ocurrió el sexenio pasado con la firma de un acuerdo que autorizaba las intercepciones en territorio nacional, a una respuesta confusa frente a la revelación pública de la magnitud del espionaje.

Lo que se conoció el domingo vía el semanario alemán –la penetración de la red de internet de la Presidencia, incluyendo la cuenta de correo electrónico de Felipe Calderón–, es a todas luces indignante. Sería un error no advertir que las señales del espionaje estadunidense contra México ya eran claras desde junio, y ha habido una tardanza inexplicable para protestar como debe hacer cualquier nación soberana que se respete.

Ha hecho bien Calderón en exigir públicamente una investigación de hechos que, como él mismo dice, lo agravian, pero más aún a la nación. Pero el ex Presidente debería aclarar en qué consistió el contrato firmado entre su gobierno y el de EU en febrero de 2007 denominado Mexico Technical Surveillance System. De acuerdo con una justificación general, el programa tenía por objetivo “crear un sistema de operaciones para la seguridad en las redes de comunicaciones que permita administrar datos y contenga herramientas de análisis forense”.

El convenio, que hizo público Excélsior en julio pasado, se dio en la colaboración antidrogas entre los dos países, que después se formalizaría como Iniciativa Mérida. Duró cinco años, pues hay una actualización del contrato, el 27 de abril de 2012. De acuerdo con los documentos en poder de este diario, se permitió la instalación de 107 estaciones de rastreo, capaces de monitorear 60 llamadas telefónicas simultáneas y datos de servidores de internet. Los equipos, provistos por la empresa Verint Systems, podían almacenar hasta 25 mil horas de conversaciones.

Es válido preguntarse si alguno de esos equipos se utilizó para interceptar el correo electrónico de Calderón, a partir de 2010, así como los mensajes de texto y las llamadas del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto y sus colaboradores cercanos, en la campaña de 2012. Por eso es necesario el testimonio del ex mandatario, que debería formar parte de una investigación en México para determinar el alcance del espionaje.

Las revelaciones de Der Spiegel y otros medios nada tienen de anecdóticas. Es insuficiente decir, para calmar a la opinión pública, que ya se exigió una investigación a Washington. El gobierno de EU no tiene afán alguno en reparar el daño de sus acciones.

Ayer escribí que México quizá debe llamar a su embajador ante la Casa Blanca en lo que espera resultados de la pesquisa o adoptar alguna medida drástica que dé fe de su molestia y rechazo.

El gobierno de Francia –también blanco de espionaje– convocó al embajador estadunidense Charles Rivkin al parisino muelle de Orsay, sede de su cancillería, para pedir explicaciones oficiales.

El Senado anunció que gestionaría una reunión entre la Comisión de Relaciones Exteriores y el embajador estadunidense en México, Anthony Wayne, y el embajador mexicano en Washington, Eduardo Medina Mora.

El Ejecutivo no puede quedarse atrás. Sin alterar la relación estratégica con Estados Unidos, debe dar una señal de rechazo a las acciones inaceptables de la NSA y dejar claro que México es su aliado, no su vasallo. Y debe conducir su propia investigación para conocer hasta dónde fue vulnerada la seguridad del país.