Y la reducción del costo de la democracia, ¿para cuándo?

De seguir vigente el compromiso adicional número 9 del Pacto por México —suscrito el 7 de mayo pasado como parte del Addendum a dicho acuerdo pluripartidista—, debe estar en curso un proceso de reforma político-electoral para cambiarle el rostro a la democracia mexicana.

El compromiso, a la letra, estableció: “Instalar a la brevedad una mesa integrada por los representantes del Consejo Rector y de los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras, con el fin de estar en condiciones de presentar la Iniciativa de Reforma Política y Electoral y realizar un eventual Periodo Extraordinario, antes del inicio del próximo Periodo Ordinario de Sesiones del mes de septiembre, para darle la prioridad máxima dentro de la agenda inmediata del Pacto”.

Como se sabe, no hubo un periodo extraordinario en el Congreso para debatir el tema (aunque por el uso del adjetivo eventual se infiere que no era obligatorio). Sin embargo, el PAN y el PRD han insistido en que mientras no haya reforma político-electoral, no se avanzará en las reformas hacendaria y energética.

Si consideramos los anteriores cambios de su tipo que incluyeron modificaciones constitucionales, estaríamos hablando del sexto intento en 36 años por transitar a un modelo democrático que dé mayor legitimidad al régimen político del país (es decir, el conjunto de condiciones para tomar y ejercer el poder).

El primero de ellos fue el de 1977, que abrió la vía electoral para la izquierda y, con ello, la posibilidad de ser representada en el Congreso. Luego vino el de 1989-90, que quitó a la Secretaría de Gobernación el manejo de los comicios. Después, el de 1995-96, que dio autonomía al IFE. Posteriormente, el de 2007-2008, que pretendió crear mayores condiciones de equidad en la propaganda política. Y, finalmente, el de 2012, que, entre otras cosas, restauró la figura de las candidaturas independientes por primera vez desde 1946.

De insistir la oposición en crear un Instituto Nacional de Elecciones (INE), este proceso también requeriría de modificaciones constitucionales. Lo mismo sucedería en el caso de la reelección legislativa.

No debiera extrañarnos que esta semana que comienza los partidos del Pacto den a conocer los avances de la negociación y que se ponga en marcha la maquinaria legislativa para dar forma a los acuerdos.

Sin embargo, tampoco puede descartarse que ante la premura de sacar el paquete económico —que incluye la reforma hacendaria—, el Ejecutivo pudiera hacer un resumen o interpretación de las aspiraciones opositoras en materia político-electoral y envíe una iniciativa de reforma por fuera del Pacto.

Pudiera ser un asunto inconexo, pero no olvidemos que el viernes pasado el presidente Enrique Peña Nieto anunció que mandaría una iniciativa al Congreso para obligar a los partidos a que la mitad de sus candidatos a diputados y senadores sean mujeres.

Si no se presentan escenarios de disenso no previstos, la reforma constitucional en materia político-electoral de 2013 será realidad en breve. El Presidente la enviará como iniciativa —con o sin el consenso del Pacto, pronto lo sabremos—, el Congreso la aprobará con los votos suficientes y la mayoría de las legislaturas estatales le darán el visto bueno. Y colorín colorado, los partidos pasarán a discutir las otras reformas.

Pero, momento… y los ciudadanos que no militamos en partidos políticos, ¿qué habremos sacado de eso?

No estoy diciendo que desdeño los temas que se han discutido en la opinión pública en días recientes, como procurar una mayor y más rápida fiscalización de los recursos utilizados en las campañas. Tampoco afirmo que la reducción de los spots, vía la celebración de debates en tiempos oficiales, me parezca mal. Ni siquiera le hago el feo a la reelección legislativa, pues puede ser buena para la rendición de cuentas.

Pero aquí falta algo esencial: la reducción del costo de la democracia. No veo a ninguno de los partidos políticos preocupados en ese tema como parte de una eventual reforma.

Y, sin embargo, la democracia mexicana es una de las más caras del mundo.

De acuerdo con lo actualmente establecido en el artículo 41 constitucional, los partidos nacionales deberán recibir el año entrante, en conjunto, tres mil 687 millones de pesos de financiamiento público.

Y en la propuesta de presupuesto para el Instituto Federal Electoral, está previsto que éste reciba —sin considerar aún su posible transformación en INE— unos siete mil 200 millones de pesos para gastos de operación.

¿Cuánto cuestan las elecciones en México? De acuerdo con un cálculo del CIDE, las del año 2009 (intermedias federales y locales en 17 entidades del país), costaron al erario 20 mil 887 millones de pesos. Eso significó 268 pesos por ciudadano inscrito en el padrón electoral (¿Cuestan demasiado las elecciones en México?, cuaderno de debate del CIDE, 2010).

Por su parte, la consultora Integralia, en su documento Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano —presentado hace unos días— estimó que las elecciones de 2006 costaron 24 mil 974 millones de pesos, mientras que las de 2012 costaron 27 mil 128 millones de pesos. Eso significa que los comicios de 2006 costaron 348 pesos por cada ciudadano inscrito en el padrón y las de 2012, 321 pesos.

Esa última cifra es más del doble de lo que costaron las elecciones generales en Canadá, celebradas 14 meses antes que las de México, en mayo de 2011. La autoridad electoral canadiense publicó un informe sobre el costo de esos comicios y usted lo puede consultar tecleando esta dirección simplificada (https://goo.gl/7aplhF) en su navegador de internet.

La elección en el país socio costó 291 millones de dólares canadienses. Eso significa, de acuerdo con Elections Canada, la autoridad electoral, 12 dólares por elector. Al tipo de cambio de hoy, unos 150 pesos.

¿Qué sabrá Canadá respecto de abaratar las elecciones que no sepamos nosotros? De entrada, no tiene un monstruoso aparato electoral como el nuestro.

En una comparecencia ante el Comité de Procedimientos de la Cámara de los Comunes, el 29 de mayo de 2012, el titular de Elections Canada —institución que, por cierto, sólo ha tenido seis jefes desde 1920— presentó un proyecto de presupuesto para el siguiente año fiscal por 144.2 millones de dólares canadienses (unos mil 809 millones de pesos).

Dicho monto fue 8% menor al ejercido el año anterior, de acuerdo con un ajuste presupuestal establecido para todo el servicio público federal.

Por cierto, en la comparecencia se informa al Parlamento que Elections Canada tiene 360 empleados de tiempo completo.

Canadá tiene un padrón de unos 24 millones de electores. Es decir, tres y media veces menor que el de México. ¿Cuántos empleados tiene el IFE? Si nos atenemos a los datos del Sindicato de Trabajadores Electorales (aún no reconocido), unos siete mil 500 de base y otros tantos que laboran por honorarios. Es decir, 15 mil.

Uno de los creadores del IFE me dijo recientemente que el instituto comenzó con dos mil trabajadores en 1990, y que diez años después, en la emblemática elección de 2000, tenía unos tres mil 500. ¿Cómo llegó a 15 mil?

El mismo estudio del CIDE da cuenta del aumento del gasto en “servicios personales” del IFE elección tras elección. En 1997 fueron mil 305 millones de pesos (corrientes); en 2000, dos mil 692 millones; en 2003, tres mil 667 millones; en 2006, cuatro mil 458 millones, y en 2009 (última cifra presentada), cinco mil 147 millones de pesos.

Es decir, en un país desarrollado, como Canadá, la autoridad electoral se ajusta el cinturón en años de crisis (según el Banco Mundial, el PIB de Canadá creció 3.2%, 2.5% y 1.7% en 2010, 2011 y 2012, respectivamente), pero en México el presupuesto del IFE se mantiene intacto —en el mejor de los casos—, al tiempo que se incrementa la parte que usa en gasto corriente. Y el de los institutos electorales estatales, claramente sube año con año.

Por eso la reforma político-electoral en curso le servirá mucho a los partidos, si incluye los temas previstos, pero le servirá mucho menos a los ciudadanos.

En el proyecto de reforma hacendaria se pide un esfuerzo adicional a los contribuyentes cautivos, para financiar programas sociales que teóricamente ayudarán a reducir la brecha de la desigualdad social, pero, ¿qué se le pide a los partidos en cuestión de dinero? Nada.

Yo tengo una pregunta muy sencilla: ¿El INE propuesto saldría mucho más barato que la suma del IFE y los 32 institutos electorales estatales? Porque si no, ¿dónde está la ganancia?