Corrupción: El eterno “Año de Hidalgo”

Han pasado 30 años desde que el gobierno de Miguel de la Madrid declaró la guerra a la corrupción mediante su programa de “renovación moral de la sociedad”.

Como el propio ex presidente reconoce en sus memorias (Cambio de rumbo, 2004), le tocó asumir el poder en un ambiente de linchamiento de su predecesor, y “la convicción popular de que los problemas actuales de México (se debían) al mal manejo de Pemex”.

Un dilema para De la Madrid al inicio de su gobierno era qué hacer con el ex director de dicha paraestatal, Jorge Díaz Serrano, quien aparecía ante la opinión pública como “claramente culpable” de la enorme corrupción que se había producido el sexenio anterior.

Rememora el ex presidente: “La cosa no es tan fácil. Se requieren pruebas concretas. El trámite tiene que ser ortodoxo, y es difícil pensar que Díaz Serrano, como director de Pemex, haya firmado algún papel que pueda constituir prueba en su contra.

“Yo no puedo actuar fuera de la ley en este caso, aunque amplios sectores de la opinión pública continúen condicionándome su confianza a que castigue a los corruptos”.

Finalmente Díaz Serrano fue a la cárcel, luego de ser desaforado como senador el 30 de julio de 1983. Permaneció cinco años en el Reclusorio Sur del Distrito Federal, acusado de la compra de dos barcos, que generó un quebranto al erario.

Tres décadas después de ese hecho, está claro que la corrupción del sector público goza de cabal salud y que la gran mayoría de las políticas y reformas legales adoptadas para hacerle frente han sido inútiles o han servido como mero pretexto para la vendetta.

Ni siquiera la alternancia en la Presidencia de la República —que generó tantas expectativas sobre la eliminación de prácticas típicas de la era autoritaria, como el patrimonialismo— pudo dar al traste con el mal uso de los recursos públicos y el abuso del poder para llenar los bolsillos de los funcionarios y sus socios y familiares.

De hecho, la repartición del pastel político entre un mayor número de jugadores —que, por desgracia, ha sido el signo más visible de la alternancia mexicana— parece haber desatado el apetito voraz de quienes antes no tenían lugar en el festín de la corrupción.

Claro, en todos lados hay honrosas excepciones, pero, ¿por qué habríamos de ocuparnos de quienes cumplen con la ley? Es simplemente su obligación.

Para quienes pensaban —y me cuento entre ellos— que el advenimiento de la democracia daría lugar a una nueva camada de servidores públicos, marcada por una pasión por servir y no servirse de los cargos que la ciudadanía les confía, lo ocurrido en los últimos 30 años en materia de lucha contra la corrupción resulta sumamente decepcionante.

El sexenio de De la Madrid no sólo fue el de la “renovación moral” —que no resultó tal—, sino el de la apertura política a nivel municipal. La verdadera oposición de aquel tiempo ganó una cantidad inusitada de posiciones en los cabildos, lo cual abrió la puerta para triunfos opositores a nivel estatal y federal.

Y, sin embargo, tres décadas después, a nivel municipal siguen vendiéndose los permisos para abrir negocios, y las inspecciones continúan siendo pretexto para la mordida.

La corrupción no tiene que ver con partidos. Un caso reciente, la construcción de una sucursal de la cadena Walmart en San Juan Teotihuacán, acaba de exhibir cómo toca la corrupción a las tres principales fuerzas políticas.

De acuerdo con una investigación del diario The New York Times, a fin de obtener los permisos necesarios para acelerar la apertura del negocio, un intermediario de la empresa estadunidense corrompió a funcionarios de tres niveles: municipal (PRD), estatal (PRI) y federal (PAN).

Otra señal de lo boyante que está la corrupción es el hecho de que, en los últimos años, muy pocos servidores públicos hayan sido procesados o siquiera inhabilitados como resultado de pesquisas contra el mal uso de recursos del erario o por haber sacado ventaja de su posición.

Cómo no recordar las palabras de Francisco Barrio, ex titular de la Secretaría de la Función Pública —la desaparecida dependencia que se fundó durante la época de la “renovación moral”—, quien aseguró que iría por los “peces gordos” de la corrupción y los metería a la cárcel.

Desde entonces, apenas unos cuantos charales han caído en las redes, y no sé a usted, pero a mí generalmente me queda la impresión de que quienes caen no son necesariamente los beneficiarios principales de los actos de corrupción, sino quienes han caído de la gracia de los poderosos o resultan el hilo más delgado de la cuerda.

Asimismo que las acciones para combatir la corrupción tienen más que ver con asegurar el apoyo en las encuestas —como lo muestran las memorias de De la Madrid— que con una voluntad real de acabar con este pernicioso fenómeno.

¿Cómo sorprenderse, entonces, de que la creatividad para apropiarse indebidamente de los recursos públicos —llámese jineteo de las participaciones federales que reciben los estados, aprovechamiento de los amplios márgenes de discrecionalidad que sigue habiendo en el manejo del presupuesto o endeudamiento a cuenta de futuras generaciones— siempre vaya por delante de las medidas para evitar la corrupción?

Para ser justos, habría que decir que algo hemos avanzado en el plano federal, con las revisiones a la cuenta pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación, aunque el castigo a los responsables de malos manejos no sea la consecuencia más común.

Sin embargo, en el ámbito local sigue privando la falta de transparencia, que sólo queda evidenciada cuando ocurre la alternancia en el poder, como acaba de suceder en Tabasco, donde el gobernador entrante, el perredista Arturo Núñez, ha denunciado irregularidades en los estados financieros que le dejó su antecesor, el priista Andrés Granier.

Veremos lo que sucede en Jalisco, donde el PRI asumirá la gubernatura el próximo 1 de marzo, luego de tres administraciones panistas, pero la alternancia no es el signo más común de las transmisiones de poder en las entidades federativas: de las últimas 32, 18 fueron entre políticos del mismo partido.

Sin embargo, la complicidad no es quizás el mayor baluarte de la corrupción, sino el mito, asumido socialmente, de que se trata de un mal imposible de combatir, pues, según esto, está enraizado en la idiosincrasia y es inherente al ejercicio de la política.

Nada más falso. La República de Georgia estaba plagada por la corrupción de su pasado soviético y, a raíz de la Revolución Rosa de 2003, emprendió un combate serio contra esa práctica en todos los niveles de la administración pública.

En 2005, la nación caucásica se encontraba en el lugar 130 (de 158) del índice de corrupción de Transparencia Internacional, y gracias a su empeño por deshacerse de ese lastre, subió al número 64 en apenas seis años.

El éxito georgiano en la lucha contra la corrupción, reconocido por el Banco Mundial, se basó en la puesta en práctica de medidas tanto preventivas como coercitivas, pero sobre todo en la voluntad política de sus autoridades de acabar con un fenómeno que, a decir de Naciones Unidas, “tiene un impacto desproporcionado en los pobres y los desfavorecidos” y afecta el tejido social.

Si usted quiere conocer en detalle lo que ha hecho Georgia para combatir la corrupción, puede consultar el estudio Fighting Corruption in Public Services: Chronicling Georgia’s Reforms, que dio a conocer hace un año el Banco Mundial (la liga abreviada es https://goo.gl/NoeTQ).

No hay excusa para no comenzar a luchar seriamente contra esta plaga del servicio público. Y la preservación del Pacto por México no debiera ser la coartada para no castigar a los funcionarios a los que se les pueda probar, mediante el debido proceso, que han traicionado la confianza ciudadana.

Las diferencias de enfoque que tienen las tres principales bancadas en el Senado sobre las funciones del órgano anticorrupción propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto son un lujo inadmisible mientras sigan apareciendo por todos lados signos del mal uso de recursos públicos.

Si en otros temas las disquisiciones metodológicas de la clase política representada en el Congreso significan un estorbo para un país urgido de reformas, en este caso son un acicate para que los servidores públicos sigan pensando que la corrupción somos todos y no pasa nada.