Sistema Penitenciario

Por Daniel Aceves Villagrán*

Uno de los principales asuntos de la agenda pública preexiste en la crisis penitenciaria que vive nuestro país en los 379 centros penitenciarios; sobrepoblación, corrupción, ausencia de programas integrales para la readaptación e inserción social de los reclusos, el rezago administrativo y personal técnico penitenciario insuficiente para la administración y custodia en Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y Centros de Reinserción Social (Ceresos); sin menoscabo de las injusticias y el abuso físico-sicológico al que someten en la población penitenciaria.

La raíz del problema tiene razones históricas, el mejoramiento penitenciario en nuestro país no ha tenido la relevancia requerida, lo que conjugada con la evolución del crimen organizado ha hecho posible que éste penetre en la estructura de los centros penitenciarios mediante actos violentos y/o de corrupción, desestabilizando y corrompiendo a toda autoridad y erigiendo al interior ingobernabilidad, de la que diversos medios han dado cuenta, sin soslayar la asignatura, a través de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) actualmente se cuenta con información del sistema penitenciario mexicano, sobre el número de cárceles y su capacidad, así como de su población y la situación jurídica de las personas recluidas en espera de sentencia y sentenciados.

 Sin embargo, la descomposición al interior de los penales no llega sola y en el caso penitenciario al igual que en la mayoría de las problemáticas relacionadas con la seguridad y la justicia, tienen una pluralidad de factores, como la ejecución de actos propiamente violentos y la operatividad de bandas criminales dedicadas a la extorsión dentro de las cárceles y al autogobierno o cogobierno, señalan que poco más de 40 por ciento de la población recluida no ha recibido ningún tipo de sentencia en los tribunales, situación que conlleva a una de las principales raíces de la corrupción en los centros penitenciarios que es el hacinamiento, que si bien se ha reducido en los últimos años de forma significativa, la sobrepoblación no desaparece y en dicha circunstancia resulta inviable pensar en terminar con el ciclo de violencia e impunidad imperante y casi utópico el ejecutar programas de reinserción social de gran escala, lo cual por cierto es otra de las grandes deudas del sistema penitenciario.

Con más de 236 mil personas privadas de la libertad, de las cuales 80.9 por ciento corresponde al fuero común y 19.1 por ciento al fuero federal y que de esta población la femenina representa el 5.3 por ciento, aunque desde el año 2014 se observó una tendencia a la baja, persiste el problema de saturación, más de 20 centros penitenciarios distribuidos a lo largo del país cuentan con más de 200 por ciento de sobrepoblación; una de las razones es que de acuerdo a lo mostrado por las estadísticas a escala nacional, cuatro de cada diez personas en reclusión aún no cuentan con una sentencia condenatoria, es decir, se encuentran en proceso, en el caso del fuero federal, este porcentaje es superior a 50 por ciento.

Ante este panorama, México requiere de un sistema de justicia penitenciario de calidad para los usuarios, víctimas o acusados de algún delito, incluyendo a quienes se encuentran recluidos, ya que el sistema tradicionalmente ha funcionado como un ente de contención mas no de prevención y menos de readaptación, requiere con premura recuperar la rectoría y reconfigurar un sistema ejecutorio enmarcado en el artículo 18 constitucional que es el referente normativo del Sistema Penitenciario y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Debemos de observar las mejores prácticas en la materia del sector privado extranjero, como experiencia para proveer seguridad a los reclusorios, de tal suerte, poner en la mesa la consideración de una posible solución que no ha sido discutida, que ha dado rendimientos positivos en otros países y que tiene posibilidad de tenerlos en el nuestro.

*Analista