El sistema nacional anticorrupción y la nueva ley general de responsabilidades administrativas

Por Arely Gómez González*

El día de hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Durante este año se ha avanzado en su implementación y operación, y hoy se consolida con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La pluralidad, compromiso y corresponsabilidad caracterizan el diseño del SNA desde su creación legislativa, en la que tuve el privilegio de participar, al integrar instituciones de gobierno, organismos autónomos y, en especial, a la sociedad civil organizada y representada en el Comité de Participación Ciudadana, que ha jugado un papel fundamental en la puesta en marcha del sistema. Sólo a través de este concierto entre ciudadanía y gobierno, el SNA existe y logrará sus objetivos.

Uno de los temas más relevantes dentro de esta estrategia anticorrupción es el de las responsabilidades administrativas, cuya regulación se transforma y perfecciona con la entrada en vigor, hoy, de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esta ley constituye un marco jurídico de vanguardia, más preciso y pertinente, que subsana lagunas legales al mismo tiempo que establece principios, obligaciones y faltas administrativas que responden a la situación actual de la administración pública. El objetivo es prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción de manera eficaz y eficiente.

Este ordenamiento jurídico va más allá de un mero marco normativo-institucional: contiene la filosofía, ética y los valores que como país aspiramos a consolidar en la función del aparato gubernamental. Eficiencia, honradez, imparcialidad, lealtad y legalidad son principios que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece de manera expresa, y que se desarrollan en obligaciones y responsabilidades específicas lo largo de su texto.

Respecto a las responsabilidades administrativas, tenemos una mayor precisión en su tipología, tanto en las faltas graves como las no graves, así como la definición de responsabilidades específicas en las que pueden incurrir también los particulares en su interacción con servidores públicos.

Asimismo, se contemplan sanciones a particulares que van desde las económicas hasta la inhabilitación para participar en contrataciones públicas, indemnización por daños y perjuicios a la hacienda pública o suspensión de actividades de la persona física o moral involucrada.

Esto no es un tema menor: con ello se reconoce el hecho de que, aún siendo particulares, cualquier persona tiene una responsabilidad pública al participar dentro de los procesos de toma de decisión en el ámbito gubernamental, como son los procesos de contratación u obra pública.

Con la entrada en vigor de esta Ley se consolida el marco de supervisión y sanción de los actos administrativos que requiere el Sistema Nacional Anticorrupción para su debida y eficaz implementación. Podemos afirmar que esta nueva ley constituye el pilar normativo más importante del aparato anticorrupción.

Es comprensible —e incluso necesario— que exista una mirada y una reflexión crítica constante al SNA. Sin embargo, es fundamental reconocer su trascendencia y la solidez de los pasos que se han dado; pasos en los que en todo momento han participado de forma comprometida y responsable el sector gubernamental, el privado y primordialmente la ciudadanía.

La legislación ha marcado una ruta clara en la que no debemos permitir ningún titubeo. Es momento de continuar y reforzar nuestro compromiso, reconociendo y aceptando la exigencia ciudadana de más resultados y mejores cuentas.

A un año de la entrada en vigor de la Ley General del SNA quiero reconocer el trabajo de las y los integrantes de los Comités que dan forma al Sistema —el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana— por su incansable liderazgo y esfuerzo. Han sido determinantes en los logros alcanzados.

El Sistema Nacional Anticorrupción es la vía idónea para combatir la corrupción y asegurar la calidad democrática de nuestro país. Hoy, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estamos avanzando en este propósito.

* Secretaria de la Función Pública