Así de sencillo, pero así de grave

Por Ignacio Anaya

Para transitar con rumbo en los tres años que restan de mandato, el presidente Enrique Peña Nieto necesita conjugar al menos dos indicadores clave para la gobernabilidad de su administración: confianza y austeridad. La primera es una exigencia de la cada vez más aguda vox populi; la segunda un imperativo ante el reacomodo del capital global.

Sin embargo, Peña Nieto no la tiene fácil porque para resultar creíbles ambas acciones deben insertarse en la cotidianidad de cada ciudadano, lo cual sólo será posible si este ajuste se percibe tanto con hechos concretos como tangibles. Es decir, que la austeridad y la confianza tendrán repercusiones en el ánimo popular solamente si su gabinete en pleno toma medidas reales para concretarlas.

¿Qué significa esto? En materia de austeridad comprender que quien debe gastar menos es el Estado, no los trabajadores; y en materia de confianza, que ésta difícilmente se va a construir sin disminución real de la inseguridad junto con el combate efectivo del crimen organizado, lo cual incluye la detención, juicio y castigo de la delincuencia, así como una guerra sistemática a la corrupción en todos los niveles, empezando por los más altos servidores públicos.

Pero tomar medidas que efectivamente hagan austero su gobierno así como ejecutar acciones que siembren confianza en el imaginario social sólo será posible en la medida que también se puedan ofertar. Y eso de ninguna manera le será fácil al Ejecutivo bajo la misma lógica operativa con la cual su equipo ha querido difundir, con magros resultados, algunos avances de su gestión en beneficio de la economía popular, como la reducción de tarifas en telecomunicaciones y en la energía eléctrica. Los mensajes difundiendo estos logros no conectan con la gente.

Nadie podría dudar que gran parte de las crisis enfrentadas por el Presidente son derrotas mediáticas, donde su verdad política se reduce cada tanto, a consecuencia de los reiterados errores en el manejo de la política de comunicación federal.

Por todo lo anterior, el gabinete presidencial necesita comprender que está creciendo una crisis no sólo del manejo del poder sino de legitimidad, mismas que difícilmente amplios sectores sociales aceptarán ver resultas a largo plazo; la exigencia en este momento es de cambios inmediatos y profundos y ello es así porque la opinión pública de cualquier sociedad cultiva el estado anímico en su cotidianidad, en el aquí, en el ahora.

No estamos frente a un acto de ilusionismo nacional. La crisis se ha conjugado en un campo de percepción cotidiana, diaria, cercana, actual, donde los opositores políticos, empresariales y sociales han encontrado terreno fértil para montar todos los obstáculos a su alcance con el claro y definido objetivo de arrinconar y debilitar al Presidente.

Es en este sentido que resulten incomprensibles las razones por las cuales el gobierno federal está tratando de enfrentar la ingobernabilidad desde el futuro; desde lo que aún no es, desde un difuso destino de justicia y bienestar que sólo sus estrategas alcanzan a vislumbrar.

Dicho de otra manera: se pretende modificar el malestar actual con una ventura que quiere traerse, como en las películas de ciencia ficción, desde el futuro, obviando la lógica que cualquier libretista haría notar, debido a que todo futuro de bonanza se construye con un presente de equidad, nunca al revés.

No sé si se trata de miopía o de simple distracción por parte de los asesores presidenciales, e incluso si se trata de valemadrismo; pero lo cierto es que están enfrentando de la peor manera un escenario de crisis del Estado de derecho, de imagen, de valores y sobre todo de credibilidad.

En este panorama las formas también son importantes. El presidente aparece discreto pero su entorno no; hay demasiada ostentación y hasta frivolidad en los círculos cercanos lo cual impacta de muchas maneras el sentimiento popular de hartazgo.

Los mecanismos de obligada transparencia, de libertad de prensa, de creciente crítica pública igual en las calles que en redes sociales, la existencia de oposiciones dinámicas, tanto en los partidos políticos, como en las organizaciones empresariales, en la academia y en infinidad de movimientos sociales, están funcionando. Pero son insuficientes para brindarle a nuestro país sustentabilidad porque hace falta la autocrítica gubernamental.

Si las cosas no salen bien, si la gobernabilidad se está perdiendo, si los niveles de aprobación han disminuido, si el ingreso no genera calidad de vida en millones de ciudadanos y la población expresa de muchas maneras su molestia, pues entonces las cosas están mal hechas. Así de sencillo pero así de grave.