Participación política de la mujer

Por Enrique Andrade González *

El primer antecedente data de 1791, cuando Olympe de Gouges, en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, exigió para las mujeres los mismos derechos y libertades reconocidos a los hombres en el histórico documento de derechos humanos de 1789. Cabe señalar que el escrito fue un  preámbulo a la primera Constitución derivada de la Revolución francesa de 1791. A partir de este significativo suceso histórico, los instrumentos internacionales que reconocen y garantizan el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres se ha venido multiplicando.

Un ejemplo es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que establece el deber de los Estados parte —como lo es México desde 1980— de adoptar una política encaminada a eliminar la discriminación contra ellas. Su Comité de Seguimiento ha emitido recomendaciones a los países miembro para que las mujeres ocupen más espacios en ámbitos como la educación, la economía y la política.

En las últimas décadas, México ha incorporado normas (federales y estatales) tendientes a incrementar el derecho de ciudadanas a competir en los procesos electorales. En 1996, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) llamaba a los partidos políticos a promover una mayor participación de las mujeres. Por su parte, la reforma al Código en 2002 estableció, con carácter obligatorio, un “mecanismo” de cuotas que exigía a los partidos una proporción 30-70% de candidaturas para hombres y mujeres. En el camino hacia la paridad, en 2008 se determinó un porcentaje de candidaturas de 40-60%, y es hasta 2011 cuando el reclamo más firme de cumplimiento a las cuotas se materializa.

En ese año, un grupo de diez ciudadanas de diversas fuerzas políticas demandaron, vía juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, la inobservancia de la cuota de postulación de 40-60% para diputaciones y senadurías en el proceso electoral federal 2011-2012 que renovaría el Congreso de la Unión. La resolución del Tribunal Electoral mandató a los partidos políticos que las fórmulas compuestas por propietari@ y suplente se integraran por personas del mismo sexo, sin excepciones para todas las candidaturas al Congreso de la Unión.

Esta aplicación de la ley, y de la cuota en ella contenida, permitió que la legislatura federal alcanzara una conformación parlamentaria más equitativa, con una presencia sin precedentes de 44 senadoras (34.3%) y 187 diputadas (37.4%) en la actual legislatura.

Lo anterior significó un logro importante para México, porque superó en 2012 uno de los indicadores contemplados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que imponía a los países contar, para el año 2015, con una representación parlamentaria femenina de cuando menos 30%.

Sin duda falta aún mucho por hacer. Un hecho relevante lo constituyen las recomendaciones realizadas por el Comité de CEDAW a México en su 52 sesión celebrada en julio de 2012, en la ciudad de Nueva York, entre las que destaca la recomendación para eliminar los obstáculos que impiden que nuestras mujeres indígenas participen en la vida política de sus comunidades.

La reforma electoral de 2014 representa un gran avance en la ruta hacia una democracia inclusiva, en virtud de que incorpora la exigencia de paridad de género en la conformación de candidaturas a cargos de elección popular. En este aspecto particular, el cambio a la ley tuvo como objeto generar mejores condiciones de acceso de las mujeres al legislativo, en virtud de que se exige que los partidos postulen en el 50% de sus candidaturas al Congreso a hombres y 50% a mujeres por ambos principios.

Cabe destacar que la ley incorpora la prohibición de que candidaturas de un mismo género se asignen a distritos donde el partido haya obtenido la votación más baja en el proceso electoral anterior.

El proceso electoral federal 2014-2015 representa un desafío para garantizar que un mayor número de mexicanas ocupen cargos de representación legislativa, y una oportunidad para que más ciudadanas participen en la organización de la elección.

Hoy en día casi 18 mil mujeres fungen como capacitadores electorales (frente a poco más de 15 mil hombres) que están recorriendo todo el país para preparar y orientar a 1 millón 251 mil 668 de ciudadan@s que serán funcionarios de casilla en la elección del domingo 7 de junio. Estas mexicanas, comprometidas y responsables, están visitando a más de 10 millones de ciudadan@s para llevar a nombre del INE la invitación para participar en los próximos comicios. 

Durante el evento de alto perfil Las Mujeres en el Poder y la Toma de Decisiones: Construyendo un Mundo Diferente, realizado por ONU Mujeres en Santiago de Chile el pasado 27 y 28 de febrero, líderes globales reunid@s urgieron a gobiernos a tomar medidas para cerrar la brecha de la desigualdad de género. En la clausura del evento, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, enfatizó que “el mundo nunca alcanzará el ciento por ciento de su potencial si se continúa excluyendo al 50 por ciento de la población mundial”.

En México tenemos la tarea de seguir impulsando una mayor participación política de las mujeres. De esta forma, transitaremos a establecer un nuevo destino para las nuevas generaciones.

* Consejero Electoral del INE

Twitter: @e_andradeg