La legalización de la mariguana

Jeffrey Eric Zinsmeister*

Pasé dos años como diplomático estadunidense en la Ciudad de México como coordinador de proyectos de reducción de la demanda para drogas. En ese puesto tuve el gusto de convivir y cooperar con los expertos mexicanos en el tema y con líderes de la sociedad civil interesados en promover reformas a la política de las drogas.

Así me tocó tener contacto con casi todo el abanico de opinión mexicana sobre la posible regularización y legalización de las drogas. La mayoría criticaba la política prohibicionista promovida ya hace décadas por mi país y acogía con satisfacción el cambio de rumbo de Estados Unidos hacia un enfoque de salud pública. Pero más allá de eso, las opiniones divergían sin que hubiera consenso.

Habiendo salido del servicio diplomático estoy más libre de compartir mis experiencias al respecto. En lo personal, he compartido la satisfacción de ver el énfasis creciente en la salud pública en la política antiadicciones. Tal política sí se debe enfocar en la salud pública y no en encarcelar a consumidores; simpatizo con la idea de que insistir en una política de estricta prohibición, como la de los 80, lleva a ambos países hacia el fracaso.

No obstante, me temo que preocupaciones referentes a la situación de seguridad pública en México, por cierto, muy válidas, han llevado a gente inteligente de la sociedad civil a plantear una solución finalmente contraproducente: la legalización de mariguana.

Si bien el estricto prohibicionismo es una importación de Estados Unidos, algo ajeno a la realidad mexicana, también lo es la legalización.

Legalizar como concepto presupone algo muy básico, pero a veces olvidado ante las emociones del debate, que la población usa la droga al ser legalizado. Entonces, obstáculo número uno: los mexicanos tienen un nivel de consumo de mariguana muy bajo. De acuerdo con las estadísticas oficiales más recientes, en 2011 no más de 1.2% de los mexicanos de entre 12 y 65 años de edad habían consumido mariguana por lo menos una vez en el último año. (Se supone que el porcentaje de consumidores frecuentes es aún más bajo). Además, desde 2008, la escasa popularidad de la droga no ha cambiado de una manera estadísticamente significativa.

Irónicamente, en la actualidad, los mexicanos más predispuestos a consumir la mariguana —los adolescentes— son justamente los que no podrían consumirla bajo un esquema legalizado. En la capital del país, 12.2% de estudiantes de secundaria y bachillerato reportó haberla usado en el último año. Además, los adolescentes son quienes están en esta franja etaria donde se manifiestan algunas de las peores y más duraderas consecuencias del uso, por ejemplo, retrasos en desarrollo cerebral. Por eso, no es sorpresivo que en el estado estadunidense de Colorado, vanguardia del movimiento legalizador, ya se han dado incidentes con los menores que tienen mayor acceso a la droga, incluyendo niños que llevaron mariguana comprada por sus familias a sus escuelas. Las evidencias de mayor consumo entre menores en Colorado tampoco son sólo anécdotas: desde que se legalizó el uso medicinal de mariguana en el estado, en 2009, el Centro de Atención a Envenenamiento de las Montañas Rocosas, del área capitalina de Colorado, ha registrado un aumento estadísticamente significativo de llamadas de padres de familia reportando que sus niños habían usado la sustancia.

Por otra parte, los recursos destinados al tratamiento de adicciones hoy en día no son adecuados ni aun para ese bajo nivel de uso.

En 2013, el sistema de salud mexicano contaba con un presupuesto de mil 200 millones de pesos para atender a 112 millones de mexicanos en sus Centros de Atención Primaria contra las Adicciones (Capas). Según el doctor Fernando Cano Valle, anterior Comisionado Nacional de Conadic, tales recursos no serían suficientes, “ni el doble ni el triple [de recursos] para contender a las personas que tienen problemas de adicciones en general, entre ellas, mariguana”.

Ahora bien: ¿tiene algún sentido legalizar un mercado para una sustancia nociva que casi no se consume en México? Y por consiguiente, quienes están a favor de la legalización, ¿realmente quieren arriesgarse a que se cree un mercado para tal sustancia, o se acelere su desarrollo, cuando el país todavía no cuenta con recursos para tratar nuevos adictos?  Porque legalizar va mucho más allá del esquema de despenalización vigente en México, cuyo objetivo es no castigar al consumidor.

Legalizar quiere decir que el estado permite y promueve la venta y la distribución deliberadamente. Por ello, contrario a lo que se creería, la legalización aumentaría el consumo, como parecen indicar datos iniciales del estado de Colorado.

En segundo lugar, la existencia de un mercado nacional de mariguana también tendría un efecto contraproducente en la lucha contra los cárteles, particularmente considerando que quienes están a favor de la legalización creen que tal medida significa disminuir la violencia. En lugar de que los cárteles cuenten solamente con el mercado estadunidense para financiar sus actividades también tendrán uno mexicano, más próximo y accesible.

Otro sentimiento de los legalizadaores —que la regularización del mercado frenaría la violencia— es noble, pero también equivocado. Los que aún recuerdan la lucha estadunidense contra sus propias mafias saben lo problemático que fue sacarlas de la altamente regulada industria del juego en Las Vegas. (De hecho, el famoso gánster Benjamin “Bugsy” Siegel, responsable de la construcción del legendario hotel Flamingo, también montó un negocio de drogas en México).

Es decir, hacer que el gobierno esté anuente a la venta de drogas no quiere decir que con ello los cárteles se desvanecerán, mucho menos si consideramos que los índices de corrupción indican que a los altos mandos no les va a resultar nada fácil evitar que sus subordinados se vean tentados a involucrarse en un negocio tan lucrativo con los propios cárteles. Ese fenómeno ya se ha visto en otros sectores económicos dentro del marco de la legalidad, desde la minería en Michoacán hasta el valet parking. ¿Ustedes creen que, con la gran cantidad de dinero involucrada, los cárteles no van a hacer todo lo que esté a su alcance para influir sobre quien sea para mantener sus ganancias? ¿Y sería realmente extraño suponer que utilicen violencia para lograr tales objetivos?

Tercero, la enorme industria tabacalera multinacional ha estado esperando desde hace mucho la llegada de un régimen de legalidad para aumentar sus utilidades. De hecho, a pesar de declarar que no les interesa el negocio, documentos internos vinculados a litigios contra empresas tabacaleras demuestran que desde 1969 la mariguana se consideraba un producto potencial.

Esas mismas multinacionales tienen presupuestos anuales superiores al rendimiento económico de muchos países latinoamericanos —en 2012, los ingresos de Philip Morris fueron de 77 mil millones de dólares, cifra por encima del PIB de Uruguay o Panamá ese mismo año—. Se ha usado ese poder financiero para ejercer presión política y jurídica sobre una serie de países de una manera tal que la directora general de la Organización Mundial de la Salud la calificó como “diseñada deliberadamente para inculcar miedo”.

Gobiernos, incluyendo el de México, han trabajado durante décadas para disminuir los efectos nocivos del tabaquismo, ¿por qué estarían listos para dar nueva vida a ese mercado?

A final de cuentas, los objetivos principales de los legalizadores mexicanos son entendibles: reducir la violencia que ha azotado al país y generar una alternativa al encarcelamiento de los drogadictos. No me opongo a eso, pero sí a la solución que proponen.

Supuestamente, los partidarios de la legalización prevén un México más pacífico. Yo creo que el efecto principal sería otro. El número de consumidores podría aumentar sin que el Estado tenga los recursos suficientes para atenderlos. También aumentarían los actos criminales relacionados con el uso, como conducir bajo la influencia de la mariguana, junto con otras consecuencias, entre ellas bajo rendimiento académico/laboral y costos para atender problemas secundarios, como enfermedades respiratorias. Y en lugar de sólo tener a los estadunidenses como clientes, los cárteles contarían también con un mercado interno, quizá compartido con las empresas tabacaleras.

México goza de una población que todavía no es asidua al uso de la mariguana. Ello representa una enorme ventaja para combatir el problema, en contraste con el reto de alto consumo que Estados Unidos enfrenta. Por eso, una exploración más a fondo de las alternativas al encarcelamiento y la despenalización parece ser más apropiada para abordar el problema del consumo en México. Evita que se encarcele a los drogadictos, pero no hace que el Estado estimule el consumo. De lo contrario, los mexicanos tendrán el doble reto de combatir una venta de mariguana, tanto interna como internacional. Aunque no lo creo, tal vez la legalización sea una política adecuada para un país como Estados Unidos, con muchos más consumidores, una renta disponible alta y una cultura más abierta al uso de drogas. Pero no se necesita ser mexicano para entender que las ideas importadas no siempre aportan bienestar a un país.

*Diplomático proveniente de la Embajada de Estados Unidos en México