¿Qué hacemos con la “ley bala”?

por Gerardo Laveaga

Que tenga derecho a adquirir y conducir un automóvil no significa que pueda salir a atropellar transeúntes. Si lo hago debo ser juzgado y, de acuerdo con las circunstancias en que lo hice, sancionado conforme a la ley.  Nadie pensaría que mi negligencia —o mi crueldad— debiera traducirse en la prohibición generalizada de comprar y manejar vehículos de motor. Menos aún, en atribuir mi conducta a la existencia de semáforos y reglamentos de tránsito.

La reflexión viene al caso a propósito del escándalo que suscitó en Puebla la aprobación de la ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla —hoy motejada “ley bala”— y del fallecimiento del menor Luis Alberto Tehuatlie quien, según algunos activistas, fue abatido por una bala de goma durante un operativo policial en San Bernardino, Chalchihuapan.

Aunque el procurador de la entidad señaló contundente que no fue una bala de goma la causante del deceso, sino la onda expansiva de un cohetón lanzado por los propios manifestantes, múltiples organizaciones de la sociedad civil se han desgarrado las vestiduras, clamando que se abrogue la “ley bala” y, por qué no, añaden a sus exigencias-  que se entable juicio político contra el gobernador y se destituya, de manera fulminante, al secretario de Gobierno, al de Seguridad y al propio procurador. Más tarde, el gobierno local adujo que habían sido grupos de infiltrados los que habían ocasionado la desgracia.

La alharaca llegó hasta el Congreso de la Unión, donde diputados y senadores se pronunciaron al respecto. ¿Tuvo razón de ser este reclamo? Pienso que no.

Si fue una bala o un cohetón lo que privó de la vida a José Alberto no fue éste un asunto que hubiera podido dirimirse con gritos y manotazos. Tampoco con insultos ante la televisión, la radio, los periódicos o las redes sociales. Menos aún, con marchas de repudio. Los peritos en balística saben, sin lugar a equivocación, que las municiones son proyectiles que se estrellan y dejan un orificio de entrada, mientras que los cohetones suponen quemaduras y desgarres. Fueron ellos, los expertos, quienes tuvieron que definir con precisión qué fue lo que sucedió.

“Se alteró el peritaje”, han acusado algunos. “El gobierno buscó pagar mi silencio”, se quejó la madre del muchacho. Ya enterrado el cadáver no han faltado los inconformes que claman para que éste sea exhumado y así no queden dudas de las causas del fallecimiento.

Si se hubiera mentido al respecto, esto resultaría grave, gravísimo. Pero ¿cuál habría sido el propósito de alterar los hechos? Si la muerte del menor se produjo, en efecto, por una bala de goma, las autoridades debieron admitirlo y buscar, sin demora, al responsable de la tragedia.

El Estado no puede ser omiso al respecto. Si fue un policía debe volcarse a replantear la capacitación que, en materia de uso de la fuerza pública, está brindando a sus agentes.

De acuerdo con los estándares internacionales, se reconocen diversos niveles en el empleo de esta fuerza: el verbal (intentar persuadir a un grupo para que no recurra a la violencia); el sometimiento (recurrir a tácticas y a artefactos como las esposas); el uso progresivo (de los manguerazos al gas lacrimógeno) y, sólo en casos extremos de legítima defensa, el manejo de armas que puedan incidir en resultados letales.

Si revisamos la “ley bala” confirmaremos que ésta se ajusta con rigor a los tratados internacionales que, nos guste o no, ya nos rigen, independientemente de la ley en cuestión.

El Estado no puede renunciar al uso de la fuerza, como proclaman algunos idealistas. A lo que, sin duda, está obligado es a echar mano de ella sólo como último recurso… y con infinita cautela y moderación. También está comprometido a capacitar exhaustivamente a quienes tengan autorización para ejercerla. La preservación de los derechos humanos, en cualquier operativo policíaco, resulta crucial. La muerte de José Alberto es lamentable e, insisto, debe investigarse y, de acuerdo con las cadenas de responsabilidad, castigar a quien o a quienes la perpetraron con todo el peso de la ley.

Pero –cuidado- tal y como se están planteando los hechos, podría estar soslayándose el auténtico problema —la posible responsabilidad del agente de la ley que se excedió en sus tareas— con el descarado propósito de satanizar la regulación de las manifestaciones públicas y, de paso, con el de efectuar un ajuste de cuentas. Abrogar la “ley bala” para dar gusto a los enemigos del gobernador sería una muestra de debilidad que, a la larga, resultaría más costosa.

La libertad de expresión —el derecho a protestar incluido— no sólo es un elemento de toda democracia, sino un requisito de su existencia: sin diálogo, sin debate y sin expresiones de inconformidad, sería imposible analizar y calibrar los pros y contras de cada una de las propuestas que se hacen a diario para construir nuestra comunidad. Pero, mal que pese a algunos activistas, el derecho a la libre expresión, como todos los derechos humanos, tiene sus límites. Quien los rebase, debe ser castigado. Si fue la autoridad la que cometió un abuso,  deberá rendir estrictas cuentas ante el juez.

 Si lo que buscamos es consolidar nuestro Estado de derecho, que no nos asuste reconocer y aceptar estos límites. La “Ley bala” debe mantener su vigencia y el gobierno de Puebla debe apresurarse a desahogar, con absoluta transparencia,  las dudas que surjan al respecto. Entregar la información que requieran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil que alberguen dudas. Debe exhibir pruebas y no dejar ninguna sospecha en cuanto a las cadenas de responsabilidades. Esta sería la mejor manera de evitar, hacia adelante, incidentes tan dolorosos como el que sacudió no sólo al estado, sino a todo el país. 

Twitter: @GLaveaga