Reinventar la política desde la ética pública

Por Lorena Villavicencio Ayala *

En este país eres ciudadano de primera, de segunda o tercera categoría, dependiendo de tu relación con la ley. Hay quienes están por encima de la ley por su investidura, su influencia política o económica, los menos tienen acceso a ella, y la mayoría están al margen de su protección. Estamos tan acostumbrados a ello que sus secuelas, la impunidad y la corrupción forman parte ya de nuestro paisaje como país, y se han convertido en un código no escrito, aceptado socialmente, sostenido por un sistema de justicia, donde simplemente no se aplica la ley, más que selectivamente y casi por encargo.

Tan arraigada está la cultura de la impunidad y la corrupción, que quienes no hemos escuchado y repetido frases como: “Que roben, pero que trabajen” o “antes sí pedían el diezmo, pero salpicaban”. O la frase hoy convertida en una exitosa estrategia de cooptación política de “todo lo que se compra es barato y si no acudamos a las despensas”. O la que ha motivado a muchos políticos a convertirse en millonarios para que no los alcance la consigna de “político pobre, pobre político”. Cuántos empresarios o ciudadanos han acudido al moche o a la propina para obtener un contrato de gobierno o agilizar un trámite, o bien, pagan resignadamente un derecho de piso no regulado para mantener su empresa o changarro. Cuántos programas sociales son utilizados para favorecer a los operadores políticos y clientelas partidarias, y no para quien verdaderamente lo necesita. En este país, y duele decirlo, la aplicación de la ley es negociable y aplicable sólo para quien no tiene con qué pagar. Estos hábitos lamentablemente recorren los diferentes niveles del gobierno e instituciones, involucrando en estas historias a miles de ciudadanos que las toleran o las aceptan.

La política, en general, se ha convertido en un gran botín, donde los valores, principios y causas están totalmente extraviadas. Y por eso vemos llegar a ocupar cargos, a muchos arribistas, cuyo principal mérito es haberse mantenido de bajo perfil, aceptando complicidades o lealtades mal entendidas, y cuya intención es lograr un buen patrimonio. Por eso, comparto la propuesta de José Mujica de que quien se quiera enriquecer, se dedique hacer negocios, pero no a la política.

Recientemente alguien me decía que si habría que manifestar hoy nuestras opiniones reales o mejor esperar a tener un cargo para hacerlo. Y de verdad me da pena reconocer que hablar con verdad, ser congruente y mantener la integridad como persona puede ser considerado un suicidio político. Y si no vean cuántos políticos preparados, honrados, con causas, salieron involuntariamente del quehacer público por no aceptar las reglas del juego o por evitar convertirse en cómplices de cualquier irregularidad. Es verdad que también existen políticos honorables, preparados, comprometidos, con ideales, y muchos, pero quedan siempre opacados y afectados por quienes desacreditan la política con sus conductas indebidas o francamente ilícitas.

No nos asustemos entonces de las expresiones de enojo y hartazgo profundo que hoy se manifiestan en las calles, es el grito de un país que exige un cambio radical ya. Si no actuamos, corremos el riesgo que la epidemia de ceguera o de la sordera que ha contagiado a muchos políticos mexicanos nos alcance a todos, y acabe fracturando nuestra frágil gobernabilidad.

Es cierto, Ayotzinapa abrió la caja de Pandora, y nos mostró el México real, un país cargado de injusticias, miseria, de violencia e inseguridad, la cual se ha implantado en una parte importante del territorio nacional, en nuestras familias, comunidades, alentada siempre por el binomio de corrupción-impunidad, y por el cinismo y la prepotencia que la acompañan. Si no entendemos que el terreno fértil para la inseguridad y la violencia es la no aplicación de la ley, seguiremos apostando a un modelo basado en policías que por sí mismo no resuelve el problema.

Hablando claro, nuestra arquitectura institucional prohija la impunidad, al no contar con órganos que realmente atiendan con autonomía los casos de corrupción, porque su conformación siempre o casi siempre responde a intereses partidarios. Y qué decir de las contralorías que dependen directamente de los gobiernos municipales, estatales o federal, a los cuales fiscalizan. De qué sirve dotar de más herramientas a órganos como la Auditoría Superior de la Federación o al Instituto Nacional Electoral, si no cuidamos la integración imparcial de las instancias sancionadoras.

La transparencia hoy convertida en institución, tampoco sirve de nada un sistema de rendición de cuentas u órganos de fiscalización que actúen en favor del ejercicio claro y correcto de los dineros públicos.

Éste es el contexto, la pregunta es cómo vamos a salir de esta situación de degradación política. Para los promotores de la polarización esto se resuelve con la renuncia del gabinete presidencial o sustituyendo a la clase política, porque han comprado el discurso de que sólo con la llegada de un “salvador” se podrá rescatar a la patria, olvidando que este tipo de liderazgos acaban actuando al margen de la ley y cometiendo puras arbitrariedades desde el “púlpito de la pureza”. Otros apuestan a atizar el fuego para recuperar viejos privilegios, como aquellos que tienen postrado al sistema educativo de nuestro país, o por simple rentabilidad política o

cálculos electorales, mientras algunos estamos convencidos de que la respuesta está en la aplicación estricta de la ley, en una vida institucional que funcione independientemente de quien gobierne, cuyos integrantes sean imparciales, así como impulsar una cultura cívica que nos permita salir del individualismo y reconstruir el sentido de comunidad.

Adoptar una ética pública que nos obligue a todos los ciudadanos a actuar con responsabilidad, respetando los derechos humanos de todos y la ley, donde se entienda que la actuación colectiva o individual afecta a la sociedad en su conjunto. Un código ético que rescate la empatía y la solidaridad como principios indispensables de la convivencia social. Donde la discriminación sea sancionada desde el hogar, donde la igualdad, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, sean parte de nuestros hábitos y pensamiento.

Asumir una ciudadanía plena desde los valores, principios y la corresponsabilidad nos llevará a un país de exigencias, donde los gobiernos malos o mediocres o corruptos no tendrán cabida, pero también depende de cada uno de nosotros, de nuestros niveles de autoexigencia. El convertirnos en ciudadanos que ejercen derechos y cumplen sus deberes. Finalmente decir que para ello debemos dejar atrás el pesimismo que inmoviliza y la resignación que impide la llegada de la otra política para el país digno que queremos ser. La crisis provocada por Ayotzinapa y los escándalos relacionados con un presunto conflicto de intereses pueden ser una gran oportunidad para repensar y crear lo nuevo, asumamos ese reto que nos convoca a todos los mexicanos y hagámoslo desde la gran plataforma cívica de los principios y valores comunes, y del respeto a la ley y asumiendo la parte que nos corresponde.

                * Fundadora de Mujeres de Hierro