Ayotzinapa: 11 años de falsas promesas

Este 26 de septiembre se cumplieron 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una herida abierta en la memoria del país, sin embargo, también ha sido aprovechado por los padres de los estudiantes, que se han mantenido en su exigencia de justicia haciendo desmanes y derribando puertas de instalaciones militares, como la del Campo Militar Número 1, incendiando camiones y reclamando la apertura total de los archivos militares, rechazando, además, cualquier intento de cerrar el caso.

Han habido informes oficiales y se ha anulado la llamada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto. También se hicieron a un lado las investigaciones periodísticas y de la DEA que señalan que, en aquella noche, los normalistas secuestraron un quinto autobús que llevaba un cargamento de heroína con destino a EU y la orden que dio José Luis Abarca, exalcalde de Iguala a sus policías para detener a los jóvenes y entregarlos a los Guerreros Unidos. Se comprobó que los estudiantes fueron confundidos con miembros de un grupo rival que intentaba robarles la droga.

Por presión de los padres, en 2019, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se investigaría el caso “desde cero”. Tres años después, en 2022, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, a cargo de Alejandro Encinas concluyó otra inverosímil verdad histórica, que se trató de un “crimen de Estado” en el que participaron miembros de las FA y autoridades de distintos niveles. No obstante, hasta ahora no se han presentado pruebas contundentes que acrediten la responsabilidad directa del Ejército. Es más, la Defensa ha permitido revisiones en sus instalaciones, la apertura de archivos y los procesos judiciales en contra de 14 militares, entre ellos dos generales, todos pertenecientes a los Batallones 27 y 41 de Infantería. No obstante, el 21 de enero de 2024, ocho soldados obtuvieron libertad por falta de pruebas.

Con la nueva verdad de Encinas, la FGR, lejos de esclarecer el caso, lo enredó más. Liberó a decenas de acusados probos. Se abrieron nuevas líneas de investigación y se detuvo a otros implicados, como la expresidenta del TSJ de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, por ordenar la destrucción de videos del Palacio de Justicia de Iguala.

A 11 años, las posibilidades de encontrar con vida a los normalistas son nulas, pero cada aniversario es aprovechado por los padres de los normalistas, que han usado el caso como un modus vivendi.

* Un avión Bombardier Challenger 605, como el que trasladó a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, de Asunción, Paraguay a México tardaría poco más de ocho horas, pero tiene capacidad para 12 horas sin reabastecimiento, por eso se hace extraña la parada de 12 horas en Bogotá y seis más en Tapachula, tiempo suficiente para alimentar dos hipótesis: una, que la DEA habría interrogado con consentimiento de la FGR a Bermúdez para obtener información sobre el CJNG y políticos involucrados, entre ellos Adán Augusto López, y otra, que Bermúdez recibió adiestramiento para no involucrar a su exjefe ni a otros políticos de alto nivel. Las acusaciones que pesan sobre él son graves: corrupción, crimen organizado y extorsión. Resulta poco creíble que Adán Augusto no estuviera enterado ni que, siendo titular de la Segob, desconociera información del CNI a cargo del general Audomaro Martínez. La cadena de responsabilidades alcanza niveles altos. Adán Augusto, incluso López Obrador, recibieron alertas de inteligencia, pero sólo pidieron la renuncia de Bermúdez en lugar de proceder judicialmente, lo que le dio tiempo suficiente para huir. Claudia Sheinbaum ya no aguanta más presión de EU y los medios para seguir defendiendo a Adán Augusto y al expresidente López Obrador.

DE IMAGINARIA

* Ausente en los festejos patrios, Omar García Harfuch reapareció en la reunión de Gabinete en Sinaloa, cuando trataron de secuestrar a la nieta del gobernador Rubén Rocha.

* Bajo el mando del Gral. Ricardo Trevilla, el Ejército mexicano sigue dando golpes certeros al narcotráfico. Soldados desmantelaron varios laboratorios clandestinos en Michoacán, Sinaloa y Sonora, además de decomisar cientos de kilos de metanfetaminas y fentanilo.