Difícil camino a la transparencia

Esta semana inicia el proceso en el Senado para conseguir el consenso en torno de las llamadas Leyes Reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Las diversas posturas de los legisladores auguran un camino lleno de obstáculos que amenazan con abortar el proyecto más ambicioso de los últimos 30 años —tras las leyes logradas en los 80— para darle transparencia al comportamiento de nuestros políticos y funcionarios públicos; camino que deberá concluir antes de que termine el primer semestre de este año.

Quizá lo más significativo de estas reformas sea la iniciativa ciudadana Ley 3de3, que será defendida por ciudadanos impulsores de la iniciativa y serán escuchados abiertamente por los legisladores de todos los partidos. El principal “pero” que ven algunos senadores que están en favor de la iniciativa ciudadana es el método propuesto en el Senado para debatir dichas leyes para el combate a la corrupción.

Algunos líderes partidistas del PAN y el PRD y los ciudadanos invitados al Congreso han manifestado su rechazo a que la discusión de la propuesta se lleve a cabo artículo por artículo y con una representación acotada de investigadores externos. Proponen, como me lo detalló la senadora panista Laura Rojas que se establezca un método de trabajo a través de siete mesas temáticas, para discutir y afinar el contenido de la legislación con el objetivo de que avancen las negociaciones y sea aprobada antes del 30 de abril, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones.

La postura del gobierno federal en materia de combate a la corrupción está en manos de los legisladores del Partido Verde, quienes han hecho “circular” un documento que rechazan tanto el PAN como el PRD porque no incorpora “las visiones de las tres iniciativas presentadas por el resto de los partidos ni las de la sociedad civil”, lo que pone en riesgo la aprobación de las reformas.

Lo cierto es que el camino no ha sido nada fácil en un sistema político poco acostumbrado a rendirle cuentas a fondo a sus gobernados. A pesar del discurso priista en el sentido de que la normatividad pendiente en materia anticorrupción “forma parte sustantiva del proceso de transformación nacional que impulsa el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”, lo cierto es que “nadie quiere dar su brazo a torcer” en cuestiones donde grupos de la llamada sociedad civil han comenzado a involucrarse en el diseño de nuevas leyes que nos garanticen que habrá un freno a los abusos escandalosos de quienes en el pasado reciente y en la actualidad enfrentan severas acusaciones de corrupción y de enriquecimiento “a costillas” del dinero público.

Por eso, el proceso que ha iniciado en la Cámara alta es de la mayor trascendencia social debido a la necesidad de poner “frenos” al uso del erario para beneficio de la población y no —como suele suceder con frecuencia— para goce y disfrute “de unos cuantos”.

Estar atentos al desarrollo de los debates debe ser deber de todos los ciudadanos, así como su difusión por parte de los medios de comunicación. De ahí dependerá, en mucho, el regresar al corazón de la democracia: un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes.