No hay dinero que alcance

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Martín Espinosa 29/07/2014 02:36
No hay dinero  que alcance

El nuestro es un país muy generoso a la hora de “compensar” a quienes han sido fieles “servidores” de un sistema político que a través del “modelo” económico que nació con los llamados tecnócratas en los 80 ha provocado cada vez más pobres y una distribución poco equitativa de la riqueza que en los últimos 40 años hemos producido.

Valga la reflexión, hoy que se discute en el Congreso la posibilidad de convertir en deuda pública, es decir en deuda de usted y mía estimado lector, lo que se conoce como los pasivos en Petróleos Mexicanos con la condición de modificar el Contrato Colectivo de Trabajo, situación a la que se ha opuesto la mafia que controla el sindicato de esa paraestatal.

Dicen los que saben que si se convirtiera en deuda pública todo el pasivo laboral de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ésta se incrementaría en nueve puntos del PIB y en el presupuesto del gobierno se tendrían que destinar 50 mil millones de pesos anuales adicionales para cubrir el adeudo.

En un país en el que los altos directivos de empresas del gobierno y funcionarios de dependencias públicas ganan muy por encima del promedio de sus colegas de otros países donde la productividad laboral es mayor, es lógico que no alcancen los recursos si además tomamos en cuenta que la tendencia mundial es que los seres humanos vivamos más años y la edad de jubilación, como en el caso de Pemex, es de 55 años.

Dice el viejo refrán: “Éramos muchos y parió la abuela”. Pues por si nos faltaran más calamidades económicas en nuestra atribulada historia reciente ahora resulta que todos los mexicanos debemos asumir los errores de pésimas administraciones que han “hundido” a la empresa más importante del país de las últimas décadas. Y como siempre, nunca hay culpables.

Todo lo anterior es el resultado de décadas de permitir una serie de irregularidades administrativas anteponiendo los intereses políticos de los “grupos” que han gobernado al país por encima del interés último que debería ser el bienestar de todos los contribuyentes a los que se nos ha repetido hasta el cansancio que el petróleo “es de todos”. Claro, a la hora de pagar deudas ahí sí aplica. Pero a la hora de gozar de sus beneficios, solamente “unos cuantos”.

Por eso hoy que se discute el tema, los “privilegiados” que han manejado a su antojo las relaciones políticas entre la empresa pública y sus trabajadores y que gozan del privilegio de ser “legisladores” se oponen a que les quiten las canonjías que han acumulado como resultado de apoyar a quienes detentan el poder y que se han convertido en parte de él.

Ya lo señalan algunos participantes del sector industrial: “La primera factura a pagar derivada de la Reforma Energética será el saneamiento de las empresas productivas del Estado, sus grandes pasivos productivos y laborales”, a decir de Rodrigo Alpízar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

Tras varias décadas de inmovilidad política que postergó la reforma estructural del sector energético, de un corporativismo político que arraigó los intereses sindicales y prácticas onerosas a las empresas paraestatales, fueron los factores que crearon espacios propicios para la corrupción y el conflicto de intereses, lo que ha puesto al país en la posición de absorber los costos y corregir el camino pasándole la factura a los ciudadanos.

Ironías de un país que ha vivido el abuso de muchos de sus gobernantes: se utiliza la “legalidad” de un acuerdo laboral que, argumentan, sólo puede modificar el gobierno con sus sindicatos para “cobijar” los abusos de los líderes laborales que han amasado fortunas incalculables al amparo del dinero público.

Ante tales calamidades, no hay dinero que alcance.

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