El reinado de la impunidad
Crimen y castigo es, como lo han descrito numerosos críticos literarios, una obra maestra de Dostoievski. Su personaje central, Raskólnikov, encarna una complejidad psicológica que sitúa al lector siempre en una tensión que va de la indignación hasta la simpatía. El problema de fondo de la novela no es otro sino el dilema de nuestros días: cómo acceder a la justicia cuando se es pobre; cómo romper con la trampa de la desigualdad, si una de las pocas opciones que deja la sociedad es la comisión de un crimen; cómo ayudar a los que uno quiere a superar la adversidad en una sociedad que reduce las alternativas al ámbito de la sumisión y la renuncia a buenas dosis de libertad y dignidad.
Podría decirse que una buena síntesis de la obra se encontraría en el siguiente pasaje: “¿Acaso no es cierto —le interrumpió Raskólnikov con voz trémula de cólera, pero llena a la vez de un júbilo hostil— que usted dijo a su novia, en el momento en que acababa de aceptar su petición, que lo que más le complacía de ella era su pobreza, pues lo mejor es casarse con una mujer pobre para poder dominarla y recordarle el bien que se le ha hecho?”
Un marco de referencia como el que se comenta debería ser el telón de fondo desde el cual debería leerse el recientemente presentado Índice Global de Impunidad, porque si hay un espacio en el que se expresa la impunidad y desigualdad en el acceso a la justicia, es precisamente el de la violencia que se ejerce cotidianamente en contra de las mujeres y las niñas.
Son ellas quienes menos denuncian los crímenes de que son víctimas, y son ellas también quienes siguen siendo invisibilizadas en las estadísticas oficiales relativas a la violencia sexual, económica, sicológica y física; y todo ello porque no existen las condiciones estructurales para el acceso a la protección institucional del Estado.
Debe insistirse en el hecho de que uno de los bienes sociales más lastimados y negados a millones de personas en el país se encuentra precisamente en la imposibilidad de acceder a la justicia del Estado. No es un reduccionismo más: hoy en México la justicia ni es imparcial ni expedita ni restauradora del tejido social.
Si se comete un delito en nuestro país, más aun cuando se trata de “delitos del orden común”, la probabilidad de no tener una sanción de parte de la autoridad judicial se estima en alrededor de 92 por ciento. En el sentido opuesto, si no se cometió un delito, pero se cae en las redes del Poder Judicial, las probabilidades de tener una sanción injusta son muy altas, sobre todo cuando se es pobre o se carece de redes sociales o familiares de apoyo, como ya se ha documentado en diversos estudios en la materia.
No sorprende, frente a estas realidades, que más de 80% de la población considera que las policías, los ministerios públicos y los jueces son corruptos, incompetentes o ineficientes en el desempeño de sus responsabilidades. Lo que sí sorprende es que, ante tal nivel de erosión de la legitimidad de las instituciones públicas, la reacción sea tan pasmosa, insuficiente y en muchas ocasiones, también indolente.
Nuestra sociedad vive hoy en torno a un profundo foso en donde las desigualdades, las brechas y las violencias se arremolinan y del cual resurgen intempestivamente, arrasando con todo y todos los que lamentablemente se encuentran a su paso.
Hay mucho de perverso en nuestro modelo civilizatorio, el cual nos ha llevado a construir un mundo en donde las muchachas pobres, y en donde cualquiera que sea percibido o asumido como débil, se encontrarán a expensas de quienes, como lo denuncia Raskólnikov, asumen que estar cerca de los pobres es una cosa noble, más aun cuando se tiene la oportunidad de recordarles lo afortunados que son de contar con alguien como nosotros.
Twitter: @ML_fuentes