El malestar y la democracia

En México, las Encuestas Nacionales de Cohesión Social para la Prevención del Delito y la Delincuencia (ECOPRED); la de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) y la de Seguridad Urbana (ENSU); y a nivel internacional el Latinobarómetro y el recientemente publicado Índice de Desarrollo Democrático, elaborado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, muestran evidencia irrefutable en torno al débil arraigo que tiene la democracia en nuestro país.

De los instrumentos citados, y otros como el Informe sobre la Calidad de la Democracia del Instituto Nacional Electoral, se desprenden dos conclusiones: la causa profunda del descontento ciudadano se encuentra en los oprobiosos niveles de desigualdad (y con ellos, los de pobreza), lo cual ha generado un estado generalizado de descontento, ya no sólo respecto de la política, sino en el sentido más amplio que puede asignársele a la noción del malestar social.

La desigualdad tiene severos costos; el cálculo de OXFAM-México refiere aproximadamente 10% del Producto Interno Bruto, es decir, al menos tres billones de pesos anuales que no se generan debido a las estructuras de inequidad. La cifra es equivalente nada menos que a 65% del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el año fiscal que corre.

Otro de los perniciosos resultados es la fractura de las capacidades de movilidad social. Así lo ha mostrado el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el cual muestra las remotas probabilidades que tienen las niñas y niños de salir de la pobreza cuando sus padres son pobres y tienen baja escolaridad.

Los últimos datos de que disponemos a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestran que son, precisamente, las personas de más baja escolaridad quienes tienen los peores empleos: precarios, con bajos salarios y en la informalidad; amén de los miles de casos de personas que literalmente viven en la indigencia.

Otras evidencias permiten asumir plenamente que la violencia, tanto la del orden común como la del fuero federal, están vinculadas también a la desigualdad: así, desde la atroz violencia feminicida, la violencia homicida que no nos da respiro, y hasta los casos de los infanticidios, y las miles de muertes ocasionadas por eventos de tránsito, tienen grados importantes de vinculación con la inequidad en todos sus sentidos y niveles.

El debate público en torno a la economía y la política no puede seguir obviando estas condiciones. En ese sentido, las decisiones fiscales y presupuestales deben tener en su base el mandato ineludible de generar un quiebre de la desigualdad y de propiciar una nueva lógica de crecimiento con equidad.

El otro elemento que se asocia a la desigualdad y el descontento con la democracia es la idea de que los políticos sólo actúan para la defensa de sus intereses; de hecho, casos como el de Guatemala muestran cómo la corrupción y la impunidad constituyen peligrosos elementos corrosivos para las instituciones democráticas.

A lo largo de nuestra historia hemos sido incapaces de construir una sociedad igualitaria. Desde la Colonia hasta ahora hemos sido una sociedad estratificada en segmentos claramente identificados: una escasa minoría privilegiada; un reducido sector que se beneficia de la desigualdad y accede a ciertos niveles privilegios; y una inmensa mayoría que carece de casi todo: así en nuestro país, únicamente 22 de cada 100 personas son no pobres y no vulnerables.

En este contexto nuestra democracia se encuentra amenazada y se nos impone la responsabilidad de potenciarla para construir un país de bienestar: es sin duda la hora de la igualdad y es nuestro deber hacerla

posible.

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