Debilidad institucional

El pasado 8 de octubre, el jefe del Estado mexicano sorprendió por el contenido de su discurso: al hablar sobre el tema de la inseguridad, afirmó que hay espacios del territorio nacional en los que se advierten “signos de debilidad institucional”.

La declaración es preocupante en distintos sentidos y, por ello, es relevante preguntarnos ¿qué entiende el Presidente de la República por “debilidad institucional”?

Al respecto no hay muchas opciones y podrían reducirse a dos: o el Presidente percibe que la estructura orgánica y funcional de las administraciones estatales y municipales, así como de los Congresos y el Poder Judicial no cuentan con las capacidades necesarias para cumplir con su mandato o, en segundo término, que, aun cuando contamos con las instituciones apropiadas, el poder de los grupos delincuenciales las ha rebasado o desbordado en sus responsabilidades.

Cualquiera de los dos escenarios es de una gravedad mayúscula. Si es lo primero, entonces el debate en los próximos meses debería orientarse a repensar al gobierno y avanzar hacia la segunda parte de la administración, hacia una reforma integral de las instituciones públicas.

Si es lo segundo, entonces urgiría avanzar hacia la construcción de la reforma en materia de combate a la corrupción y, con ello, hacia la generación de una nueva propuesta institucional que, siendo compatible con lo que tenemos, cuente con las facultades requeridas para abatir el que es quizá el principal problema de la cosa pública en nuestro país.

La idea de una República fragmentada, que al mismo tiempo no cuenta con instituciones sólidas y en donde existen vacíos de poder, constituye un franco diagnóstico respecto de todo lo que nos falta conseguir para convertirnos en una democracia eficaz; porque, sobre todas las cosas, no debe olvidarse que los vacíos de poder se llenan y, en muchas ocasiones, con franco carácter de usurpación.

El reconocimiento que hace el Presidente respecto de las débiles instituciones que operan en lo local, abre agendas que modifican, y con mucho, lo que está plasmado, por citar sólo un ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo.

En efecto, una declaración de esta magnitud obligaría a repensar y replantear múltiples agendas: ¿qué clase de federalismo queremos y hasta dónde se va a avanzar para consolidarlo?

¿Cómo llegar al sistema de justicia que queremos, en el cual se dé cumplimiento al mandato constitucional de garantizar en todo momento los derechos humanos, y desde el cual se garanticen los principios constitucionales mínimos exigibles y que hoy no se cumplen, a saber: la presunción de inocencia, la justicia expedita, el debido proceso y otros que siguen violándose todos los días?

¿Cuál es el modelo de seguridad social universal y cuáles son los instrumentos que van a potenciarse o diseñarse para darle viabilidad y permanencia, a la par de un nuevo sistema de bienestar social, desde el cual se garantice la justa distribución del ingreso, y se rompa con las lógicas de desigualdad que hoy nos caracterizan?

El diagnóstico del Presidente es adecuado y coincide con lo que muchos hemos advertido: enfrentamos un déficit de estatalidad que sólo va a superarse con base en una política de altura, dirigida a construir nuevos pactos para la igualdad, la justicia y la democracia; pues de posponer nuevamente esta responsabilidad estaremos condenando al país a una mediocridad secular inaceptable para las generaciones por venir.

                *Investigador del PUED-UNAM

                Twitter: ML_fuentes