El pecado original
La semana pasada el Consejo General del INE volvió a imponer otra multa millonaria al Partido Verde. El senador Carlos Puente y el diputado Arturo Escobar salieron a los medios a tratar de convencer a la opinión pública de que la autoridad les tiene tirria y les castiga injustamente aplicándoles la ley de manera irracional. ¡Pobres víctimas! La explicación del partido suena lógica, la premisa es sencilla: el PVEM está comprometido en informar a los mexicanos sobre la tarea cumplida por su fracción parlamentaria. Los “informes” de los legisladores tienen una línea institucional que promueve la marca-partido al que pertenecen. La propaganda electoral del PVEM es similar, por no decir idéntica, para demostrar su congruencia. En otras palabras, la autoridad electoral los está castigando porque son responsables y coherentes.
Dado que los mexicanos tenemos cierta tendencia a amar a las víctimas y despreciar a la autoridad, es posible que más de uno encuentre razonable el discurso del partido. Si no fueran tan cínicos, hasta sonaría plausible su teoría del complot. Sin embargo, hay francas violaciones legales que no debemos pasar por alto.
En 2007 los partidos reformaron las reglas del juego electoral. Regularon los tiempos de campaña y, en nombre de la equidad, se autoprohibieron desde la Constitución tres cosas: comprar tiempo en radio y televisión, hacer propaganda personalizada y, por último, los actos anticipados de campaña.
Antes de que entrara en vigor la Constitución, ya se habían arrepentido de sus restricciones. Los legisladores introdujeron una excepción de dudosa constitucionalidad. Está permitido comprar tiempo en radio y televisión una semana antes de cualquier informe y dos después. Obviamente, no hay controversia presentada.
Colgado de esta excepción, el PVEM inventó en 2008 los “informes” de los legisladores. Dado que éstos no están mandatados por ley, no tienen fecha fija, ingeniosamente decidieron salir diputados y senadores verdes a informar de sus actividades, uno tras otro, justificando meses de propaganda en todo el país a través de los medios electrónicos de comunicación.
A pesar de que los informes se reducían a los spots, es decir, no había documento escrito que respaldara su campaña mediática, el Tribunal Electoral, inexplicablemente, anuló la sanción impuesta por el Consejo General del INE.
El abuso no fue exclusivo del Partido Verde; varios son los gobernadores que han comprado tiempo en radio y televisión para informar de sus actividades. Los electores de Sonora conocen lo que el gobernador de Chiapas ha hecho, y los bajacalifornianos están enterados de los logros del gobernador del Estado de México, y así sucesivamente. No obstante, la franca tergiversación de la ley, la Legipe retomó íntegra esta disposición del Cofipe.
Lo que justifica la última sanción impuesta por el INE es la prohibición expresa a cualquier autoridad, representante electo y/o funcionario público de desviar el presupuesto público para financiar campañas electorales. Las fracciones parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, están haciendo una aportación en especie al partido al comprar propaganda en su nombre. En esencia, esto no difiere de que un presidente municipal, un gobernador o el Presidente de la República entregue despensas o material de construcción a los electores en época de campaña.
El pecado original tiene dos razones que confluyen en una sola anomalía democrática. La primera está en las enormes cantidades de dinero no controlado de que disponen los legisladores en México. La segunda es que los gobiernos y autoridades del Estado creen tener el derecho de desperdiciar el dinero público en propaganda. Ejecutivo, Legislativo y Judicial gastan anualmente miles de millones de pesos de nuestros impuestos para decirnos que cumplen con sus obligaciones.
Esta aberración mexicana podría corregirse el año que entra, que las restricciones presupuestales nos obligan a elaborar un presupuesto base cero. Cero dinero para propaganda. Ni un anuncio más que diga que los jueces imparten justicia, que los legisladores hacen leyes y que gobernadores y presidentes hacen obra pública. Que cumplan con su obligación y punto.
Twitter: @MarvanMaria