Peor el remedio que la enfermedad

En el siglo XVIII Karl Von Clausewitz escribió su famosa frase “La política es la continuación de la guerra por otros medios” y quizá precisamente por ello hoy debemos hacer todo lo necesario porque esos otros medios no se agoten. Es un despropósito y una irresponsabilidad hablar de suspender las elecciones en el estado de Guerrero. Lejos de ser el momento de renegar de la política, es momento de reforzarla a través de todos los medios posibles.

Suspender las elecciones en Guerrero agravaría la situación que está viviendo el país. Si cedemos a esta presión, no encontraremos razones para realizar elecciones en Michoacán. Menos después del enfrentamiento de anteayer en el que falleció el hijo de Hipólito Mora, en La Ruana. Ambos estados ya de por sí están viviendo una situación de excepción al tener gobernadores interinos. Cancelar las elecciones impediría renovar los poderes y elegir gobernador constitucional. Al ser concurrentes las elecciones federales con las locales se quedarían, además, sin representantes en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Para suspender elecciones habría que decretar la desaparición de poderes y, para salir de esa situación, convocar a elecciones, así de absurda es la propuesta.

El descontento social y la decepción política alcanza a los diez partidos políticos, su complicidad en los temas de corrupción y el régimen de convivencia en el que se han acomodado hace sumamente complicado hablar en su defensa, sin embargo, sin partidos y sin elecciones no hay democracia, hay autoritarismo y, como bien escribió John Stuart Mill, el buen déspota no existe. Es indispensable fortalecer a los partidos exigiéndoles responsabilidad.

Si los ciudadanos no nos volcamos a las urnas el próximo junio será una mala noticia para el país, pero es una peor noticia para los partidos políticos. Si crece la propuesta de cancelar las elecciones, debería ser motivo de preocupación de todos. Ni siquiera es una alternativa inteligente promover el voto en blanco como señal de repudio.

Los partidos parecen estar cómodamente instalados en sus cálculos mezquinos. Basta oírlos en la mesa del Consejo General, en la tribuna del Congreso de la Unión o en los medios de comunicación. Todos quieren endilgar la culpa a los otros, todos creen tener autoridad para tirar la primera piedra.

En su intento de convencernos de que sus contrincantes son corruptos, son ineptos, están coludidos con el narcotráfico, lo único que han logrado es persuadirnos de que todos son iguales. Ninguno ha sido capaz de levantarse por encima del lodazal, ninguno ha demostrado tener visión de Estado. Ninguno se ha dado a la tarea de poner al ciudadano en el centro de la acción política.

Vienen dos momentos críticos para los partidos políticos, el proceso de selección de candidatos y la redacción de su plataforma legislativa, que debe ser eje rector de sus respectivas campañas. ¡Ojalá las aprovechen!

Los partidos están obligados a inyectarle la mayor transparencia posible al proceso de selección de candidatos, históricamente han rehuido imponerse la obligación legal de difundir la trayectoria política e historia de vida (currículum vitae) de sus candidatos. Conscientemente lo evitaron en la última reforma. Jamás les han exigido que hagan una declaración patrimonial y una declaración de intereses. Los candidatos propuestos deben ser capaces de demostrar su limpieza. Debido a la situación crítica que vive el país, no gozarán del beneficio de la duda, por tanto no pueden arriesgarse a presentar candidatos cuya honestidad sea cuestionable.

Más allá de spots, más allá de espectaculares, de frases huecas y carentes de sentido, es urgente que los partidos se convoquen a sí mismos a discutir en serio el futuro inmediato del país. Sus respectivas plataformas políticas deben ser propositivas. La oposición necesita demostrarnos que el Congreso tiene una estrategia para acometer los dos principales detonantes de la fatídica crisis de otoño: por un lado, la inseguridad y su fallida estrategia en contra del narcotráfico y, por el otro, la corrupción y el conflicto de interés.

El gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, sean estos del color que sean, deben hacer lo que les corresponde para asegurar que haya elecciones en Guerrero y en todo el país. Es su responsabilidad y la de las corporaciones de seguridad pública liberar las oficinas de la junta local y las cuatro juntas distritales que están tomadas desde el 9 de diciembre. Deben, además, proteger el trabajo de campo que desplegará el INE en los próximos meses. En México las elecciones funcionan por el intenso y extenso proceso de capacitación de los funcionarios de casilla. Es verdad de Perogrullo, pero la seguridad es obligación de las corporaciones de seguridad, no podemos olvidar que ellas, junto con la Secretaría de Gobernación, son responsables de que las elecciones no se cancelen por este motivo.

                *Investigadora del IIJ de la UNAM

                Twitter: @MarvanMaria