La triple alianza de irresponsabilidad

Frente a la profunda crisis que estamos viviendo, debería sorprendernos más la estabilidad del sistema que la amenaza de quiebre, quizás ésta se explique porque el sistema se mantiene en un trípode de irresponsabilidad. La del Presidente, la del Congreso y la de los partidos políticos.

La transición mexicana se propuso acabar con el sistema de partido hegemónico y con el hiperpresidencialismo. Hoy existe el pluralismo partidario y el poder del Presidente ha sido acotado por el Poder Legislativo y por los organismos constitucionales autónomos, sin embargo, la Presidencia sigue siendo, en términos jurídicos, tan irresponsable como antes. Se disminuyeron márgenes de acción del Presidente, pero no se creó un sistema de responsabilidad sobre sus actos; todo lo contrario, hasta simbólicamente lo liberamos de su obligación de responder.

Cuando se eliminó la ceremonia del informe presidencial, so pretexto de que sólo servía para alimentar el culto a su persona, los entonces legisladores rompieron con el símbolo que más gráficamente le recordaba al Presidente que su poder es limitado. Pararse frente al Congreso es reconocer la división de Poderes, asumir que el sistema de controles y equilibrios garantiza un sistema no autoritario; es, en última instancia, rendir cuentas a los ciudadanos a través de sus representantes.

La ceremonia no se suprimió, se trasladó al Palacio Nacional, con ello el Presidente pasó de invitado a anfitrión, por tanto tiene la libertad de una quinceañera para decidir sobre su fiesta. Se perdió el espíritu democrático y, paradójicamente, se mantuvo el ceremonial para incensar al santo patrono de Los Pinos.

El caso de la Casa Blanca ilustra perfectamente la debilidad constitucional de nuestro sistema de responsabilidades. No hay autoridad definida que esté obligada a investigar si hubo o no un conflicto de interés. Por tanto, la oposición tiene la libertad de jugar el papel de cómplice y no de contrapeso, carecemos de herramientas jurídicas para esclarecer la legalidad de los hechos. Pasó esto a los otros dos grandes irresponsables del sistema, el Congreso y los partidos.

El Congreso de la Unión no rinde cuentas ante nadie, ni conjunta ni individualmente. El diseño institucional, en el mejor de los casos, es inoperante. Goza de fuero y éste no está a discusión, no fue mencionado en el decálogo de Peña Nieto. Gracias a la prohibición de la reelección los legisladores no han estado sometidos a la sanción o el premio de sus electores. Aun cuando ésta ya se restituyó, los partidos la hicieron depender de la lealtad partidaria y, por tanto, no servirá para fortalecer el vínculo entre representados y representante.

El proceso de transición democrática empoderó al Congreso en detrimento del Ejecutivo, sirva como mera ilustración el inmenso poder que tienen a través de los nombramientos de los cuerpos colegiados de los organismos constitucionales autónomos. Cualitativamente no están obligados a explicar la racionalidad de sus decisiones y cuantitativamente disponen de un número de plazas similar al de las subsecretarías con las que cuenta el Presidente.

En cuanto al ejercicio del gasto, los legisladores gozan de absoluta libertad, y no hay quien pueda revisar sus procesos de adquisición. Seguimos esperando que el Senado abra el fideicomiso de la construcción de su nueva sede. Las fracciones parlamentarias ni siquiera tienen la obligación de mostrar a la Auditoría Superior de la Federación las facturas que avalen sus gastos. Estos recursos son tan generosos que la fracción del PAN del Senado pudo comprar de ahorros el edificio azul de Paseo de la Reforma.

El poder para cambiar la ley y la Constitución no lo ha limitado la existencia de la oposición, porque el intercambio de favores y la repartición equitativa de prebendas ha nulificado la acción de contención que deberían ejercer.

La otra cara de la moneda ha sido el fortalecimiento de los partidos sin la creación de un sistema efectivo que los responsabilice de sus decisiones. Si bien es cierto que están sobrerregulados, no necesariamente tienen contrapeso. El voto es una sanción relativa y débil en tanto su financiamiento público está garantizado y depende del número de ciudadanos empadronados, y no de la participación ciudadana en la elección. La desafección ciudadana no les preocupa en tanto vayan todos juntos en decisiones clave.

Los partidos, a través del Congreso, se han incrementado cínicamente el presupuesto al menos dos veces este año. Una mediante el aumento de mil 500 millones de pesos al financiamiento público en los estados y la otra a través de la repartición de cinco mil millones de pesos para que los diputados alimenten a sus clientelas. No existe autoridad alguna que hubiese podido evitar o revertir estas decisiones.

Un sistema democrático es, esencialmente, un sistema de poderes controlados por la voluntad popular y por la división de poderes que debe impedir la arbitrariedad del poder. Esto todavía no existe en México. ¿Qué más tiene que pasar para que iniciemos su construcción?

                *Académica

                Twitter: @MarvanMaria