La tormenta perfecta

Pocos días fueron necesarios para tirar abajo la fachada de eficiencia y logros del gobierno en turno. Reacciones tardías, poco claras, desorientación, falta de asertividad, describen lo que hemos vivido a lo largo de octubre y lo que va del mes de noviembre.

Siguió al pasmo, el desatino. Frente a las dudas y críticas relacionadas con la licitación del tren que habría de comunicar la Ciudad de México con la de Querétaro, después de una férrea defensa de la misma frente a los legisladores y los medios de comunicación, el secretario de Comunicaciones y Transportes tuvo que tragarse la afirmación de que cancelarla sería ilegal. El Presidente decidió mostrar sensibilidad y la echó abajo.

El dilema en el que está el Poder Ejecutivo no es pequeño, tiene dos posibilidades: demostrar que la licitación fue ilegal o bien, por qué su cancelación no lo es. Ninguna ley contempla la sensibilidad como causa de revocación de un fallo. Si no hay argumentos jurídicos que sostengan la decisión de haber dado marcha atrás se vulneró el Estado de derecho, tanto como si la licitación hubiese estado mal hecha.

Cuando no faltaba nada para afirmar que estábamos frente a una crisis de legitimidad de hondas raíces y difícil solución, apareció el reportaje de investigación de Carmen Aristegui que demuestra, con documentos, el proceso de adquisición de la llamada Casa Blanca de la pareja presidencial.

Diez días después de que la noticia recorrió el mundo, la primera dama, Angélica Rivera, sale a dar una explicación a los medios de comunicación, remarcando una y otra vez que nos está haciendo el favor de aclararnos porque no tiene la obligación de hacerlo toda vez que ella no es servidora pública. El argumento es endeble e insostenible lógica y jurídicamente.

Las declaraciones patrimoniales federales —ignoro la normatividad del Estado de México— con independencia del régimen bajo el que se haya celebrado el matrimonio, incluyen los bienes muebles e inmuebles y exigen exponer todas y cada una de las cuentas bancarias en México y en el extranjero, tanto del servidor público, su cónyuge, así como de los hijos dependientes.

En ningún país es delito que los ricos asuman cargos de elección popular o ejerzan un cargo en la administración pública, tampoco lo es contraer matrimonio con un millonario. Lo que políticamente es un error imperdonable, que en muchos países está penado por la ley, es no dejar en claro el monto y origen del patrimonio familiar.

En política no existe peor tiempo que el hubiera. Si el presidente Peña Nieto efectivamente hubiera hecho pública su declaración patrimonial y no hubiera decidido sacar esa nota de periódico que pretendió ser un acto de transparencia, si no hubiera incluido tantas imprecisiones, si hubiera podido aclarar el origen de esas donaciones… Sí, si todo eso hubiera sucedido, probablemente hoy la salida del escándalo sería menos complicada.

Dice la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que “Habrá conflicto de interés cuando los intereses personales familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño de empleo, cargo o comisión” asimismo establece que el servidor público deberá abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona dinero, bienes etcétera. Es decir, aun los argumentos de defensa del patrimonio de la primera dama que tratan de convencernos de su legalidad no resuelven los graves conflictos de interés.

Ambas propiedades de las Lomas tienen un proceso de adquisición, por decir lo menos, poco ortodoxo. Están implicadas dos empresas, Televisa y el Grupo Higa, cuya cercanía con el entonces gobernador del Estado de México, hoy Presidente, obliga a poner en duda la legalidad de las operaciones. La ausencia de transparencia en la documentación, la búsqueda de esquemas de financiamiento poco tradicional, la aceptación de una propiedad inmobiliaria como parte del finiquito de un contrato, todas esas argucias propician tantas dudas que su aclaración requiere una investigación jurídica que trascienda una conferencia de prensa. Poner en venta el inmueble tampoco resuelve la situación. 

También es necesario someter a revisión todas y cada una de las licitaciones en las que ha participado el Grupo Higa; todos los contratos de obra con cualquier gobierno deberían ser analizados por la Auditoría Superior de la Federación. Es momento de que ésta demuestre su verdadera autonomía,  desperdiciar esta oportunidad puede iniciar un irreversible proceso de desprestigio.

Preocupa el pasado, pero es peor la incertidumbre que ocasiona el futuro. Recobrar la confianza es infinitamente más complicado que perderla. La crisis de legitimidad ha puesto en riesgo la gobernabilidad del país. La falta de claridad en las licitaciones, o en la cancelación de las mismas, sustentan la desconfianza en las futuras inversiones petroleras. Los conflictos de interés ponen en duda el necesario liderazgo para reconducir al país.

                *Académica

                Twitter: @MarvanMaria