¡No basta con pedir perdón!

La desaparición de los 43 normalistas se convirtió ya en problema político de profundo alcance. Las consecuencias del horror de Guerrero no sólo tocan al PRD, trastocan la vida política nacional y nos plantean serios desafíos de cara a las elecciones.

Estalló el problema en las manos de Carlos Navarrte, recién electo presidente del partido. No podía ignorarlo, políticamente estaba obligado a hacer un pronunciamiento. Decidió que la mejor manera era, con el corazón contrito y cara de arrepentimiento, pedir perdón a México por el increíble yerro de su partido de haber nominado a José Luis Abarca como presidente municipal, por haber ignorado las posibles señales de alarma, por haber consentido sus crímenes, por haber callado ante la evidencia de sus nexos y los de su mujer con el narcotráfico.

El perdón resultó insuficiente, lejos de calmar los ánimos, exacerbó la irritación. Ante la enojo social, el gobernador Ángel Aguirre ofrece ir a un proceso de revocación de mandato. Navarrete respalda su propuesta, ambos consideran que esta oferta puede darles una salida airosa. La oferta, carente de sustento legal, se entiende como estrategia demagógica, es inviable.

Conforme avanzan los días comienzan a hacerse del conocimiento público una serie de eventos que hablan de la conducta criminal de la pareja, “se sabe” que los hermanos de su mujer eran parte de la organización de los Beltrán Leyva, “se dice” que hubo al menos un asesinato previo. Tenemos ahora estadísticas que revelan que en Iguala la proporción de personas muertas a manos del crimen es tres veces mayor que el promedio nacional. Aparecen fosas con restos humanos que no son de los estudiantes. Sin embargo, nadie habló de ello hasta después del 26 de septiembre. ¿De qué sirven la libertad de expresión y la libertad de información si el temor o la indolencia acalla conciencias? El silencio cómplice de los cercanos es otra forma de cultivar la impunidad que tanto nos duele.

El proceso electoral de 2014-2015 ha comenzado, los partidos inician ya la selección de candidatos. El PVEM se adelanta políticamente y advierte que solicitará a la PGR que revise que sus candidatos no tengan antecedentes penales. El presidente del PRD se reúne con su homólogo del PAN para blindar la elección, plantean públicamente solicitar carta de no antecedentes penales, sugieren investigar la vida de sus posibles candidatos. 

¿Es la PGR la institución a la que debemos acudir para evitar que el narcotráfico penetre los cargos de elección popular?  De entre todo lo que hoy conocemos de Abarca, ¿alguien ha descubierto que él o su mujer tuviesen antecedentes penales? ¡Claro que no! Todo indica que tienen crímenes en su pasado; nadie ha dicho que hayan sido presentados ante el

Ministerio Público; hasta donde sabemos, nunca han sido juzgados. Entonces, ¿cómo puede pensarse que tienen antecedentes penales? ¿Habría servido de algo preguntarle a la Procuraduría? Difícilmente.

Proponernos como país hacer una investigación de los candidatos es una cuestión seria. Claro está que en este momento, al calor de la indignación, el clamor popular dirá: ¡Sí! ¡Sí! ¡Investíguenlos! Sin embargo, la complejidad de la respuesta es inversamente proporcional a la sencillez del cuestionamiento.

Si en verdad la emergencia del país es tal que requiere  medidas extremas, hagámonos preguntas serias que nos permitan abordar el problema. ¿Qué institución debería encargarse de estas investigaciones? ¿Hasta dónde deben llegar? ¿A petición de quién deben hacerse? ¿Quiénes tendrían derecho a conocerlas?

Por las razones antes expuestas, resulta evidente que las indagaciones en la PGR no son suficientes, si estamos pensando en hacer una investigación que revele posibles nexos con el narcotráfico, en realidad estamos pensando en investigaciones de inteligencia, no sólo de antecedentes penales. Es decir, estamos proponiendo darles a los presidentes de los partidos el poder de pedir al Cisen y a Plataforma México una ficha de “buena conducta” de aquellas personas a quienes pretenden postular. ¿Los partidos de oposición van a confiar estas investigaciones al partido en el poder? El partido en el poder, hoy el PRI mañana cualquier otro, ¿resistirá la tentación de eliminar contrincantes haciéndoles aparecer un expediente que siembre la duda? ¿Cada partido decidirá a su libre albedrío qué candidatos son sospechosos? ¿Será exigible a todos los partidos que certifiquen el 100% de sus postulantes?

¿En realidad queremos que un cuerpo de élite que prejuzgue la idoneidad de los candidatos? Al imaginar esta solución, no puedo dejar de pensar en la película de ciencia ficción protagonizada por Tom Cruise que, traducida al español, se llama, precisamente, ***Sentencia Previa (Minority Report)***. Si vamos a investigar candidatos, debería ser a través de un proceso legal, claro, transparente, que respete sus derechos fundamentales. El camino para fortalecer el Estado de derecho no puede ignorar la dignidad humana.

                *Académica

                Twitter: @MarvanMaria