Transparencia: como queso gruyere

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María Marván Laborde 21/08/2014 00:35
Transparencia: como queso gruyere

La reforma constitucional que transformó la naturaleza del IFAI para convertirlo en un órgano constitucional autónomo, no sólo cambió su estatus frente a los demás poderes, amplió los sujetos obligados y lo convirtió en autoridad para toda institución federal; además, puso en manos de los comisionados una herramienta poderosa a fin de que protegieran eficientemente los dos derechos fundamentales cuya tutela la Constitución les ha encomendado.  Al haberlo incluido en el artículo 105 constitucional le dio legitimación activa para iniciar acciones de inconstitucionalidad.

Existe la preocupación fundada de que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 14 de julio, podría presentar problemas en tres de sus artículos. El artículo 30 puede contravenir los principios de transparencia y acceso a la información consagrados en el artículo sexto de nuestra Carta Magna y los artículos 189 y 190 es posible que violenten el artículo 16 constitucional que establece claramente los principios de actuación del Estado en materia de privacidad de los gobernados. 

El artículo 30 concede reserva a las grabaciones de las entrevistas entre comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y los poderosos empresarios de la industria regulada. La reserva podría ser inconstitucional porque no exige análisis caso por caso y, sobre todo, porque no está limitada en el tiempo como claramente lo mandata el sexto. Los artículos 189 y 190 parecen ser desproporcionados en el acceso que otorgan al Estado a la información personal que se deriva de las comunicaciones que cualquier mexicano hace desde su teléfono, fijo o celular, o desde su computadora.

Organismos de la sociedad civil solicitaron formalmente al Pleno que enderezaran la Acción de Inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia pudiese revisarlos. A la petición razonada de los OSC se sumó la opinión legal de la propia estructura. Todos los argumentos se inclinaban por la pertinencia de enviar el caso a la Corte. Era una buena oportunidad para utilizar la facultad que les otorga la Constitución.

La mayoría decidió que no valía la pena utilizar tan poderosa herramienta. Con toda responsabilidad, según sus declaraciones, decidieron renunciar a la obligación de tutelar los dos derechos fundamentales que el Constituyente les ha encomendado. De entre todos los argumentos para inhibirse, el que más llama mi atención es el que establece la duda sobre su legitimación activa por tratarse de una ley de telecomunicaciones y no propiamente una ley de transparencia y protección de datos personales.

Después de más de once años de aprobación de la Lay de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental la experiencia nos dice que las  contrarreformas más peligrosas, o los intentos más amenazantes, han venido escondidos en leyes de naturaleza distinta a la propia transparencia.

Vale la pena recordar cuando los senadores pretendieron darle autoridad al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para revisar las decisiones del pleno del IFAI. Subrepticiamente en el texto de la ley se redactó un pequeño artículo con la esperanza de que nadie lo notara, éste hubiese herido de muerte al IFAI. Debido a que la esencia de la reforma no era la transparencia, la discusión de la misma respondió a otra lógica, la definitividad de las resoluciones del IFAI no fueron tema.

De haberse aprobado esta disposición, el solicitante se hubiera visto obligado a ir a los tribunales y enfrentar largos juicios antes de acceder a la información. ¡Imposible transitar por el laberinto judicial sin la asesoría de abogados!

Por eso es tan preocupante este argumento que justificó la decisión de no ir a la acción de inconstitucionalidad. Los legisladores hoy saben con certeza que cuentan con una mayoría de comisionados que difícilmente defenderán las amenazas que provengan de otras leyes. Al cabo de un tiempo la transparencia puede estar llena de agujeros cual queso gruyere. Mientras más hoyos legales, pero no legítimos o constitucionales, mayor será la ineficiencia de esta institución.

Si bien es cierto que la Suprema Corte pudo haber definido que los artículos no contradecían a la Constitución, la duda existe y la claridad proporcionada por sus razonamientos habrían fortalecido nuestra democracia. Desde 2011 el artículo primero de la Constitución obliga a toda autoridad del Estado mexicano a siempre, sin excepción, tomar la decisión que más favorezca la protección de los derechos fundamentales. Esa decisión no era la omisión.

                *Académica

                Twitter:@MarvanMaria

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