Transparencia, deuda legislativa

Concluida, firmada y publicada la legislación secundaria en materia energética, políticos y analistas se llenan la boca diciendo que el ciclo de reformas peñistas está concluido y que esta Legislatura ha terminado su trabajo. No ignoro ni minimizo la trascendencia de lo logrado, especialmente en materia energética, tampoco creo que sea una exageración afirmar que esto marca un antes y un después en el país. Sin embargo, frente a este ambiente de festejo, algunos tenemos que alzar la voz para decir ¡Todavía no es momento de bajar la cortina! ¡No se les olviden sus compromisos en materia de transparencia!

En razón de lo anterior, es de celebrarse que el viernes pasado se haya llevado a cabo en la UNAM el coloquio internacional Hacia un Sistema Nacional de Transparencia. Éste fue organizado por el Seminario Universitario de Transparencia que merecidamente preside la doctora Jacqueline Peschard. Doble motivo para congratularnos: la creación del Seminario con carácter de permanente y el coloquio en sí mismo.

Fuimos convocados académicos y sociedad civil para revisar pendientes, establecer retos y tratar de conjurar posibles amenazas ahora que el Senado entrará de lleno en la redacción tanto de la Ley General como de la Ley Federal en materia de transparencia y acceso a la información. Hemos de reconocer como un acierto que la reforma constitucional de 2014 puso el estándar muy alto; quizá esto mismo explica la extraordinaria lentitud con la que recorrió el periplo de las necesarias 16 legislaturas locales para poderla considerar un hecho.

A pesar de que fue de las primeras iniciativas presentadas por el triunfante PRI, antes inclusive de que tomara posesión Enrique Peña Nieto, no fue sino hasta febrero de este año, 15 meses más tarde, que finalmente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ni el gobierno de Peña Nieto ni ningún otro partido han puesto en ella un empeño comparable con la Reforma Energética o la Político-Electoral. No sólo la reforma es menos atractiva, echada a andar será una verdadera exigencia para todo poder constituido, incluido el Congreso. Por ello no podemos dejar que se nos distraigan los legisladores y emprendan sus campañas para brincar al siguiente puesto antes de que estas leyes estén aprobadas. 

En el citado coloquio se centraron los principales problemas, el desafío que significa, en sí mismo, crear un verdadero sistema de transparencia; la reforma constitucional expandió este derecho, ahora  sus leyes secundarias deben ser un punto de partida y no de llegada en la construcción de un eficiente y democrático sistema de rendición de cuentas.

Convertir al IFAI en máximo tribunal en materia de transparencia y a su vez en eje rector del acceso a la información pública no será tarea sencilla. El IFAI deberá establecer una relación respetuosa del federalismo, pero sin declinar a su obligación de autoridad última con los órganos locales especializados en la materia. Si queremos que el sistema verdaderamente funcione, la ley general en ciernes debe preocuparse por hacer esta relación tan funcional como clara. La precisión en su redacción nos evitará no sólo dolores de cabeza sino simulaciones y controversias constitucionales en la aplicación. Urge certeza en las facultades que tendrá el Pleno del IFAI para dictaminar la inaplicación de leyes locales, es necesario establecer los supuestos, prever cuándo, cómo y con qué consecuencias. 

Las leyes secundarias deberán establecer sin dejar espacios a la duda o la interpretación, la normatividad para el Congreso de la Unión, los organismos constitucionales autónomos, las universidades públicas, los partidos políticos y sindicatos, las nuevas empresas productivas del estado (Pemex y CFE) cuya definición constitucional es, por decir lo menos, una innovación sin precedentes. Cada reto merece un pequeño capítulo que cierre las puertas a la natural, pero triste resistencia del burócrata, quienes por iniciativa propia o siguiendo las órdenes de sus jefes se empeñarán en encontrar la forma de perpetuar la opacidad.

Si bien es cierto que las leyes por sí mismas no hacen políticas públicas, también podemos afirmar que una mala ley puede ser la causa principal de su inaplicación. No creo que una ley de cientos de artículos sea mejor que una breve y concisa, pero la reforma constitucional es tan ambiciosa que requiere  un marco jurídico completo que atienda a la especificidad de los múltiples sujetos obligados.

Esta Legislatura aún no debería darse por satisfecha o considerar que ha cerrado su ciclo. Recordemos que los partidos y sus legisladores nos deben la legislación secundaria desde 2007 cuando se reformó el artículo sexto que buscaba, hace siete años, homologar el derecho de acceso en todos los estados y en todos los poderes. El plazo concluye los primeros días de febrero, el tiempo apremia. La tarea no se puede quedar inconclusa otra vez.

                *Académica

                Twitter: @MarvanMaria