¿Democracia sin justicia?

La fortaleza y la honestidad del Poder Judicial son indispensables en un régimen que pretenda ser calificado como democrático. Esta semana, los medios han dado cobertura a tres eventos, independientes entre sí, pero que despiertan una misma preocupación: ¿podemos los mexicanos confiar en quienes imparten justicia?

Por un lado tenemos la suspensión de los magistrados Luna Altamirano y Figueroa Cacho, en segundo lugar, el creciente movimiento médico #YoSoy17 y, en tercer lugar, el desechamiento del amparo estratégico promovido por #YoSoyContribuyente Si bien cada uno de ellos merecería un análisis particular, creo que es necesario dar un paso atrás para intentar una visión de conjunto.

En el caso de los magistrados Luna y Figueroa, fueron suspendidos porque el Consejo de la Judicatura ha encontrado elementos suficientes para considerar que sus declaraciones patrimoniales han sido falseadas, hay enriquecimiento ilícito y pretensión de blanqueo del dinero a través de prestanombres y operaciones inmobiliarias sospechosas. Además de las medidas disciplinarias que impuso el propio Consejo de la Judicatura se ha presentado una denuncia en su contra en la PGR por considerar, inclusive, que hay que perseguir delitos del orden penal.

El caso del movimiento médico #YoSoy17 inició en Jalisco tras la muerte de un joven que ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social en estado crítico, tuvo una serie de complicaciones médicas y finalmente falleció. El padre decidió acudir a la Conamed, que no encontró razones para considerar que había habido negligencia médica, después intentó demandar en dos ocasiones, en ambos casos dos jueces distintos ratificaron la opinión de la Conamed, pero a partir de su insistencia el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito sucumbió a la presión política y no sólo admitió el caso, libró 16 ordenes de aprehensión contra los médicos que, por cualquier razón, y así fuera indirectamente, tuvieron que ver con el caso.

Veamos ahora el embarazoso caso de #YoSoyContribuyente, este movimiento ciudadano surge de la petición de miles de ciudadanos que solicitan saber las condiciones de endeudamiento de gobiernos estatales y municipales. Vale la pena destacar aquí el magnífico trabajo de IMCO y en particular del doctor Juan Pardinas para dar seguimiento al tema y denunciar la irracionalidad anárquica existente. Hace algunos años supimos que Moreira I dejaba a Coahuila en quiebra. Hoy conocemos que el problema se extiende a muchos gobernadores y presidentes municipales quienes gozan de una gran discreción para adquirir deuda pública y privada.

La semana pasada, la Primera Sala de la Suprema Corte desechó, en cinco minutos y sin discusión alguna, el proyecto del ministro José Ramón Cossío, que estaba por amparar a los quejosos. Se reconocía que los ciudadanos tienen interés legítimo para conocer las condiciones de endeudamiento de sus gobiernos. La Primera Sala nos negó la oportunidad de conocer qué se hace con el dinero público, ni más ni menos.

Vale la pena recordar que forma parte de la primera sala el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que, cuando encabezó el SAT, ocultó desesperadamente toda la información de los perdones fiscales que significaron una pérdida para el erario de miles de millones de pesos. Para ello llegó al extremo de provocar mañosamente un litigio en la CNDH. Un supuesto perdonado consideró que había violación a su derecho a la privacidad si se conocía que le habían condonado su deuda frente al fisco.

Haber desechado el amparo otorga a 31 gobernadores y más de dos mil 500 presidentes municipales patente de corso para endeudar sus respectivos gobiernos sin asumir responsabilidad alguna, deja a los gobernados en estado de indefensión y quiebra irremediablemente toda lógica del sistema de rendición de cuentas.

La división de poderes es inherente a un régimen que se precie de ser democrático. El Poder Judicial tiene la inmensa responsabilidad de aplicar el derecho, previsiones de carácter general, a casos concretos. Son los jueces, magistrados y ministros quienes activamente deben velar por la existencia de una sociedad ausente de privilegios, es decir, son quienes garantizan a los ciudadanos que, frente a la ley, todos somos iguales. De ellos depende la fortaleza (o debilidad) del Estado de derecho. Si tenemos un régimen de excepciones, con jueces cuya probidad está en entredicho, tenemos un problema, un problema inmensamente grave. No hay democracia sin justicia, sin ésta no hay Estado de derecho. La debilidad y deshonestidad del Poder Judicial siembra y cosecha impunidad.

                *Académica

                Twitter: @MarvanMaria