Un año de opacidad para los partidos

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María Marván Laborde 19/06/2014 00:47
Un año de opacidad para los partidos

Nadie ignora la frenética producción de reformas constitucionales y legales en las que se embarcó la actual Legislatura. Reformas, todas ellas de gran envergadura. A cada reforma constitucional corresponde la producción de una serie de leyes secundarias. Por ello es fácil comprender que diputados y senadores estén trabajando contrarreloj. Sumada la presión de tiempo a la presión política ha habido un franco descuido de la técnica legislativa. 

Casi en todo lo aprobado ha habido múltiples errores, algunos de ellos de forma, problemas de redacción, pero otros son de mayor gravedad. Existen contradicciones importantes que nos permiten afirmar que los legisladores y sus equipos no tienen tiempo de revisar lo que aprueban.

La primera reforma constitucional que presentó la actual Legislatura fue la de Transparencia, hubo de pasar más de un año para que fuera aprobada por ambas cámaras, recorriera los estados de la República para conseguir la aprobación de al menos 16 Congresos locales. Finalmente se promulgó en febrero de 2014.

Esta reforma transformó al IFAI en organismo constitucional autónomo y le amplió sus facultades de manera importante. Antes de la reforma el IFAI sólo podía revisar las respuestas de la Administración Pública Federal, es decir, sólo era autoridad para el Poder Ejecutivo. Se convirtió en organismo autónomo para poder revisar a los tres poderes y a todos los organismos constitucionales autónomos, entre ellos el INE. Además, se le dio autoridad para revisar, en materia de transparencia a partidos y sindicatos. En sus artículos transitorios se estableció que el IFAI ejercería estas nuevas atribuciones hasta que la ley secundaria fuera promulgada y, para ello, el Congreso cuenta con un año, mismo que concluirá hasta febrero de 2015.

En mayo, tres meses después de promulgada esta reforma, se aprobó la Ley General de Partidos Políticos que establece en su artículo 27 que los asuntos de transparencia relacionados con solicitudes de acceso a la información hechas a los partidos políticos, debe resolverlos el Órgano constitucional autónomo, es decir el IFAI. No hay transitorio que permita saber con certeza qué hacer entre tanto.

La contradicción es evidente, el error no es pequeño, sin embargo, podría ser fácilmente solucionable porque es una cuestión transitoria. Habrá contradicción desde ahora y hasta que se publique la ley secundaria. A través de un acuerdo entre el INE y el IFAI se podría encontrar una solución que protegiera los intereses del ciudadano. Para darle validez a dicho acuerdo, éste debería ser sancionado tanto por el Consejo General como por el Pleno, organismos colegiados de sendas instituciones. Con voluntad política y sin violentar la ley, es plausible tomar medidas provisionales que resolvieran esta contradicción normativa que, queremos suponer, fue un error provocado por la presión de trabajo que los propios legisladores se autoimpusieron.

Sin embargo, los partidos políticos parecieran querer aprovechar una aparente distracción para quedar por unos meses en el limbo de la transparencia y dejar a los ciudadanos en estado de indefensión.

Uno de los primeros acuerdos del INE fue la organización de comisiones, en este acuerdo se creó el Órgano Garante. El INE estaba perfectamente consciente de que este órgano debería funcionar hasta que fuese expedida la ley en materia de transparencia. Su objetivo, acertado desde mi punto de vista, era garantizar a los ciudadanos que habría una autoridad que revisara las respuestas dadas a solicitudes tanto del INE como de los partidos.

Tristemente el PRD decidió impugnar este acuerdo con el argumento de que el INE ya ha dejado de ser autoridad en materia de transparencia para los partidos políticos. De acuerdo con el escrito firmado por el representante del sol azteca frente al Consejo General, estos recursos deberán irse al IFAI. No parece preocuparles que éste carezca de la ley que le permita hacer efectivo este derecho.

Si estamos frente a un error y no de cara a una chicanada, la solución es sencilla y los partidos deberían reconocer con humildad sus yerros en lugar de sacar ventaja de ellos. La impugnación está ahora en manos del Tribunal Electoral, que deberá encontrar una salida jurídica que proteja el espíritu de ambas leyes: máxima transparencia a los ojos de los gobernados.

                *Académica

                Twitter: @MarvanMaria

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