Telecomunicaciones, un paso adelante, dos atrás

Siguiendo el estilo de negociación del Pacto, los acuerdos de fondo no nacen en el corazón del Poder Legislativo.

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María Marván Laborde 29/05/2014 04:18
Telecomunicaciones, un paso adelante, dos atrás

Salió finalmente la ley secundaria de la Reforma Política, ahora vienen la de telecomunicaciones, para después entrar a la madre de todas las reformas, la energética. 

Siguiendo el estilo de negociación del Pacto, los acuerdos de fondo no nacen en el corazón del Poder Legislativo, llegará al Senado el documento final conseguido fuera de las engorrosas tensiones de las comisiones, al margen de las opiniones de los representantes electos por el voto popular.

La Reforma Constitucional de Telecomunicaciones fue, sin lugar a dudas, una gran reforma. Todavía no se ha destacado suficiente el hecho de que su esencia está en los artículos sexto y séptimo de nuestro máximo ordenamiento. El bien jurídico a tutelar son los derechos humanos de libertad de pensamiento, de libertad de expresión y de libertad de acceso a la información, que comprenden el acceso a una pluralidad de medios y perspectivas informativas que permitan fortalecer la opinión pública en México.

Es decir, no sólo se trata de un problema de competencia económica en el que es necesario garantizar la entrada de nuevos competidores para bajar los precios e incrementar la calidad del servicio. Es algo mucho más profundo. La única posibilidad para asegurar el ejercicio de todas y cada una de esas libertades es a través de una verdadera competencia en los medios de comunicación, en la industria de telecomunicaciones. La exigencia del constituyente permanente puso la vara muy alta, quizá por ello ha habido tantos retrasos, problemas y jaloneos.

Es necesario escuchar con atención las pocas voces disonantes, como la de los senadores Javier Corral y su tocayo Lozano, que se han atrevido a decir clara y abiertamente que la iniciativa de ley enviada por la Presidencia de la República está buscando matizar los compromisos constitucionales. Éstos exigen que se establezca una serie de medidas asimétricas, que propicien la competencia efectiva. A partir de reconocer que existe un concesionario dominante en el mercado, se debe favorecer a los nuevos jugadores.

El mandato es claro, el Poder Legislativo debe generar reglas que dificulten la expansión del dominante y faciliten el nacimiento y permanencia de los nuevos participantes del multimillonario negocio de radio, televisión, telefonía e internet. El Estado asumió la responsabilidad de generar una política pública en la que simultáneamente se bajen costos y se eleve la calidad de los servicios y contenidos entregados al consumidor, deberá ampliarse el acceso a internet, incrementar la velocidad, dar opciones efectivas a todos los mexicanos, con independencia de su poder adquisitivo o lugar en el que habitan.

Sin embargo, la ley enviada por el Ejecutivo al Legislativo matiza la definición de preponderancia, especialmente en relación a los concesionarios de radio y televisión. El artículo 264 consta de 23 fracciones, apenas un par de ellas tienen cierto valor asimétrico, es decir, están diseñadas para propiciar la competencia hasta hoy inexistente. Además, se reduce el concepto de preponderancia únicamente al factor “audiencia”, eliminando otros cuatro elementos originalmente incluidos en el transitorio de la Constitución, que definió a un jugador predominante como aquel que tiene una participación mayor a 50% en cualquiera de los siguientes rubros: 1) número de usuarios, 2) suscriptores, 3) audiencia, 4) por el tráfico en sus redes o, 5), por la capacidad utilizada de las mismas. Es evidente que al reducirlo a uno solo, se están alejando del texto constitucional. La competencia en el sector quedará en promesa.

Como dije al principio, la parte medular de esta reforma está en el sexto y séptimo constitucional. Asegurar a los mexicanos y mexicanas el acceso a la información y la libertad de expresión entendidas lo más ampliamente posible es la única posibilidad de inclusión ciudadana real en el corto plazo. La calidad de la ley secundaria de telecomunicaciones determinará la posibilidad de acceso a mejor educación, mejor salud y, desde luego, incrementará la calidad de la ciudadanía. Eso es, ni más ni menos, lo que está en juego. ¡No nos dejemos distraer con el Mundial!

        *Académica

            Twitter: @MarvanMaria

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