Facciones estatales y nuevos consejeros

La posibilidad de conflicto y de hacer reglas ad hominem, para incluir o excluir algunas de las propuestas, crece al ritmo que disminuye el tiempo...

COMPARTIR 
María Marván Laborde 22/05/2014 01:33
Facciones estatales y nuevos consejeros

La Reforma Electoral exige la creación de nuevos reglamentos. Resulta pertinente hacer una reflexión sobre las dificultades que supone el nombramiento de los consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que significa también la remoción o ratificación de los actuales. La credibilidad del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) dependerá, en gran medida, de la transparencia del proceso, de la satisfacción de los partidos y de la convicción de la sociedad de que estos consejos serán autoridades imparciales y justas.  

El circuito de decisión del IFE era, ya de por sí, muy complejo y esta reforma le incrementa no pocos grados de dificultad. Cualquier decisión hay que procesarla entre consejeros, llevarla a través de las relaciones internas de la estructura. Consejeros más estructura tienen que lidiar con los partidos políticos, juntos o por separado; por si esto fuera poco, encima está el Tribunal Electoral.

Así como la Reforma Electoral de 2007-2008 incluyó directamente a las televisoras y radiodifusoras a la dinámica de los procesos electorales, la creación del INE agregó un nuevo círculo de decisión en el que están gobernadores, congresos locales pero, sobre todo, las clases políticas locales; éstas, de las que nadie habla, tendrán una enorme importancia, harán propuestas para los nombramientos de consejeros de los OPLE. Servirán de correas de transmisión entre la burocracia central de los partidos políticos y sus comités estatales, distritales y municipales. Sus diferencias (siempre las hay) sumarán presión sobre el Consejo General.

Es indispensable diseñar un reglamento que establezca claramente las normas para nombrar y destituir a los consejeros de los OPLE y, además, hay que hacerlo lo suficientemente rápido para que permita desahogar las impugnaciones en tiempo y forma, de tal manera que, al menos en los 17 estados en los que habrá elecciones, los consejeros estén firmes en sus puestos para septiembre. La urgencia se incrementa en los nueve estados en los que habrá de elegirse gobernador: Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Tanto en los estados como en Tlalpan ya están pensando, necesariamente, en estos nombramientos. Debido a la dilación de los partidos en el procesamiento de las leyes secundarias y a pesar de no ser muy recomendable, la creación de reglas caminará aparejada con las barajas de nombres, propuestas y vetos. La posibilidad de conflicto y de hacer reglas ad hominem, para incluir o excluir algunas de las propuestas, crece al ritmo que disminuye el tiempo.

Producto de la transición a la democracia, la correlación de fuerzas entre el PAN, el PRI y el PRD en cada entidad es distinta, pero también lo es la relación de los respectivos Comités Ejecutivos Nacionales y sus correligionarios estatales. Es un hecho, hasta el más mínimo conflicto será visible al asignar los puestos.

Tienen que lograr que, al nombrar 32 consejos, no generen el mismo número de conflictos. La coincidencia entre la élite partidaria en un determinado estado con los tomadores de decisión a nivel central y sus respectivos representantes frente al Consejo General facilitará los acuerdos, en sentido inverso, las fracturas entre facciones partidarias incrementarán tanto el número como la intensidad de las dificultades y todas se ventilarán en la mesa del Consejo General.

Si bien la política es el arte de lo posible, el árbitro electoral no puede verse tentado a aplicar la ley de la compensación a imagen y semejanza de los partidos de futbol, donde un error en la marcación de una falta se “corrige” tratando después de hacer favores al otro equipo. Normalmente eso hace que el arbitraje sea un desastre. El disgusto de un partido que se siente desfavorecido en un estado no debe ser compensado con ventajas en la entidad vecina. La dinámica de las elecciones estatales debe ser justa, imparcial, legítima y transparente en cada estado, aquí no puede haber promedios. Ese es el reto de la actual Reforma Electoral y la confianza en el INE depende de ello.

                *Académica

                Twitter: @MarvanMaria

Comparte esta entrada

Comentarios