Un triste recuento

Así como a través de un conjunto de acciones, procesos y actores las instituciones van creándose y legitimándose, así también van destruyéndose. Hay, pues, hechos fundacionales de creación y de demolición. 

No sé bien a bien dónde situar el inicio de la demolición de la credibilidad de algunas de las instituciones centrales para el régimen y la política democráticas o, al menos y para no exagerar, para tener un proceso, una jornada y un periodo postelectoral “normales”.

Pero como tengo que empezar por algún lado, elijo el 27 de octubre de 2016 cuando, a través de una reforma ampliamente cuestionada, los legisladores de todos los partidos, menos el PT, ampliaron el periodo de cuatro magistrados electorales que habían sido electos para un periodo menor. Para hacerlo, no repararon en violar la ley: alteraron el dictamen de comisiones, firmaron documentos de manera antedatada y sustituyeron la documentación ya publicada en la Gaceta del Senado. Las dudas sobre la institución encargada de decidir sobre las controversias a lo largo de la campaña y de calificar la elección presidencial de 2018 quedaron establecidas.

Vinieron después las elecciones del Edomex y Coahuila (2017). Ante la sorpresa de muchos, se estableció que en la primera de ellas no se rebasó el tope de campaña, pero en el caso de Coahuila el INE demostró no una, sino cuatro veces que esto había ocurrido y había méritos para anular la elección. En el último dictamen el INE probó que el candidato del PRI habría rebasado por 9.2% el límite de gasto permitido, pero el Tribunal le enmendó la plana descontando algunos gastos detectados (como publicidad en redes sociales), resolviendo que no se había rebasado el tope de campaña, y desestimando el condicionamiento de programas sociales, el activismo de funcionarios en favor de Riquelme y las irregularidades en el traslado de paquetes electorales y (con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez) determinó que no había motivo para la anulación.

A partir de este momento (24-11-17), se desató la desconfianza y se disparó la guerra entre el PAN y el PRI, que ya venía alimentándose desde que este último había perdido siete de las nueve gubernaturas de 2016. Las elecciones de 2018 ya estaban en marcha. De ahí vino el rompimiento del PAN y la guerra declarada entre la coalición que ha gobernado a México desde cuando menos 1997: el PRI-AN.

El problema no es la ruptura, sino lo que los candidatos, los partidos y los gobiernos en sus manos estén dispuestos a hacer a partir de la ruptura y que, en el caso de México con instituciones débiles, políticos tramposos y una población descreída, es demoledor para las elecciones y la posterior gobernabilidad.

El PAN, que había participado en la reforma y negociación para que el nombramiento del próximo fiscal general recayera en Raúl Cervantes y supuestamente el fiscal Anticorrupción en algún allegado a su partido, se desdijo. Desde entonces, Anaya fue visto como un político en el que no se podía confiar.

Sucesos como estos desataron la llamada guerra sucia, las denuncias sobre el patrimonio de Anaya y finalmente la imputación de lavado de dinero. El PRI escogió una mala estrategia: utilizar los aparatos de inteligencia y de procuración e impartición de justicia del Estado con fines político-electorales.

Agréguele las campañas anticipadas y de promoción personal de Anaya y, por mucho más tiempo, de AMLO, y tenemos otra flagrante violación al principio de equidad.

Siguió el sainete de los candidatos independientes. Otra vez el mismo patrón del fraude. La mayoría de ellos recurrió a lo que siempre acusaron en los candidatos partidarios: prácticas ilegales. El INE acreditó únicamente a M. Zavala después de la depuración de las firmas y demostró ampliamente que El Bronco se brincó todas las trancas. El Tribunal, en una votación de 4-3, volvió a enmendarle la plana con argumentos ayunos de credibilidad alguna que indignaron a todos, independientemente de sus intereses políticos, preferencias o ideologías. Imposible saber si hubo mano negra para mantener en la boleta a El Bronco, pero la convicción es que la hubo y el resultado es la certeza de que no se cuenta con un Tribunal imparcial, sino con uno —seamos justos, con cuatro magistrados— que más que jueces son parte. A los líderes de los partidos, felices por haberse repartido los nombramientos de los magistrados en un inicio, se les volteó “el chirrión por el palito”. El INE tuvo el valor de interponer denuncia ante la Fepade por actos ilícitos en la recolección de firmas, pero ya dijo su nuevo titular que aun cuando se comprobaran, ningún señalamiento o acusación penal contra El Bronco por irregularidades en las firmas podrá quitarle la posibilidad de aparecer en la boleta. Sólo el Tribunal puede hacerlo.

Sorprende, o quizá no tanto, la irresponsabilidad de todos los actores políticos que constantemente quebrantan las normas. Son ellos, con la ayuda del Tribunal, quienes están sentando las bases para justificar desde ahora que las elecciones más grandes de la historia sean también las más cuestionadas; para que el resultado no sea aceptado, sino litigado.