Mucho por hacer

La ENCIG (2017) ofrece información sobre tres importantes aspectos de la vida de los mexicanos: La satisfacción con servicios públicos, la condición de realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con las autoridades en ciudades, y junto con ella la percepción sobre la situación de la corrupción en México. No salimos bien librados ni en términos absolutos ni en comparación con años anteriores.

Después de la primera y constitutiva función de todo Estado que es la de brindar seguridad a sus habitantes y que la cumple de manera muy deficiente, una de las más importantes, y la cual justifica el cobro de impuestos, es la de la procuración de servicios públicos. En dos años los avances son insignificantes. La satisfacción promedio a nivel nacional pasó de 43.5% en 2015 a 44.5% en 2017. Esto a pesar de que el presupuesto aumentó 5.3% y los ingresos tributarios 21%. O sea, pagamos más y se gasta más, pero los servicios públicos se mantienen prácticamente igual en cantidad y calidad.

Destaca la alta satisfacción en los servicios de educación: Casi 67% de la población encuestada se dice satisfecha o muy satisfecha con el servicio de educación en primaria, secundaria y bachillerato y 82% con la educación pública universitaria. Esta situación contrasta con la de los servicios de salud prestados por el IMSS, donde alcanza apenas el 44%. Pero hay que destacar que en ambos servicios la medición es para los residentes de áreas urbanas de más de 100 mil habitantes. Es de suponer que los porcentajes son sensiblemente menores en las localidades más pequeñas, sobre todo en las áreas rurales. Para el caso de los servicios públicos básicos, las calles y avenidas, la policía y el alumbrado público, el nivel de satisfacción es de sólo 24%, 24% y 36%, respectivamente.

La corrupción vuelve a aparecer en el segundo lugar de los problemas que inquietan más a los mexicanos, pero se agrava respecto a 2015. El porcentaje de población preocupada por este fenómeno pasó de 50.9% en 2015 a 56.7% en 2017. Los datos son alarmantes.

A nivel nacional la tasa de prevalencia de la corrupción por cada 100 mil habitantes (aquellas personas que dicen haber experimentado/cometido directamente un acto de corrupción) subió de 12 mil 590 a 14 mil 635, o sea, un aumento de más de 16%. Este fenómeno se agrava si la pregunta cambia: 62 mil de cada 100 mil personas “creen o han escuchado que existe corrupción en los trámites realizados”. Esta corrupción incluye desde hacer un trámite vehicular hasta el cobro sobre servicios que en principio deberían ser gratuitos, como la recolección de basura. Tan sólo en este rubro, los hogares en las localidades de más de 100 mil habitantes gastan 88.5 millones semanales o, en promedio, 15 pesos a la semana.

Es perturbador que, además de que la percepción sobre la corrupción en la vida diaria haya aumentado, el ciudadano tenga que gastar enormes cantidades para obtener los servicios a que tiene derecho. En 2017, el costo total a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de siete mil 218 millones de pesos, o sea, 2,273 pesos promedio por persona afectada. Esto, sin contar las actividades que permiten el desarrollo de las unidades económicas.

El trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2017 fue el contacto con autoridades de seguridad pública con 60%, seguido de los trámites relacionados con la propiedad con 31% y 25% en los que hacemos con el ministerio público.

La buena noticia es que la propia ENCIG proporciona no sólo una guía hacia donde hay que enfocar las baterías en eso que llamamos la “pequeña corrupción”, sino además una solución perfectamente viable y alcanzable si el gobierno se lo propusiera.

La oportunidad de corromperse o ser corrompido aumenta sensiblemente cuando el medio por el cual se realiza un pago, trámite o solicitud de servicio involucra la interacción entre el funcionario y el ciudadano. Esto ocurre con demasiada frecuencia en México. A pesar de ser la economía número 16 por su tamaño tiene un muy bajo nivel de “automatización”. A nivel nacional, en 57.1% de los pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, los usuarios acudieron a instalaciones de gobierno para realizarlos, frente a tan sólo el 2.8% que utilizó internet para este fin. Si por internet es imposible corromperse o ser corrompido, habría que elevar el número de trámites que se llevan a cabo por esta vía. No debería ser muy complicado. El SAT lo ha hecho con mucho éxito. Según el propio Inegi, 64.7 millones de mexicanos tienen un teléfono inteligente y 50.6 millones (45.3% de la población) son usuarios de computadora.

Nada nos han dicho los candidatos sobre sus propósitos y fórmulas para solucionar la “pequeña” corrupción que nos afecta todos los días.