El terror y la esperanza

El caso que más escándalo ha causado es el desvío de recursos por dos mil 130 millones de pesos operado desde la Sedesol y la Sedatu. Las respuestas de la titular de las dos secretarías son reveladoras. Dijo en entrevista: la ley lo permite, díganle a los legisladores que la cambien, yo no me llevé el dinero a mis cuentas personales, Sedesol y Sedatu no son las únicas dependencias que lo han hecho, toca a la PGR decidir si hay delito o no. Tiene razón. Pero qué nos dice ya no de la ética pública de un funcionario sino de: a) que las secretarías gasten esa cantidad de dinero en prestación de servicios de producción y difusión de mensajes institucionales y promoción de programas de apoyo social; b) de haber decidido a qué compañías debía contratarse y por qué monto a cada una; c) de que los “entregables” se hayan sido simulados; d) de que entre las 84 compañías contratadas hubiese varias empresas fantasma; e) de que parte del dinero hubiese acabado en cuentas en el extranjero, f) de que no se haya cuidado que los entes públicos de los estados (Hidalgo, Quintana Roo y Sonora) contratados tuvieran la capacidad de prestar esos servicios y f) de que se haya subcontratado más de 49% que es lo que autoriza la ley. ¿No hay actos ilegales en cada uno de estos tramos?

El informe de la cuenta pública es una sucesión de casos de desvíos en la mayoría de las dependencias del gobierno federal, en el Congreso, en los gobiernos estatales y en las empresas productivas del Estado. Encontramos de todo: más de 850 mdp pagados a contratistas por el Grupo Aeroportuario de la CDMX (empresa de participación estatal mayoritaria dedicada al desarrollo, construcción, administración y operación del Nuevo Aeropuerto) sin aclarar; daño del gobierno de Tabasco por mil 500 mdp por el manejo irregular de la nómina magisterial; pago de 900 mdp de Sagarpa a beneficiarios sociales que presentan documentación alterada para recibir apoyos, que simulan operaciones bancarias, usan proveedores fantasma, fingen proyectos y piden recursos para nuevas instalaciones que en realidad ya existían; la no comprobación de más de 600 mdp en las subvenciones a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados; el pago en exceso que hizo Pemex por más de tres mil mdp por contratos relacionados con la rehabilitación de la planta de fertilizantes (Agro Nitrogenados) con equipo “incompleto, en mal estado y no utilizable”; o los gastos millonarios en Presidencia por mil 627 mdp sin autorización ni justificación.

Pero quizá lo más aterrador es la naturalidad con la que ocurre el desvío de recursos públicos sin consecuencias medianamente comparables al tamaño del daño que infligen estos actos de corrupción. El propósito de la fiscalización es comprobar el cumplimiento de los programas establecidos, la utilización adecuada de los recursos asignados y la obtención de resultados satisfactorios. Todo esto lo hace muy bien la ASF: revisa, audita y vigila. Pero, ¿y después? Nada.

Las últimas cifras señalan que de las 872 denuncias penales interpuestas por la Auditoría (2000-2017) sólo han sido consignadas y sentenciadas cuatro de ellas: ¡0.4%!

No sabemos exactamente cuántas denuncias administrativas y penales se deriven de los tres informes de la cuenta pública de 2016. Deberían ser muchas, pues es el año en que se han determinado más irregularidades en la historia de la ASF: sumadas se alcanza un presunto desvío de 114 mil millones de pesos, casi el doble que en el año anterior cuando se detectaron 67 mil millones de pesos.

Lo esperanzador. Sí. A pesar de este desolador panorama que explica que México siga retrocediendo en lugar de avanzando en el Índice de Percepción de Corrupción (un descenso de 20 lugares en los últimos cinco años), el trabajo de la ASF muestra que se pueden hacer bien las cosas; que si se cuenta con voluntad, se desarrollan las capacidades institucionales y técnicas y, sobre todo, si los intereses políticos no interfieren en el funcionamiento de las instituciones, se pueden obtener resultados equivalentes a los de las democracias consolidadas. ¿Por qué este organismo público sí funciona y la mayoría de los demás no?; ¿por qué no se “censuran” o “acallan” los hallazgos de la ASF que tan mal paradas dejan a las autoridades? La respuesta está en que los resultados de las auditorías y las denuncias que de ellos se derivan simplemente no tienen consecuencias. En que la PGR no se decide a castigar estos delitos. Más claro ni el agua. Sin una Fiscalía autónoma, independiente y eficaz, capaz de abatir la impunidad, lo que seguiremos teniendo es un gran aliciente para que los funcionarios públicos sigan desviando el dinero de los impuestos de los mexicanos.