¿Superpoderoso?

Una de sus tesis es que hoy tenemos a un Poder Ejecutivo debilitado, acotado o bastante menos poderoso que cuando se redactó la Constitución. Por buenas y malas razones, pocos se atreven a reconocerlo. Una de las buenas razones por la que la tesis no es aceptada es porque seguimos percibiendo y conociendo de los muchos abusos del Poder Ejecutivo. Abusos que a veces tienen respaldo legal y abusos que no siendo legales quedan en la impunidad. Una de las malas es porque el resto de los poderes y los partidos de oposición (claro, cuando no ocupan la silla presidencial) han convertido al Presidente en su villano favorito, olvidando con mucha frecuencia que ellos reproducen los mismos vicios que con tanta contundencia condenan en el otro.   

El libro muestra cómo el Poder Ejecutivo se ha debilitado por dos vías. La primera, la de los cambios políticos que han acotado su papel preponderante en la vida nacional. Parte del poder perdido deriva de que el Presidente no controla hoy ni la composición ni el comportamiento de los integrantes de los otros dos poderes que fueron creados para contrapesarlo. El Presidente no puede hoy hacer aprobar las leyes que son de su elección, simplemente porque no cuenta con los votos necesarios en el Congreso. Tampoco puede tomar ciertas decisiones de manera independiente, discrecional o arbitraria porque está a expensas de que la Suprema Corte determine que su actuación es inconstitucional y debe ser revertida. Este acotamiento acabó con eso que llamábamos el hiperpresidencialismo mexicano.

La otra ruta es la constitucional-institucional y deriva de una serie de reformas que fueron sustrayendo facultades al Poder Ejecutivo en áreas estratégicas originalmente reservadas a ese poder y se materializaron a través de la creación de un amplio conjunto de Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs). La merma de potestades del Ejecutivo es descrita de manera clara y detallada en el libro. Hoy el Presidente no puede decidir la política monetaria porque la tarea le fue transferida al Banco de México, ni la electoral porque le corresponde al INE, ni la de la promoción y protección de los derechos humanos porque le toca a la CNDH, ni la de la coordinación y desarrollo de los servicios de estadística e información geográfica que pasó al Inegi, ni la de la evaluación educativa que pertenece al INEE, ni la de comunicaciones que se otorgó al IFT, ni la de competencia que asumió la Cofece, ni la de la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social a cargo de Coneval, ni la de hacer realidad el derecho al acceso a la información y protección de datos personales trasladada al Inai. Falta por materializarse la de la Fiscalía General, que ya está en la Constitución y que, de ser instrumentada correctamente, podría suponer el fin del uso político de la justicia, la adopción de una política criminal y la formación de investigadores, peritos y ministerios públicos capaces de disminuir seriamente la impunidad que reina en el país.

A través de estas reformas, se terminaron prácticamente todas las facultades metaconstitucionales que refirió Jorge Carpizo hace más de cuatro décadas y que hacían del Presidente mexicano un personaje superpoderoso.

Pedro Salazar nos queda a deber la respuesta a dos interrogantes que se derivan naturalmente de su texto y que corren en direcciones opuestas. La primera es si no se nos ha pasado la mano con el acotamiento del Ejecutivo. Creo que debe haber políticas de Estado y que para ello es necesario, en la medida de lo posible, aislarlas de los vaivenes políticos. Pero, por otro lado, los vaivenes políticos son los que definen a la democracia que, al final, es la capacidad del elector de decidir sobre un conjunto de políticas que diferencian a un gobierno de otro. ¿Valdría entonces la pena revisar si ciertas políticas deberían permanecer en la esfera del Ejecutivo?

La segunda. ¿Deberían revisarse lo que podríamos llamar las otras facultades metaconstitucionales que siguen haciendo del Presidente mexicano un Presidente sumamente poderoso? Me refiero al “poder de la bolsa” del Poder Ejecutivo. Ese que deriva de disponer de muchos más recursos de los que aprueba el Congreso y de gastarlos sin rendir cuentas por la vía de las llamadas ampliaciones presupuestarias o de definir con demasiada laxitud el destino del famoso Ramo 23, a través de convenios que determina el propio Ejecutivo. Ese poder —tan sólo sumando estos dos rubros— vale ni más ni menos 754 mil millones de pesos (2016). Sí, según la Encuesta de Presupuesto Abierto México, tiene una honrosa calificación de 79 sobre 100 por la información que la SHCP pone a disposición del público, pero sólo alcanza 20 sobre 100 en su fiscalización.

Después de leer este indispensable libro, mi conclusión es que tenemos que dejar atrás la idea de que un presidente fuerte es un presidente autoritario. El blindaje al autoritarismo no reside en sustraerle facultades, sino en exigirle que rinda cuentas de cómo las ejerce.