Las lecciones de Corral

Su propósito es meramente electoral. Es exhibir “al otro” como el corrupto al que no se debe elegir porque nos seguirá robando. Puede resultar como táctica electoral y atraer algunos votos, pero su incidencia en la lucha contra la corrupción es simplemente nula.

Por fortuna, se comienza a gestar otro tipo de ejercicio que se aleja de los simples discursos y declaraciones mediáticas que hay que reconocer. En esta dirección se ubica el caso del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Como muchos otros gobernadores que lograron la alternancia en los últimos años, llegó a la gubernatura con la oferta de perseguir a quienes desviaron recursos desde el poder y de impedir que en su gobierno ocurriese lo mismo. No se puede escatimar su labor.

A diferencia de otros gobernadores que llegaron con la misma promesa, él la está cumpliendo al límite de sus facultades y, hasta el momento, no se han producido malos manejos en su administración. No podrá consumar el ofrecimiento de meter a la cárcel al exgobernador César Duarte si la Procuraduría General de la República decide no acompañarlo, llevar a cabo las investigaciones necesarias y solicitar su extradición, como sí lo hizo con Javier Duarte y Roberto Borge. Buena parte de los delitos que cometió son del fuero federal y ahí la Procuraduría Estatal está inerme. Su función topa con pared una vez presentadas las denuncias, los elementos probatorios y la coadyuvancia.

La información reciente se ha concentrado en el desvío de al menos mil 200 millones de pesos durante la administración de Duarte y en la triangulación de recursos federales a través de varias empresas fantasma para propósitos electorales. El exsecretario de Finanzas está bajo proceso judicial y confesó haber participado en una operación fraudulenta por 246 millones de pesos. Junto con él, están vinculados a proceso otros 14 funcionarios de la administración anterior. No se sabe y será difícil de probar que los desvíos de fondos de los que se acusa a Duarte hayan ido a parar a los candidatos del PRI a las elecciones que estuvieron en juego en 2016, pero, independientemente de su destino, el delito ahí está.

Este es el escándalo de la temporada, pero se nos olvida, entre tantos delitos presuntamente cometidos por César Duarte, a quien en 2014 se le acusó de haber comprado o al menos ser accionario de una caja de ahorro local, la Unión de Crédito Progreso, haberla fusionado con una casa de cambio y una sociedad financiera popular y, con base en el tráfico de influencias, obtener un permiso para convertirla en banco en el que se hacían depósitos de su propia administración. Nada se hizo al respecto, más allá de que la PGR y Unidad de Inteligencia Financiera declararon que estaban investigando.

Corral ha ido más allá de meras declaraciones con tintes electorales. Él ya está en el cargo. La Procuraduría Estatal ha hecho bien su trabajo en la investigación de los delitos de corrupción; la Secretaría de la Función Pública local trabaja a pasos acelerados para cerrar ventanas de corrupción a través de controles internos y nuevas reglamentaciones; la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua también ha puesto su grano de arena. La semana pasada nos enteramos, gracias a una de sus investigaciones, que el hermano del exgobernador obtuvo su pensión de manera ilegal. Funcionarios del nuevo gobierno encontraron que más de 60% de toda la obra pública se asignó de manera directa.

En qué parará la trama de César Duarte, no sabemos. Por lo pronto, Corral ha mostrado tres cosas en materia de corrupción. La primera es que hacen falta voluntad política, valor y pericia para detectar, investigar y perseguir a los funcionarios públicos que lucran con sus puestos. Segundo, que sin el auxilio y la venia de la Federación los resultados pueden ser, en el mejor de los casos, parciales; que seguimos siendo un país centralista y que el poder del centro hace palidecer al estatal. Tercero, que los modus operandi más socorridos de los gobernadores son la simulación en el gasto público, la colusión entre autoridades federales y estatales, la creación de empresas fantasma y las adjudicaciones directas.

La discusión se ha centrado en si el desvío de recursos tuvo como propósito y destino apoyar a un partido. Se justifica que así sea en un año electoral como el que vivimos y con el historial de nuestros partidos. Pero lo que urge es detener el robo en despoblado que efectúan los gobernadores. Para ello, es indispensable terminar con la discrecionalidad de las ampliaciones presupuestales que autoriza Hacienda en favor de los gobernadores y de las que se han beneficiado todos —unos más que otros— sin chistar más que cuando no las reciben.