2ª vuelta: sí se puede

Estimo que esta redacción se ciñe únicamente a las leyes electorales, mas no a la Constitución. Si estoy en lo correcto, el artículo 81 podría ser modificado por el constituyente permanente para añadir, como en muchas constituciones de América Latina, lo siguiente: “El Presidente será electo en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. Si ningún candidato obtuviera más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación entre los dos candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquel que obtenga mayor número de sufragios. La segunda vuelta se llevará a cabo ‘x’ días a partir de la declaración de los cómputos oficiales.” Existen ya en el Congreso 20 iniciativas de todos los partidos en ese sentido. La primera de 1998 y la última de 2017.

Las modalidades pueden variar. La mayoría de los países fija el umbral en 50% para obligar a la segunda vuelta, otros en 40% y otros más en ese mismo 40%, a menos de que la diferencia entre el primero y segundo lugar fuera de 10%. Los tiempos entre la primera y segunda vueltas también varían: Brasil, 20 días; Ecuador, 45; Chile, 15.

Estoy consciente de que esta reforma obligaría a modificar las leyes electorales habiendo iniciado el proceso electoral. Este escollo —establecido en el 105 constitucional— se superaría a través de un transitorio que exceptúe, por esta ocasión, la prohibición de modificar las leyes electorales 90 días antes del inicio del proceso electoral.  Lo anterior, en el ámbito de la discusión de si todavía se está a tiempo de acoger la segunda vuelta. Tiempo hay. Otro tema es si “conviene” adoptarla.

Siempre he pensado que los más fervientes promotores de la segunda vuelta sobreestiman las consecuencias que ésta atraería al sistema político, tanto en términos de legitimidad como del fortalecimiento del mandatario en turno. La segunda vuelta no acabaría con el problema del fraccionamiento del sistema de partidos, a menos de que se introdujera una segunda vuelta en las elecciones legislativas y, de preferencia, desfasadas de la elección presidencial, como en Francia. Las facultades formales del Presidente serían las mismas con el 20, el 30 o el 60% de los votos y sus “facultades políticas” dependerían no de esa votación, sino de la del Congreso y, desde luego, de su capacidad para negociar. Mucho menos resolvería los problemas de gobernabilidad. Ahí están Chile, Brasil o Argentina para demostrarlo.

Pero aun cuando la segunda vuelta no resuelva todos los problemas —ninguna norma puede hacerlo— ni deban sobrevenderse sus ventajas, hay algunas innegables. La primera es que ningún presidente llegaría con más oposición que apoyo. La segunda ventaja es que permite a los electores un voto estratégico: optar por su segunda preferencia, evitar que llegue el candidato menos preferido o la emisión de un voto útil. La tercera es que tiene el potencial de formar coaliciones que rebasen el momento electoral y evitar un bloqueo sistemático en el Congreso a un presidente que obtenga una votación muy reducida. Finalmente, la segunda vuelta tiende a favorecer a los candidatos moderados, aquellos que se alejan de los extremos y que permiten una mejor convivencia política.

Algunos analistas y políticos opinan que introducir la segunda vuelta no sería en estos momentos conveniente porque parecería una reforma ad hominem, es decir, con destinatario. Curiosamente, los dos más grandes opositores a la reforma son Morena que con López Obrador ocupa el primer lugar en las encuestas y el PRI que, como partido, es el que más rechazo recaba entre los electores. Con las preferencias de hoy, que distan de prefigurar las de 2018, López Obrador y Morena sin duda aparecerían en la boleta de segunda vuelta y, el PRI quedaría descartado de la misma. A las reformas hay que juzgarlas, además de por su carácter democrático y ampliación de los derechos políticos, por su funcionalidad, es decir, por sus efectos deseables sin saber a quién o quiénes beneficiará. La segunda vuelta cumple con ambos supuestos.

Concluyo pues que las ventajas de la segunda vuelta justifican la reforma y que contra lo que se dice, aún hay tiempo para impulsarla. Todavía no hay candidatos ni alianzas registradas, así que la indispensable certeza jurídica para los contendientes quedaría resguardada. Hay tiempo, pero el reloj avanza y pronto, el 1º de septiembre, iniciará el periodo electoral. Si se quiere, se puede.

Twitter: @amparocasar