Dinero y elecciones

El dinero público que se otorga a los partidos (más de 4 mil millones en 2017) nos parece elevadísimo y los topes de campaña más que suficientes. Para las elecciones a gobernador de este año, el de Edomex está fijado en 285.5 mdp, para Coahuila en 19.2 mdp y para Nayarit en 19.8 mdp.

Sin embargo, los especialistas calculan que el dinero que fluye en los procesos electorales es de 6 a 1, es decir, por cada peso que se permite gastar, en realidad se gastan seis más y su origen es desconocido. Para evitar su trazabilidad, mucho de este dinero se eroga en efectivo. El Banco de México reporta un alza de hasta 5% en el flujo de billetes y monedas en circulación en época electoral. Otras formas de superar el monto asignado a los partidos y de evadir los topes de campaña es triangulando los pagos a proveedores diversos de una campaña electoral a través de despachos especializados o apoyos en especie.

No es que la cantidad de dinero gastado determine por sí solo el resultado electoral, pero lo que es cierto es que, si un partido o candidato quisiera mantenerse dentro del límite permisible por ley, se vería en una gran desventaja. Una desventaja potenciada por la ausencia de consecuencias para el adversario en caso de rebasar los topes de campaña. Estamos ante un problema de acción colectiva. Con que uno de los contendientes decida gastar más dinero que el permitido (a sabiendas de que no será castigado), el resto de los contendientes se verá obligado a hacer lo mismo si quiere ser competitivo.

En el reporte más reciente de la Fepade se revela que en los procesos electorales que están en marcha, los delitos y faltas electorales más frecuentes son, en orden descendente: el financiamiento ilícito, la retención de salarios, el turismo electoral que consiste en movilizar a personas de otra entidad federativa para que se registren y voten en el estado en el que habrá elecciones y el condicionamiento de programas sociales. Los partidos más denunciados/acusados/inculpados para los comicios de 2017 (Coahuila, Edomex y Nayarit) son el PRI, seguido por el PAN y Morena.

La Fepade, que es el organismo responsable de investigar los delitos electorales federales, ha hecho un gran esfuerzo para detectarlos y sancionarlos. A su titular, Santiago Nieto, se le debe la consignación ante un juez federal del expediente para solicitar una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar por la firma de un contrato para la elaboración y entrega de 10 mil tarjetas Premia Platino con el fin de condicionar el voto en favor del PVEM en los comicios de 2015.

Pero los resultados de la Fepade dejan mucho que desear. Es una institución (¿deliberadamente?) débil en cuanto a su autonomía y sus recursos. Además de su dependencia frente al procurador, la Fepade cuenta con un presupuesto insuficiente: 160 millones de pesos. Esta cantidad es menor a la que recibe un partido al que probablemente usted ni siquiera conoce, el PES; tiene 108 ministerios públicos y sólo 26 policías para hacer todo su trabajo. Lo peor, no tiene forma de que las denuncias presentadas lleguen a buen puerto.

Para este proceso electoral cuenta —al 30 de abril— con 234 averiguaciones previas o carpetas de investigación abiertas por presumibles delitos en el Edomex, Coahuila y Nayarit; 23 consignaciones y 196 órdenes de aprehensión. Veremos cuántas prosperan o si más bien pasarán a ratificar la cifra general de impunidad que alcanza el 97 por ciento.

No hay manera obvia ni fácil de terminar con esta situación. Pero algo se puede hacer. Además de fortalecer a las instituciones como la Fepade para que la sanción funcione como disuasivo de los delitos, urge revisar el modelo dinero/elecciones que hemos adoptado. El dinero público que se da a los partidos es trazable: su origen y destino puede ser fiscalizado. Aun así, podría evitarse o bajar sensiblemente el costo del monitoreo y elevar su eficacia si a los partidos se les entregara el dinero en una especie de “vales” canjeables por parte de los receptores de su gasto. Lo que no es tan fácil de perseguir es el dinero ilícito. Algo habremos de inventar porque el dinero por debajo de la mesa no sólo es ilegal y opaco en cuanto a su origen, sino que tiene el efecto de pervertir la representación y el ejercicio de gobierno una vez que el candidato ganador obtiene el puesto. Cuando se llega a la Presidencia, a la Gubernatura, al Congreso o a la Presidencia Municipal, las deudas con los “donantes” son tales que el ganador llega con los recursos, obras y compras gubernamentales ya comprometidos. Llegan siendo rehenes de sus patrocinadores. Llegan habiendo empeñado los ingresos que aún no reciben y por tanto el futuro del municipio, del estado o del país.

Twitter: @amparocasar