Para eso estamos

La sociedad mexicana es débil en parte por el corporativismo estatal adoptado después de la Revolución, por el uso de las organizaciones sociales para apoyar al Estado y por la cooptación de los medios que les impidió ejercer el papel de revelar los abusos del poder y propiciar el debate. Junto con el monopolio del poder por un solo partido, México padeció también el monopolio de la acción política. Las cosas eran como el gobierno en turno quería que fueran.

Esto ha cambiado. La sociedad sigue siendo poco participativa y parte de los medios, particularmente a nivel estatal, siguen cooptados a través de la publicidad estatal y otros medios más primitivos. Pero han surgido multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil, think tanks y grupos de académicos conscientes de su papel como vigilantes y contrapeso del Estado. Conscientes también de que la crítica debe ir acompañada de propuestas de solución. Los hay en materia de derechos humanos, violencia, medio ambiente, justicia, transparencia, rendición de cuentas, corrupción e impunidad y en favor de la igualdad y la inclusión. No son uniformes ni aspiran a serlo. Los hay de diferentes credos, filosofías, ideologías o corrientes de pensamiento. Si la sociedad es diversa, las OSC también lo son. Mientras unas luchan por el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, otras luchan por el llamado derecho a la vida desde la concepción. No representan a la sociedad —no fueron electas, ni tienen amplias bases sociales, ni cuentan con facultades establecidas por la ley— pero sí son representativas de distintos puntos de vista y causas.

Por naturaleza son incómodas para los gobiernos y los políticos. Observan, vigilan, exhiben y critican las acciones de las autoridades. Idealmente, proponen. No gobiernan, pero exigen que el ejercicio de gobierno se ciña a los principios constitucionales. No legislan, pero proponen mejoras a la legislación. No tienen capacidad de hacer designaciones, pero sí de exigir que los procedimientos se apeguen a la normatividad. No pueden elaborar sentencias, pero sí señalar cuando ellas se apartan del marco jurídico. No pueden operar programas presupuestales, pero sí vigilar que no se desvíen.

La gran debilidad de las OSC está en su precariedad financiera. Unas viven de fondos públicos, otras de financiamiento privado y otras más de recursos de fundaciones. Su gran fortaleza es que suelen operar con independencia de sus “patronos”.

Hoy, como en los viejos tiempos, se percibe un hartazgo del gobierno frente a las críticas, movimientos, exigencias y propuestas de algunas OSC. Se les empieza a identificar como el enemigo a vencer; como molestos focos de subversión frente a la voluntad gubernamental. Imagino una línea de pensamiento como la que sigue: a nosotros nos eligieron para gobernar; ya bastante tenemos con los partidos de oposición con los que hay que negociar por el dichoso pluralismo; encima llegan estos “autonombrados” y cuestionan nuestra autoridad, forma de gobernar y políticas públicas; en todo se meten, todo cuestionan, todo critican. Esta línea de pensamiento está llevando a un peligroso ¡ya basta!

En política no hay casualidades: retiro de apoyos, auditorías que deberían ser aleatorias, pero cuyo calendario es demasiado coincidente con álgidos posicionamientos, recordatorios de que la autorización para ser donatarias es facultad gubernamental, plumas pagadas, mensajes intimidatorios, organización de “contramovimientos” y hasta asaltos a sus oficinas.

Las OSC son un “mal” o un “bien” necesario. Depende de cómo se les mire. Quizá son un “mal” para poder ser un “bien”. Algunas de sus acciones han servido para prevenir, otras para evitar y otras más para corregir o, incluso, para avanzar.

Vale preguntar, sin la acción de la sociedad civil: ¿habrían cesado al porky-juez?; ¿tendríamos un sistema anticorrupción?; ¿se habrían frenado los paquetes de impunidad en Veracruz y Quintana Roo?; ¿habría investigado el SAT las empresas fantasmas de Duarte?; ¿habría propuesto el Presidente la modificación de la ley que convertiría en automático al procurador en fiscal?; ¿tendríamos un Coneval o un INAI?; ¿conoceríamos los dispendios del Congreso y la discrecionalidad con que se gastan las asignaciones presupuestales a los grupos parlamentarios?

Las presiones que han sufrido organizaciones como Mexicanos Primero, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Causa en Común y otras más son impropias de un gobierno abierto. Sin duda, las OSC, al igual que la academia, pueden ser incómodas y se pueden equivocar. Pero son tan indispensables como útiles para lograr aquello de que primero hay que sentar las bases sólidas para que los gobiernos gobiernen e inmediatamente después hay que vigilarlos y exigirles. Para eso estamos. No somos sus enemigos. Desde la crítica y la propuesta podemos ser aliados.

Twitter: @amparocasar