Jugando con fuego

La utilización de las Fuerzas Armadas (FA) en el combate al crimen organizado y su permanencia en amplias zonas del territorio nacional por más de diez años puede dar al traste con el principio posrevolucionario que llevó a desmilitarizar la política y despolitizar al poder militar. La estabilidad del régimen no puede explicarse sin un ejército unido y disciplinado que dejó de reclamar el derecho a gobernar directamente y se retiró de las disputas por el poder. Tampoco puede explicarse sin el hecho de que se ha mantenido leal a la institución presidencial y sin ninguna pretensión de exceder las funciones establecidas.

Esto es lo que está en juego.

Una de las consecuencias no deseadas —o peor, no pensadas— de haberles pedido cumplir con tareas de seguridad pública es la de haber puesto en el debate público el papel de las FA y su comportamiento. Hoy, y no por voluntad propia, están en los medios todos los días y expuestas al escrutinio público. Peor aún, las han convertido en parte de las campañas electorales para 2018. Al hacerlo, las han obligado a alzar la voz como actor político. Lo más importante no es si AMLO agredió al Ejército públicamente y sin sustento. Lo importante es que las FA, sin desearlo o tener opción, se ven obligadas una y otra vez a fijar posición política.

La solución a este entuerto es que regresen como lo ha expresado una y otra vez el general Cienfuegos a las tareas propias de la institución. El problema es que no hay condiciones para hacerlo en el corto plazo porque hoy sólo hay algo peor a que las FA se encarguen de la seguridad pública y es que nadie más lo haga. Círculo vicioso sin duda. A sabiendas de que el Ejército cumple con la orden presidencial de ocuparse de esta tarea, el gobierno federal y en especial los estatales han incumplido con el mandato de fortalecer a sus policías. Los indicadores de violencia señalan que la seguridad no ha mejorado y los diagnósticos sobre las policías federal y estatales muestran que la profesionalización policial no avanza.

En este contexto se da la discusión en el Congreso de la Ley de Seguridad Interior que busca regular la actuación de las FA. En este debate, Alejandro Madrazo ha planteado una propuesta seria y atendible. Parte de tres premisas: a) las FA no pueden seguir ocupando el lugar de la policía civil; b) para superar esta anormalidad constitucional se necesita transitar a un nuevo modelo de seguridad pública y; c) entre más tiempo pasa con las FA a cargo de la seguridad pública, menos capaces parecen las policías para asumir su responsabilidad de hacerse cargo de ella. Con realismo añade que la desmilitarización inmediata de la seguridad pública no es posible. Por eso plantea dos módulos legislativos. Uno que regule el escenario final al que se quiere llegar y otro que permita transitar para alcanzar ese objetivo.

En el primero se trata de regular por separado la seguridad nacional, la interior y la pública. Aquí propone que la seguridad interior propia de las FA debe quedar acotada a escenarios específicos y determinados (p. e., catástrofes naturales, epidemias, rebeliones para derrocar al gobierno o la secesión de una entidad). Esta ley debe contener los supuestos y procesos para el despliegue de las FA que son distintos al uso de la fuerza bajo seguridad pública tanto en armamentos y tácticas como en objetivos. Admite también que se acepte la posibilidad de que bajo alguna circunstancia futura se requiera volver a recurrir a las FA en tareas de seguridad pública, pero en ese caso deberá reunir dos requisitos: la previa suspensión de la garantía constitucional que ordena que la seguridad pública esté a cargo de cuerpos civiles (artículo 21) y, periodos cortos con exigencia escalonada para su renovación. Añade que para este supuesto un grupo de las FA deberá estar previamente entrenado en funciones de seguridad pública.

Madrazo admite que el escenario que presume esta regulación no está presente y por eso propone una legislación transitoria que faculte y regule el desempeño actual de las FA en tareas de seguridad pública, pero que simultáneamente obligue a la construcción de policías profesionales con condiciones laborales y técnicas adecuadas para su desempeño. La propuesta de Madrazo es más rica y detallada y puede consultarse en Horizontal (21-02-17), pero da una salida realista e inteligente a la legítima demanda de las FA de tener un marco jurídico que las respalde en las circunstancias actuales, que tome en serio la necesidad, también planteada por las FA, de regresar a sus funciones y que haga efectivo el precepto constitucional de que los órganos encargados de la seguridad pública sean de carácter exclusivamente civil.

Twitter: @amparocasar