Cuesta mucho, rinde poco

Con una economía que no crece lo suficiente, una baja constante en el aprecio de las instituciones políticas, la elevación de los índices de corrupción e impunidad, el alza en los precios de la gasolina, la violencia que no cede y ahora la amenaza de Trump, nuestra democracia se está desvalijando.

El enojo con el régimen se estimula con lo que los ciudadanos perciben como un sistema que cuesta mucho y rinde poco.

Mídasela como se la mida, tenemos una democracia costosa por los cuatro costados. Es una de las más caras del mundo aun si sólo contáramos el dinero que se utiliza para lo estrictamente electoral y sólo el dinero por arriba de la mesa, o sea, el estrictamente legal. Hoy que se acercan las elecciones, algunos actores políticos quieren aparecer como los adalides de la disminución de los costos de la democracia. La mayoría de las propuestas, no todas, es pura demagogia y hay alternativas evidentemente más eficaces que no se ponen en la mesa de discusión porque afectan intereses burocráticos y políticos. 

El primer costado es el de los representantes. Como medida de austeridad, el recorte del número de diputados y senadores es simplemente demagógica. Puede ser más conveniente tener una Cámara baja más pequeña porque es más fácil negociar entre menos que entre más actores o una Cámara alta que regrese al espíritu original de representar territorialmente a los estados y no a los partidos. La propuesta de pasar de 500 a 400 diputados y de 128 a 96 o a 64 senadores suena atractiva porque la gente no quiere tener más, sino menos políticos, pero la realidad es que cortar en 20% el número de diputados o en 25% el número de senadores en poco ayudará a tener un Congreso más barato. Se desilusionarán los que piensen que el gasto de cada cámara disminuirá en 20 y 25%, respectivamente. Hay muchos otros gastos fijos además de los sueldos y las prestaciones de los legisladores. El Congreso tiene una burocracia enorme (más de cinco mil empleados) y poco productiva que absorbe buena parte de los recursos que se le asignan y que quedarán intactos. Y no le extrañe que los legisladores que queden argumenten que como ahora se repartirán el trabajo entre menos personas, su sueldo y la burocracia que los acompañe deben ser mayores. Mejores propuestas serían desaparecer las asignaciones parlamentarias que se llevan el 20% del presupuesto total o reducir el ridículo número de comisiones que de poco sirven.

El segundo y tercer costados son el dinero que se asigna a los partidos y su fiscalización. Este 2017, sin elecciones federales, el monto del financiamiento público federal para actividades ordinarias de los partidos asciende a casi cuatro mil millones. Para el año que viene, espere usted un aumento de al menos 50% porque es año electoral. Se trata tan sólo del dinero “oficial”, de aquél sobre el que supuestamente se rinden cuentas. Mejores vías serían las de fiscalizar el dinero que se usa en las campañas o impedir la desviación de recursos de los gobiernos de los estados para apoyar a sus partidos en las elecciones. Hasta el momento, la oferta más sensata es la que ha recuperado el legislador local Pedro Kumamoto, quien propone cambiar el cálculo del dinero a repartir entre los partidos, no con base en el número de personas inscritas en el padrón electoral, sino con base en el número de votantes en la elección anterior (#SinVotoNoHayDinero).

Finalmente está el costado de la burocracia encargada de administrar y “juzgar” los procesos electorales. No hay país en el mundo, ya se ha dicho hasta la saciedad, que tenga una burocracia electoral federal del tamaño de la mexicana y otras 32 que la acompañan para las elecciones locales. Burocracias que funcionan los 365 días al año y que incluso aumentan en las épocas electorales. El INE cuenta con más de 16 mil empleados y los OPLES no sabemos bien a bien. El TEPJF con mil ochocientos empleados y la Fepade con dos mil seiscientos.  La suma de tan sólo los presupuestos de los organismos federales supera los 18 mil millones. No se justifican salvo por la inercia. Otra medida sería la de eliminar la representación de los partidos en el INE: sus sueldos y prebendas. El cuento de que el costo de la democracia mexicana es del tamaño de la desconfianza ya dio de sí. Los costos siguen aumentando y la desconfianza también.

Más de 60 organizaciones convocamos a tod@s a marchar, el próximo domingo 12 de febrero a las 12:00 horas, del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México y en las plazas principales de cada ciudad del país. La marcha es apartidista. Ni progobierno, ni antigobierno. Es por el respeto a México, por la defensa de los derechos de los mexicanos de aquí y de allá y por la unidad frente a lo que significan las políticas nacionalistas, supremacistas, proteccionistas y racistas del señor Trump.

Twitter: @amparocasar