La sartén por el mango

La segunda es que las elecciones de 2015 fraccionaron el sistema de partidos, haciendo más complejo el tejido de acuerdos en caso de que prevalezca “el uso y costumbre” iniciados con la era de los gobiernos divididos de aprobar las iniciativas con el consenso del conjunto de los grupos parlamentarios. Los 232 legisladores que no pertenecen a la coalición gobernante están divididos en cinco partidos que sufren crisis internas y que no actúan concertadamente como oposición.

Con esta aritmética legislativa la coalición gobernante tiene la sartén por el mango. Al menos para la legislación secundaria está en situación de ventaja para fijar la agenda y acelerar o retrasar el paso de las iniciativas durante el periodo de febrero-abril, en el que ya no hay comisiones que repartir ni presupuesto que pactar ni comparecencias que atender.

Pero esta ventaja también compromete a la fracción del partido en el poder en las iniciativas que siguen pendientes y para cuyo retraso es difícil encontrar justificación cuando uno piensa que iniciativas sumamente complejas y controvertidas como la energética, la de telecomunicaciones o la educativa lograron mayorías o consensos para ser aprobadas a toda velocidad.

Aun cuando hay una suerte de interpretación de que para el gobierno la agenda legislativa está prácticamente cumplida. No es el caso. Los legisladores tienen iniciativas secundarias por aprobar tan importantes como las llamadas reformas estructurales. Lo que es más, sin su legislación secundaria, muchas de las reformas constitucionales no pasarán a su segunda fase y tendrán pocas probabilidades de dar los resultados que prometieron. Otras tantas no tienen que ver con las reformas constitucionales aprobadas, pero son de urgente resolución porque repercuten en los problemas que los mexicanos consideran que más les afectan en su vida diaria: seguridad, corrupción y economía.   

En materia de seguridad y hablando únicamente de las leyes y no de las políticas públicas que de ellas se debieran derivar, figuran dos. La ley para castigar la desaparición forzada que no presenta avances, a pesar de que su plazo venció el 6 de enero pasado. Sobra enfatizar su importancia cuando, tan sólo en este mes de enero, en Veracruz, se dio la desaparición de cinco jóvenes a manos de la policía en Tierra Blanca, y en Guerrero fueron secuestradas o levantadas, entre otras, 21 personas a manos de los grupos delincuenciales. La otra es la del Mando Único de la policía. Al igual que otros analistas, sostengo que una ley que concentre el control policial en manos de los gobernadores no es una panacea y que el problema es que no se ha construido “una estructura moderna, profesional y funcional de seguridad” (Luis Rubio, Reforma, 17/I/16). Pero en lo que eso se logra, podría funcionar.

Las leyes sobre el combate a la corrupción también urgen para darle algún viso de credibilidad al recientemente aprobado Sistema Nacional Anticorrupción y, al momento, no se ven acuerdos para empujarlas y sí, en cambio, una lucha por el contenido de la Ley sobre Responsabilidades Administrativas y la del propio Sistema Anticorrupción. Lo que está en juego con estas leyes no es menor: desde la tipificación de las conductas hasta las penas correspondientes y desde las facultades de las cuatro dependencias que forman el sistema hasta la autonomía y capacidad para prevenir, detectar y castigar los actos de corrupción. Sería costoso no aprobarlas en el periodo que comienza, pero a juzgar por el hecho de que sigue sin nombrarse al titular de la fiscalía anticorrupción, el compromiso no parece muy firme. Junto con ellas, quedaron también atoradas la Ley de Obra Pública, la Ley Federal de Transparencia, la ley para crear la Fiscalía General de la República y la que deberá regular el fuero legislativo. La morosidad, en su aprobación, no deja bien parado al Ejecutivo ni a los legisladores en uno de los tres principales problemas que percibe la población: la corrupción y la impunidad que la acompaña.

En materia económica también hay pendientes, aun cuando se piense que en este tema —el que ocupa el primer lugar entre las preocupaciones del mexicano— lo principal es la actuación directa del gobierno. Falta la Ley de Asociaciones Público-Privadas y la de la Disciplina Financiera de los Estados. Pero, sobre todo, falta una con la que se comprometió el presidente Peña Nieto como líder de la coalición gobernante: la seguridad social universal. 

Desde luego que hay decenas de otros temas sobre los que se debe legislar, pero, de entre todos, éstos no pueden esperar.

Twitter: @amparocasar