¿Por qué aquí no?

La Audiencia Nacional, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la Fiscalía Anticorrupción, la Unidad Antiblanqueo del Banco de España. Puede ser. Pero México también cuenta con instituciones similares que no supieron o no quisieron hacer la tarea. La SHCP tiene una unidad de inteligencia y anti-lavado de dinero, además de la Procuraduría Fiscal, una Secretaría de la Función Pública, una Auditoría Superior de la Federación y sus correlativas auditorías estatales, un Sistema de Administración Tributaria y sus símiles en los estados y una Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción (antes de 2014 la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia).

A esta respuesta podrían acompañarla otras dos. Los agentes de las instituciones españolas están mejor preparados y tienen mayores recursos para el desempeño de sus labores y, además, no están penetradas por fuertes intereses político-partidarios. No lo sé. A juzgar por el reportaje de La Revista de El País es difícil sostener esta hipótesis (17/01/16). La justicia española no es infalible y, como se sabe, la corrupción es rampante y también presa de intereses políticos. Según las crónicas periodísticas, el propio juez responsable de la captura de Moreira fracasó cuando quiso proceder en contra de tres soldados estadunidenses responsables del lanzamiento de un proyectil contra el hotel Palestina, en el cual murió un camarógrafo español. En ese caso aparentemente intervinieron los mandatarios de EU y España —Bush y Zapatero— y el proceso se frenó.

Acompañan a estas explicaciones el hecho de que en España hubo un personaje —el juez Santiago Pedraz— que se empleó a fondo en la tarea haciendo uso pleno de los instrumentos que le otorga la ley. Por ejemplo, investigó a partir de haber detectado el simple hecho de que sus bienes y forma de vida no coincidían con su condición de estudiante y de una persona sin ingresos declarados.

Otra posible respuesta es la naturaleza del delito perseguido. España privilegió el delito de lavado de dinero por las sospechosas transferencias financieras hacia ese país. Pero ahí no sólo se le acusa de blanqueo de dinero, sino también de malversación de fondos públicos para transferirlos a ese país, cohecho y organización criminal.

El caso es que por estos u otros delitos como la obtención de tres mil millones de pesos con base en documentos falsos, el ocultamiento de pasivos, asociación delictuosa, desvío de millones de dólares al extranjero e inversiones en negocios inmobiliarios, la justicia mexicana no quiso persistir en la indagatoria. La Procuraduría de Justicia de Coahuila se declaró incompetente y la PGR primero no consiguió una orden de aprehensión y, después, congeló el expediente dejándolo en el limbo de la justicia mexicana. Actualmente los supuestos involucrados guardan distintas condiciones: prófugos, juzgados en EU, absueltos o simplemente sin indagatoria.

Hay explicaciones más robustas. La diferencia entre México y España no estriba tanto en las instituciones sino en la concepción que se tiene de la corrupción, la falta de liderazgo y de voluntad política.

En México se tiene o se trabaja con la idea equivocada de que los “hechos” de corrupción son eventos aislados, cuando están lejos de serlo. En el affair Moreira estuvieron involucrados, además de él, su tesorero, el gobernador interino, el empresario González Treviño, dos funcionarios de la SHCP, cinco de la administración local y su secretario particular, que actuó como prestanombres. A esto se le llama una red de corrupción y asociación delictuosa.

En México faltó liderazgo. No hubo organización, partido de oposición, titular de alguna de las instituciones anticorrupción o agente del Ministerio Público interesado en convertirse en líder del litigio.

Finalmente, la voluntad política fue inexistente. El exgobernador convertido en presidente del PRI por Peña Nieto para coordinar su campaña presidencial fue protegido hasta el límite; el entonces presidente Calderón no se empeñó a fondo en la investigación y el único “castigo” que recibió fue su forzada renuncia a la presidencia del hoy partido en el gobierno, aunque sigue perteneciendo a sus filas. A esto también deberíamos llamarlo por su nombre: “red de complicidades”.

Diversos funcionarios del PRI y la Presidencia han pedido “no adelantar juicios”. ¿De veras? Más allá de que cualquiera tiene el derecho a recibir un proceso justo, no parece razonable ni inteligente pedir tal cosa ante las evidencias de ayer y de hoy en México, Texas y España. La no investigación del caso Moreira en México sí es un caso ejemplar de politización de la justicia.

Twitter: @amparocasar