¿Para los políticos o para los capitalinos?

En este mismo espacio (6/V/15) nos preguntábamos si se necesitaba una Constitución o bastaba con modificar el Estatuto del DF; si la reforma nos convertiría en ciudadanos de primera; si se mejoraría el pacto social o la relación entre gobernantes y gobernados y si la propuesta de Asamblea Constituyente era la adecuada.

Pasaron más de seis meses y las preguntas siguen siendo las mismas porque los legisladores no se dignaron a tomar en cuenta ni las críticas ni las reflexiones ni las propuestas. Sin debate, ni razones ni mejoras, los diputados aprobaron prácticamente la misma reforma. Las respuestas, por tanto, también siguen siendo las mismas: poco o nada se gana más allá de un mayor gasto, intercambios legislativos de los que poco sabemos y la satisfacción de los apetitos de los políticos.

Los argumentos de que ahora tendremos autoridades con mayor capacidad de acción y decisión y que habrá mayores oportunidades de desarrollo político, social, cultural y económico, simplemente carecen de asidero. La capital seguirá siendo la capital con su vibrante vida social, cultural y económica, con los derechos sociales más avanzados del país, pero también con sus problemas de vialidad y asentamientos irregulares que la tienen colapsada, con la inseguridad de la que es presa, con la falta de rendición de cuentas y ocupando el último lugar en el Índice de Corrupción de los Estados, con la gran discrecionalidad que ha caracterizado a sus gobernantes y con una Asamblea que no se ha distinguido ni por su transparencia ni por su probidad.

Si la pregunta es en qué mejoraremos los capitalinos, la respuesta no se hace esperar: en nada. Lo que se obtiene con la reforma es una Constitución en lugar de un estatuto de gobierno, poder de iniciativa equiparable al de las otras entidades federativas, facultad para nombrar libremente al jefe de la Policía, aunque el Ejecutivo lo podrá destituir por causas graves. Más bien surgen nuevas preguntas y la iniciativa no las responde ¿Algo de esto importará a los que aquí vivimos? ¿En algo mejorará nuestra calidad de vida? ¿Habrá mayor poder para exigir un mejor ejercicio de gobierno? ¿Nuestra participación en las decisiones crecerá? No, no, no y no.

La otra ventaja que quiere venderse es que ahora las delegaciones se transformarán en alcaldías con concejales plurales capaces de introducir contrapesos a quienes resulten ser alcaldes. No es así. La transformación de delegaciones en alcaldías no garantiza nada. Basta voltear a los estados de la República en los que todos los días vemos a los presidentes municipales abusar de su poder, endeudarse y voltear con el gobernador cuando ya no pueden con sus obligaciones: cobrar el predial, recoger la basura, proveer alumbrado público y controlar las policías municipales. Otra vez. La reforma no democratiza el poder, pero sí aumenta los cargos a repartir y hace más costoso al gobierno local. Multiplique usted 16 delegaciones —aunque la reforma admite la posibilidad de incrementar su número— por al menos diez concejales por cada una: un mínimo de 160 nuevos puestos con sus correspondientes recursos para operar.

Se podrá decir que hay que esperar a que se formule la nueva Constitución, pero la conformación de la misma no promete mucho. Los 100 constituyentes encargados de redactarla serán 14 diputados y 14 senadores en funciones, seis representantes del Ejecutivo federal y seis del Gobierno del DF (¿por qué?) más 60 ciudadanos que se postulen. De entrada, quedó plasmado el miedo a las candidaturas sin partido. Se les restringe al exigirles no haber estado afiliados a los partidos con fecha de corte a marzo de 2016 ni haber participado como precandidatos o candidatos a cargo de elección popular postulados por algún partido político o coalición en las elecciones federales o locales inmediatamente anteriores a la elección de la Asamblea Constituyente. Además, no habrá un recuadro en la boleta con su nombre sino uno vacío en el que se podrá escribir el mismo por parte del votante. O sea, serán los partidos los que, con sus consabidas cuotas de poder, tendrán el control.

Corresponderá al jefe de Gobierno hacer la ponencia constitucional. Mala idea. Mancera es un gobernante cuestionado por la manera en la que ha ejercido el poder y, aunque formalmente no sea perredista, llegó con las siglas del PRD. Bien podrían haber, como se ha hecho en otros ejercicios, encargado la ponencia a expertos en constitucionalismo sin intereses partidistas.

Por lo pronto, no nos engañemos: lo que los legisladores nos venden como el acceso a la plena democracia para los capitalinos no se obtiene con su transformación en capital y sede de los Poderes de la Unión. Lo que se ha diseñado es una reforma a la medida de los intereses de los políticos, no de los ciudadanos.