¿Mayor gasto = mejor desempeño?
Lo que ya no resiste ningún análisis serio es que, para solucionar los problemas que más importan a los mexicanos, es necesario destinarles más recursos o que, para fortalecer a las instituciones, hay que darles más dinero. Aunque la ilusión de un presupuesto base cero se quedó en eso, en ilusión, podemos plantearnos otra quimera: llamar la atención a los diputados sobre su obligación de mirar qué tan efectivo ha sido el gasto en el pasado.
La medición puede ser por indicadores de gestión, de impacto o por objetivos planteados. Cualquier medida sirve si de ahorrar recursos o de gastar mejor se trata.
Discutida la Ley de Ingresos viene la pelea por cómo repartir el dinero. Los diputados lograron aumentar la cantidad de dinero para gastar en cerca de 17 mil millones de pesos con sólo ajustar el precio del dólar. Algo más que una pizcacha que se reservarán para las negociaciones políticas de última hora.
Según distintos cálculos, entre 90 y 95% del gasto está previamente comprometido o es inamovible. El restante 10 o 5% será una batalla campal al interior de la administración pública y entre los líderes, diputados y gobernadores de los diferentes partidos que quieren cuidar a sus clientelas mirando no sólo hacia las elecciones de 2016, sino a las de 2018.
Recortes habrá. No necesariamente los planteados por Hacienda cuando entregó el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero los habrá. Toca, nos dicen, apretarse el cinturón pero, ¿el cinturón de quién?
Ponemos a consideración del lector cuatro ejemplos de la efectividad del gasto en asuntos que o bien incumben a la población porque atañen a su bienestar o bien causan molestia porque la población considera que, en un análisis costo-beneficio, el costo es mucho mayor que el beneficio recibido.
Lo primero es el gasto destinado a combatir la pobreza. Del año 2000 a 2014, el gasto en “función de desarrollo social” se duplicó, pasando de 927 mil a dos mil 43 millones de pesos corrientes. En ese mismo lapso el porcentaje de personas en pobreza patrimonial se quedó en 53 por ciento. ¡No se movió!
Lo mismo o peor ocurre con el gasto federal en seguridad. En los últimos ocho años (2006-2014) el gasto programable en seguridad pública pasó, de aproximadamente 83 mil millones a 230 mil millones, esto es, un incremento de 177 por ciento. Los delitos denunciados, lejos de disminuir, aumentaron, pasando de más de 315 mil a 377 mil. Uno más. El presupuesto dedicado al combate a la corrupción. Si tomamos tan sólo tres de las instituciones dedicadas a prevenir, investigar y castigar la corrupción (Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR), encontramos que el presupuesto pasó de dos mil 255 millones en 2004 a tres mil 925 millones en 2014. Y, ¿qué es lo que pasó con el Índice de Percepción de la Corrupción? Pues que México mantiene prácticamente estable su calificación (35) y que pasa de la posición 64 al sitio 103 en el ranking mundial.
Finalmente vamos al gasto en algunos de los pilares de la democracia: las autoridades electorales, los partidos y los legisladores. La cosa no cambia. Si esperábamos que a mayor gasto mejor desempeño de estas instituciones y por tanto mayor credibilidad, confianza o satisfacción estamos equivocados.
El gasto en el Instituto Nacional Electoral ha crecido en 10 años (2004-2014) de 8,400 millones a 11,833 millones en 2014. El dinero destinado a los partidos políticos creció en el mismo lapso de mil 854 a tres mil 925 millones de pesos. Por su parte, el Congreso pasó, de costarnos poco más de cinco mil millones, a costar más de 12 mil millones.
A cambio de este gasto, que incluye solamente lo que eroga la Federación, ¿qué es lo que tenemos? Un 82% del electorado que confía poco o nada en los partidos, una ciudadanía que califica a sus legisladores con 5 y un INE con menos de la mitad de la población (42%), pensando que es un árbitro imparcial. En suma, una sociedad en la que sólo 19% de los mexicanos está satisfecho con su democracia y que coloca a México en el último lugar de América Latina (Latinobarómetro 2015). Tenemos todavía a 48% que piensa que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno. Es nuestra obligación cuidarla.
Ninguna de las actividades anteriores es prescindible y todas son obligación del Estado mexicano. No podemos quedarnos sin gasto social que alivie la pobreza, sin gasto en seguridad que luche contra la delincuencia, sin gasto que combata a la corrupción o sin gasto que sostenga a la democracia, pero mírese como se mire, parece justa la conclusión de que los recursos que se están destinando a estos rubros no están justificados por los resultados obtenidos.
Y esto es apenas una probadita que toca algunos de los grandes desperdicios. Por eso hay que pensar bien a dónde se mandará y cómo se gastará el mucho o poco dinero del que dispondrá el gobierno en 2016.
Twitter: @amparocasar