¿Abrir otro frente?

El método funciona porque los legisladores son representantes de la nación y su tarea principal es —al menos en teoría— recoger, articular y transformar en políticas públicas las demandas de los ciudadanos.

La SCJN juega otro papel y su integración debe responder a otros criterios y métodos. Ellos están estipulados en la Constitución. Se pueden mejorar pero no hay que inventarlos, solamente hay que respetarlos. Acompañada del Poder Judicial en su conjunto, la Corte desempeña dos tareas fundamentales: la protección del orden constitucional y la administración e impartición de justicia. México todavía no ha sido exitoso en la construcción de un poder judicial capaz de cumplir con el mandato constitucional de dar a los mexicanos una justicia pronta y expedita, pero no se le puede escatimar los logros en la construcción de una Corte cada vez más independiente, autónoma y activamente involucrada en la salvaguarda de las garantías, libertades y derechos de las personas, así como el resguardo de la independencia e integridad de los otros dos poderes.

Como lo manifestamos algunos académicos e integrantes de la sociedad civil, los nombramientos de los habitantes de esta casa siempre son importantes pero más lo son “cuando se atraviesa una coyuntura social y políticamente tan delicada como la mexicana”. Una coyuntura marcada por la desconfianza en las instituciones de la democracia y las autoridades que las encabezan. Una coyuntura en la que es indispensable confirmar que la vía para resolver los conflictos es el derecho.

En unos días estarán vacantes las sillas de Jesús Silva Meza y Olga Sánchez Cordero. La pelota está en la cancha del Presidente, quien debe integrar las ternas de donde el Senado elegirá por dos tercios de sus miembros presentes a los dos nuevos magistrados. Historias palaciegas aparte, no se conocen los nombres de las personas que las integrarán. El Presidente tiene una gran oportunidad para honrar su palabra en materia del compromiso de su gobierno con los derechos humanos y la equidad de género;  también en su compromiso del Pacto por México que incluyó entre sus cinco apartados el de construir una “sociedad de derechos y libertades”. La SCJN tiene un papel central en esa construcción. Pero, sobre todo, tiene la gran oportunidad de decidir si quiere que nuestra Corte se parezca más a las de Uruguay, Costa Rica y Chile que ocupan los tres primeros lugares de América Latina en el ranking del indicador de Independencia Judicial del Foro Económico Mundial (2015) y los sitios 20, 30 y 31 en el mundo o, más bien, a la de Venezuela que está en el último lugar, no solo en el continente sino en el mundo (lugar 140). México está hoy en el séptimo lugar de AL. aunque a nivel global aparece en el nada honroso puesto número cien. Este índice se basa, fundamentalmente, en cuán autónomos son los jueces de la influencia del gobierno y las empresas. Con los próximos nombramientos, México puede ascender o descender en su independencia judicial. Del Presidente y del Senado dependerá lo que ocurra. No se pide gran cosa ni nada de vanguardia en comparación a lo que se encuentra en la tradición de los sistemas democráticos: “una Suprema Corte técnicamente capaz, institucionalmente sólida y políticamente independiente”. Si ese es el objetivo no debe extrañar la otra petición: proponer “aspirantes con una sólida trayectoria, una honorabilidad pública acreditada y una independencia política incuestionable”.

Trayectoria sólida entendida como el registro de los estudios y conocimientos, así como el camino recorrido o experiencia y logros obtenidos dentro de un cierto ámbito profesional. Honorabilidad pública, entendida como aquella cualidad moral que se manifiesta en el cumplimiento de los deberes o, al menos, de la “ausencia de condenas, señalamientos, denuncias u objeciones creíbles”.

Independencia entendida como la capacidad de cada  persona para no someterse a la tutela o dominio de un superior. Dicho de manera más sencilla: como la tenencia de libertad respecto a un partido, a un individuo (en este caso el Presidente) o a un grupo de interés o corporación. 

México tiene muchos frentes abiertos. Buena parte de ellos tiene que ver con la violación de los derechos fundamentales, la corrupción y la impunidad. No vale la pena abrir otro más, precisamente en el campo del Estado de derecho, que ya de por sí es, en nuestro país, un campo minado. Lo que vale la pena es apostarle al fortalecimiento y credibilidad de las instituciones que tan ayunas están de ella.