A quién le toca qué

La última respuesta fue la del jefe de Gobierno ante la lamentable situación de corrupción que vive la colonia Condesa y los señalamientos de extorsiones de parte de funcionarios y del derecho de piso cobrado por el crimen organizado.

Idealmente, cada víctima de un delito debería denunciarlo. No lo hacemos no porque seamos malos ciudadanos sino por una de dos: o es inútil o nos da miedo.

Si, como cualquier otro delito, el de la corrupción queda impune en más de 98% de los casos, no vale la pena denunciar. Trámites infinitos, malos tratos y nulos resultados son todos disuasivos para alimentar la cultura de la denuncia. Peor es cuando no denunciamos por miedo. Regreso al caso de la Condesa y el propietario del bar que se negó a pagar el derecho de piso, que denunció y que fue asesinado el pasado 28 de junio.

La extorsión por parte del crimen organizado es muy grave pero, si cabe, más grave aún es la extorsión a que son sometidos los restauranteros, los dueños de diversos establecimientos mercantiles que van desde misceláneas hasta tlapalerías e incluso de muchos pequeños desarrolladores inmobiliarios de esta ciudad. Y digo más grave porque esta extorsión es perpetrada por los funcionarios públicos que deberían combatirla y que nos piden denunciarla. Y no es asunto de corrupción de las delegaciones. Lo es también del GDF, particularmente en lo que toca a usos de suelo y privilegios para los grandes desarrolladores.

En estos casos de extorsión por parte de las autoridades, quizá no corra peligro la integridad física de los denunciantes, pero sí la integridad patrimonial, que también es tarea del Estado proteger. No se denuncia formalmente a los funcionarios porque temen que les clausuren el restaurante, que les cierren el changarro o que les impidan construir el edificio. Temen quedarse sin su fuente de ingreso.

En no pocas ocasiones se me han acercado restauranteros con la queja de que deben pagar una cuota mensual para que los dejen operar. La amenaza es la clausura utilizando cualquier pretexto: una gotera, un extinguidor mal colocado o, también, la falta de un (literalmente uno) cajón de estacionamiento. Según he podido investigar, las “cuotas mensuales” van de ocho mil a 30 mil en la zona de Polanco. El cumplimiento de lo que marca la ley, así como la cuota a pagar, son discrecionales. De acuerdo al sapo es la pedrada. Los funcionarios son incluso proactivos. Te ofrecen mandarte un coyote que te arregle los trámites o te consiga una cita (también se venden las citas) con el de Obras o te cambie el giro de un establecimiento.

Lo mismo ocurre con la Voz de Polanco. A esta asociación se le acercan los vecinos para dar cuenta de la demolición de una casa catalogada y la constitución de un polígono de actuación para elevar niveles de construcción (yo misma presenté una acción pública en contra de mi delegación y el GDF en la administración pasada, caso que, obviamente, perdí en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, ante el poder del dinero), de la tala de árboles o de la instalación de oficinas en un predio de uso habitacional.

Junto a esta extorsión hormiga y no tan hormiga convive el otro tipo de corrupción. Al restaurantero o desarrollador poderoso que lo eximieron, no de uno sino de la totalidad de los cajones de estacionamiento, no de un extinguidor mal colocado sino de la inexistencia de una salida de emergencia en un antro, no de una gotera sino de la falta de agua para miles de viviendas. Aquella en la que, “gustosamente”, participan el funcionario y el privado a sabiendas de que van a incurrir en una ilegalidad, pues no hay uso de suelo, se le van a dispensar las áreas verdes o se le va a exceptuar de las vialidades necesarias.

Por frustración o por temor, el único recurso que queda son los medios o los amigos que ahí trabajan. En las páginas de El Universal, Héctor de Mauleón ha dado cuenta de la inaudita corrupción en el DF y sus delegaciones. Lo mismo ha hecho Carlos Puig en Milenio, Sergio Aguayo en Reforma y la que esto escribe en Excélsior. También se hace en la prensa extranjera. En El País, José Luis Beato, directivo de la Coparmex, ha señalado la corrupción de que son objeto o de la cual son partícipes los empresarios capitalinos. En su caso, también la respuesta fue: “Si sabe algo, que lo denuncie”. Lo hizo. El resultado: ninguno.

Sí. Sin ciudadanos que denuncien, la lucha contra la corrupción no va a prosperar. Pero sin autoridades que protejan la vida y el patrimonio de los ciudadanos que se atreven a denunciar, tampoco. ¿Por dónde empezamos?

    Twitter: @amparocasar