Neta, ¿hace falta?

Hay muchas interrogantes y no hay debate que las enfrente debidamente. El tema volverá a la mesa en la siguiente Legislatura, así que vale la pena ir haciéndose algunas preguntas. ¿Se necesita una Constitución para el DF o con la modificación del Estatuto de Gobierno basta?; ¿es cierto que nos va a hacer a los capitalinos ciudadanos de primera?; ¿la propuesta de asamblea constituyente es sensata?; ¿el contenido de la reforma mejora el pacto social, la relación entre gobernante y gobernados o la arquitectura institucional de la capital? A cada una de éstas contestaría que no.

La diferencia sustancial es que el jefe de Gobierno nombraría y removería libremente al procurador y al secretario de Seguridad Pública, y que la Asamblea Legislativa sería parte del poder reformador de la Constitución. Ambos cambios son viables con la mera reforma al Estatuto de Gobierno. Ser ciudadanos de primera no pasa por tener una constitución en la que no habrá más derechos que los que ya otorga la Constitución general o el Estatuto; no significa mayores instrumentos para hacerlos valer; no significa mejores servicios ni mayores posibilidades de llamar a cuentas a los gobernantes. En todo caso, y si se quiere seguir usando la misma terminología, los capitalinos son “más de primera” que los habitantes de muchos otros estados: mejor infraestructura, más opciones culturales, mayores cauces de denuncia, mejores servicios…

El modelo de asamblea constituyente por el que se quiso optar no recibió más que críticas. Aun de parte de los senadores que, inexplicablemente después de objetarlo, lo votaron a favor. Modelos hay muchos, pero la combinación de que la “ponencia constitucional” la haga el gobernante local en funciones (y que seguirá siéndolo después de la promulgación), que haya 28 designados del Congreso del que nos queremos independizar y que el jefe de Gobierno y el Presidente se reserven la propiedad de seis constituyentes cada uno suena “heterodoxo”.

En Francia (1958) fue el ministro de justicia Michel Debré el encargado de escribir la iniciativa del nuevo texto; en España (1978) la Comisión de Asuntos Constitucionales, conformada por siete diputados; en Venezuela (1999) se aceptaron iniciativas de los asambleístas y sectores de la sociedad civil; en Hungría (2011) la iniciativa fue redactada por un comité parlamentario compuesto por representantes de los cinco partidos políticos; en Ucrania (1994) una comisión del Parlamento en funciones presentó dos iniciativas, una de  ellas fue revisada por un grupo de expertos en derecho constitucional y después aprobada por un nuevo Parlamento electo democráticamente. Casi todas fueron sometidas a referéndum.

Aquí vale la pena revisar el caso de Durango, donde participaron en la elaboración de las iniciativas de nueva Constitución, los tres Poderes, los ciudadanos a través de foros, consultas y propuestas, además de algunos especialistas de renombre. En ese caso, correspondió al pleno del Congreso Local su aprobación

Que no le quepa duda, las constituciones sirven para tres cosas: establecer derechos, distribuir el poder y normar la relación entre gobernantes y gobernados. Eso es lo que hace el Estatuto de Gobierno actual. Que no le quepa duda: es más fácil hacer una constitución que gobernar de acuerdo a sus principios y más fácil llenarla de derechos y buenos propósitos que hacerlos valer. Que no le quepa duda: quienes hacen las constituciones son los que más beneficios se asignan. Ya nos dieron una probadita de que lo que quieren es beneficiarse políticamente: 60 constituyentes por votación en una sola circunscripción, o sea: una lista que determinarán los partidos y 40 designados también por ellos, pero a dedazo limpio. Para esa sola tarea se van a gastar más de 300 millones de pesos. Pero lo peor viene después: una estructura administrativa permanente que requerirá, al menos, el pago de salarios de entre 10 y 15 concejales por 16 (o 20) delegaciones, que tendrán las mismas tareas que hasta ahora.

Entre sus prisas, sus ambiciones y sus intercambios políticos inconfesables, ni el Presidente ni el jefe de Gobierno ni los senadores fueron cuidadosos. No dijeron para qué hace falta una nueva Constitución. Quizá porque no podían. Porque, en realidad, no hace falta; porque la reforma planteada no nos vuelve ciudadanos de primera, porque no se propone una nueva distribución de los poderes ni una nueva relación gobernantes/gobernados. Entonces, ¿para qué?

Que sirva este compás de espera para que en la próxima Legislatura se atrevan a debatir sin prejuicios o, incluso, a reconsiderar si hace falta una constitución para el DF. Echarse para atrás puede tener más beneficios que costos.