La injusticia de exigir justicia
Vale preguntarsesi Marcelo Ebrard estaría en la picota si no hubiese claros indicios de conflicto de interés, malversación de fondos, fraude, negligencia y omisión. Si Murat hubiera aparecido en la investigación del New York Times sin la compra de propiedades a través de prestanombres o empresas fantasma.
Suena extraño, pero en México es una injusticia pedir que se haga justicia. En este país todo funcionario público de ciertos vuelos a quien se descubre cometiendo un delito pasa de ser presunto delincuente a ser víctima de la persecución política. Si llega a ser procesado y castigado, pasa de ser reo común a ser preso político.
Los políticos acorralados por la exhibición de presuntos delitos reaccionan de acuerdo a un libreto que ha probado una y otra vez su eficacia. Las líneas más socorridas del guión son: quieren hacer de mí un chivo expiatorio, se trata de una venganza política, buscan descarrilar mi carrera política, mi adversario ha hecho cosas peores y no lo han tocado. Todas ellas se reducen a la ya muy manida, pero todavía efectiva y mágica idea de la politización de la justicia, cuyo efecto neto es preservar la impunidad del poder político. Su modus operandi es elemental. Cuando se exhibe la presunta conducta delictiva el inculpado se defiende diciendo que está siendo víctima de la politización de la justicia. Al hacerlo cambia el foco de atención del delito mismo a la intencionalidad del acusador. No se sabe bien por qué, pero la intención del acusador actúa como una suerte de exculpación del delito y pavimenta el camino a la impunidad.
Cambiado el foco de atención, se recurre a una segunda muletilla: el de junto, o sea, mi adversario, es todavía más pillo y nunca ha sido sometido a la justicia, luego entonces está claro que se me quiere castigar de manera injusta. La acusación del otro actúa como una suerte de descargo al crimen que yo cometí. Una vez que se acredita —en público o en privado— que el adversario ha incurrido en más y peores crímenes que yo, se transita a la negociación. Tu impunidad por la mía. Cierra el círculo de la impunidad política la repetición de la conducta delictiva gracias a los grandes dividendos que produce y la baja probabilidad de ser castigada.
Este proceder lo vemos todos los días. Ebrard dice que las denuncias de corrupción en la Línea 12 son una represalia porque alguien discurrió que había sido él quien filtró el escándalo de la casita blanca o porque Mancera quiere destruirlo. José Murat dice que las acusaciones sobre la propiedad de bienes raíces en Estados Unidos son una venganza por su papel en la negociación del Pacto por México o porque su hijo va en caballo de hacienda hacia la gubernatura de Oaxaca y quieren descarrilarlo. El equipo de Peña Nieto dice que detrás de la revelación de los créditos otorgados por algunos de los principales contratistas del gobierno para la adquisición de las casas de la primera dama y del secretario de Hacienda están los afectados por las reformas estructurales.
A todos estos personajes les asiste la razón. Detrás de la exposición de estos escándalos están sus adversarios y enemigos. Pero vale preguntarse si Marcelo Ebrard estaría en la picota si no hubiesen claros indicios de conflicto de interés, malversación de fondos, fraude, negligencia y omisión. Si Murat hubiera aparecido en la investigación del New York Times sin la compra de propiedades a través de prestanombres o empresas fantasma. Si la adquisición de bienes inmuebles con créditos del señor Hinojosa hubiese dado de que hablar si éste no hubiese encabezado la lista de los contratistas consentidos de la Presidencia. Ninguno de estos casos constituye una invención. En todos es legítimo presumir la comisión de un delito.
Este tipo de politización de la justicia no es nuevo. Se ha utilizado en el pasado y se seguirá usando. Se usó cuando López Obrador desacató una orden judicial o cuando se denunció el caso Monex. Se está usando ahora mismo cuando el PRI solicita a la Auditoría Superior de la Federación que investigue a Grupo Tradeco, que fue beneficiario durante los sexenios de Fox y Calderón con contratos por más de 20 mil millones de pesos y cuyas obras presentan múltiples irregularidades.
Lo que se pide no es que se condene de antemano a estos personajes sino solamente que se les abra una investigación y se siga el debido proceso. Es precisamente esto lo que en la justicia mexicana casi nunca ocurre. No ha ocurrido con las acusaciones a una treintena de gobernadores en las dos últimas décadas; con las denuncias a los delegados que han lucrado con los permisos comerciales y los usos del suelo; con los legisladores que cobran su moche por asignar recursos a los municipios; con los secretarios que, usando artilugios seudolegales, recurren a las asignaciones directas en lugar de a las licitaciones.
Si no se quiere que el público se atenga a las versiones periodísticas, la salida está a la mano: que se abran las averiguaciones pertinentes para que se haga justicia en el circuito judicial y no en el mediático.
La verdadera politización de la justicia no está en la exhibición de los presuntos culpables sino en el encubrimiento sistemático de los delitos, en la decisión de no perseguirlos ni castigarlos y, sobre todo, en la práctica de emparejar los expedientes delictivos para negociar la impunidad.
*Investigador del CIDE
Twitter: @amparocasar