Estirar la mano
Sabedores de que el 90% de sus ingresos proviene de recursos que les entrega la Federación, senadores y gobernadores están inconformes con la merma de las partidas de dinero que les tocan a los estados. Pero se rehúsan a asumir su responsabilidad y a ser parte de la solución
Senadores y gobernadores andan entre preocupados y enojados por los recortes que sufrirán las finanzas públicas estatales y municipales en el 2015. Sus arcas llevan años creciendo a costa de la Federación sin que ellos tengan que hacer mucho más que estirar la mano. Su preocupación y enojo se debe a que no quieren (y a que no se les ha obligado) a asumir la muy impopular responsabilidad de cobrar impuestos, porque saben que lo que atrae votos y popularidad es gastar pero no cobrar.
Desde hace más de una década, los ingresos que se transfieren a los estados han crecido de manera sostenida sin que, a cambio de ello, se les pida algo: ni un mayor esfuerzo fiscal, ni una mayor planeación y racionalidad en el gasto, ni reducción en la discrecionalidad en su asignación, ni niveles de endeudamiento manejables, ni más transparencia y rendición de cuentas.
Los gobernadores y legisladores piden más para sus estados y la federación no hace más que acceder. ¿Por qué? Nadie sabe. ¿Para qué? Nadie sabe. ¿A cambio de qué? Nadie sabe. Lo único que sí se sabe es que, en los últimos 15 años, las aportaciones (dinero etiquetado) han crecido 114% y las participaciones (dinero no etiquetado) 121%. Si el dinero sirviera para mejorar el bienestar de la gente vaya y pase; pero un solo dato es revelador de lo que ocurre en los estados: en 2014, el 84% de las participaciones se dedicó al pago de la deuda subnacional, 486, 949,340 millones de pesos. Otro ejemplo: Sedesol reconoce que varios gobiernos locales no han comprobado el gasto de más de 7 mil millones de pesos entregados a cuenta de los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de Infraestructura Social Estatal.
En contraste con el aumento de recursos a los estados destaca la indolencia de sus gobiernos en el cobro de impuestos. En su último informe el IMCO reporta que, en estos mismos años, el promedio de la recaudación fiscal estatal disminuyó de 32% a 10% y el cobro del predial sólo alcanzó el 0.13% del PIB. Penúltimo lugar de América Latina.
Sabedores de que el 90% de sus ingresos proviene de recursos que les entrega la Federación, senadores y gobernadores están inconformes con la merma de las partidas de dinero que le toca a los estados. Pero se rehúsan a asumir su responsabilidad y a ser parte de la solución. Le echan la culpa al gobierno federal y quieren que la respuesta venga de esa misma autoridad.
En un boletín de prensa del 21 de enero pasado, el senador Mario Delgado habla del manejo irresponsable de las finanzas públicas y de cómo éste pone en riesgo las finanzas públicas de los estados. Dice, con razón, que la baja en el precio del petróleo de 79 dólares por barril a menos de 40 resultará en un boquete de entre 70 y 80 mil millones de pesos para los estados, y que los recursos derivados de la Recaudación Federal Participable (RFP) —bolsa de donde se toman recursos para enviar a los estados— no están garantizados con las coberturas petroleras adquiridas por el gobierno federal el año pasado.
Ante la disminución de los recursos que serán destinados a las entidades federativas y la insuficiencia del El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas –una bolsa de rescate para los estados— el legislador reclama que el gobierno federal no haya adoptado medidas de austeridad, como el recorte de gasto corriente, sueldos y privilegios a funcionarios públicos de mandos superiores; a comunicación social, gastos administrativos en convenciones, foros, ferias y demás consumiciones que no son necesarias para la operación; y erogaciones excesivas como seguros de gastos médicos, pasajes y viáticos. Además, exige un plan programado en el que el recorte no afecte ni el gasto social ni las inversiones en infraestructura, ni tampoco el presupuesto en las entidades federativas.
La postura del senador Mario Delgado refleja bien la de la mayoría de los senadores y de los gobernadores. Para ellos el problema no es de los estados sino de la federación. En ninguna parte del boletín de prensa, en ningún discurso de los gobernadores y en ninguna propuesta legislativa se asigna responsabilidad alguna a los estados.
Los estados ni quieren ni van a practicar lo mismo que le reclaman a la Federación: un apretón de cinturón en sus sueldos, en sus gastos de comunicación o en sus seguros médicos. Mucho menos están dispuestos a cobrar más impuestos o a optimizar la recaudación de los que ya cobran. Tampoco se ha escuchado su disposición a transparentar los gastos estatales, a disminuir la discrecionalidad o a empujar la iniciativa de ley para poner candados y topes al endeudamiento. Todo esto es exigible a la Federación pero permisible a los gobiernos estatales y municipales. Eso sí: no paran de hablar de que este gobierno es centralista, que invade las facultades de las entidades federativas y que les resta soberanía. ¡Pretextos! Lo que quieren son los derechos propios del federalismo sin las responsabilidades que trae aparejadas.
Bien haría el gobierno federal, aprovechando esta coyuntura de obligada reducción en el gasto, apretándole la tuerca fiscal a los estados.
*Investigador del CIDE
Twitter: @amparocasar