A favor del voto
¿De verdad se piensa que hay un mundo posible en el que se anule la elección presidencial por un rebase de 5% en el tope de campaña? En realidad tiene toda la razón el diputado del verde Enrique Aubry que, con gran cinismo, dijo: “¿Por qué los demás partidos no lo hacen?, por burros, por ignorantes”...
Complicadas prometen ser las elecciones de 2015. Muchas son las novedades. Algunas buenas como la promesa de fiscalización en línea y casi en tiempo real de los recursos públicos. Otras muy cuestionables como el abuso de tiempo en los medios de comunicación electrónicos que se asignaron los partidos. En los próximos cinco meses nos recetarán la friolera de 15 millones de spots. Otras tienen serias lagunas normativas como las candidaturas independientes. La mayoría de las novedades son inciertas en sus consecuencias: la casilla única o la posibilidad de atracción por parte del INE de los procesos locales. Algunas más simplemente inverosímiles como la nulidad de la elección presidencial en caso del rebase del tope de campaña. Si el Tribunal Electoral ordenó una simple amonestación pública al PVEM por el inusitado despliegue de publicidad (más de 220 mil spots) so pretexto de informar a los electores sobre sus actividades legislativas, ¿de verdad se piensa que hay un mundo posible en el que se anule la elección presidencial por un rebase de 5% en el tope de campaña? En realidad tiene toda la razón el diputado del verde Enrique Aubry que, con gran cinismo, dijo: “¿Por qué los demás partidos no lo hacen?, por burros, por ignorantes”. Sí, ignorantes de que saldrán impunes.
Habrá más particularidades. Será la elección con mayor número de electores registrados (casi 81 millones), la primera con paridad de género, con candidaturas independientes y con un umbral de 3% para obtener el registro. Serán también las más asediadas por la sombra del crimen organizado. Algunos reportes calculan que hasta 13% de las secciones carecen de garantías razonables de seguridad para ejercer el voto libremente. Finalmente también serán la mas vergonzosamente caras. El presupuesto de todas las autoridades electorales federales más los recursos que el INE otorgará a los partidos suma más de 18 mil 500 millones de pesos. Tomando en cuenta los mismos rubros, las elecciones intermedias de 2009 costaron alrededor de 12 mil millones. Un incremento de 54 por ciento.
Entre todas estas novedades persiste una constante: la tendencia a la baja en el apoyo al régimen democrático y en la satisfacción de su funcionamiento. Las elecciones de 2015 se juegan en medio de una crisis de legitimidad del gobierno, el Congreso y los partidos. Según todas las encuestas nacionales, las tres instituciones tienen calificaciones reprobatorias. Según Latinobarómetro, en 2002 63% de los mexicanos decía preferir la democracia a cualquier otra forma de gobierno. Hoy solamente 37% lo prefiere y únicamente 21% dice estar satisfecho.
Los partidos, encarnados en los gobiernos e instituciones que encabezan, son los responsables. Su alejamiento de las demandas ciudadanas y el ejercicio abusivo y corrupto del poder de todos por igual nos han dejado sin opción partidaria. No en balde cada vez es mayor el número de ciudadanos que no se identifica con algún partido.
Ante la crisis de representación surgen voces de diversas filiaciones e intereses que llaman a la protesta por la vía electoral. El menú es amplio. Incluye acciones constitutivas de delito como impedir la instalación de casillas o que los electores depositen su voto, y otras válidas como la abstención, el voto nulo o la destrucción de la boleta electoral.
La motivación detrás de estas últimas formas de protesta, en particular la del voto nulo, es dejar patente a los partidos el enojo, la insatisfacción o incluso el repudio. Es, como argumenta J. A. Crespo desde 2009, escatimar legitimidad a los partidos para orillarlos a “restaurarla a través de cambios importantes en la legislación y quizá hasta en su comportamiento político”.
No parece una buena idea. El descrédito les importa un comino y una nueva legislación difícilmente solucionará la crisis de legitimidad. Es cierto que todos los partidos, salvo el Humanista y Encuentro Social, han tenido parcelas de poder en sus manos y que ninguno se salva del ejercicio corrupto del poder. Pero también lo es que sus agendas son distintas y, sobre todo, que con mayor o menor participación en 2015 serán los muchos o los pocos votos los que decidirán quién llega al poder.
Si queremos que los partidos cambien, que ejerzan sus cargos con un mínimo de ética pública, que dejen de robarse los impuestos otorgando asignaciones de obra pública a sus cuates y cobrando moches a través de comisiones en efectivo o de Grand Cherokees, la vía es otra. Seguir trabajando para avanzar en la ampliación y respeto de los derechos humanos, en un gasto dirigido a promover el crecimiento y reducir la desigualdad, en la rendición de cuentas, en el combate a la impunidad, en un mayor acceso a la justicia.
En las elecciones de 2005 sólo 25% de los venezolanos fue a votar. Con esa escasísima participación, los chavistas se hicieron de la totalidad del Congreso y los diputados gobernaron a sus anchas. Bueno, a las anchas de Hugo Chávez, quien no tuvo impedimento para reformar la Constitución y arrogarse poderes extraordinarios.
*Investigador del CIDE
Twitter: @amparocasar